Al momento, el IRS encabeza una pesquisa por evasión de impuestos a unos 100 recipientes de los decretos ortorgados por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC)
Por EFE – San Juan – Un grupo de 40 organizaciones puertorriqueñas y de la diáspora urgieron este miércoles al Congreso de Estados Unidos a investigar a los beneficiarios de la controvertida Ley 60 (antigua Ley 22), que ofrece una exención fiscal a ciertos inversores que residen en la isla.
La sociedad civil de la isla denuncia que estas personas no están contribuyendo a la economía local y que su alto nivel adquisitivo ha provocado un aumento de los precios de la vivienda, entre otros.
En una carta, liderada por el Centro para la Democracia Popular (CPD), las organizaciones solicitan al Gobierno federal que atienda al fin su responsabilidad de fiscalizar a aquellos beneficiarios estadounidenses que estén evadiendo impuestos federales y/o estatales.
“El Congreso y el Gobierno federal deben actuar acorde a su responsabilidad de ejecutar las leyes y fiscalizar el incumplimiento de las mismas. De esta forma, es imperativo que se atiendan las interrogantes y la falta de transparencia que hay con respecto a la Ley 22 y su impacto“, indicó Julio López Varona, codirector de campañas de CPD.
“Si una persona está aprovechándose de estos decretos y no reside en Puerto Rico, esa persona no solo evade contribuciones en Puerto Rico, sino también evade contribuciones federales y estatales” agregó López Varona.
La carta es la acción más reciente de la campaña “Not Your Tax Haven”/”PRNoSeVende”, la cual denuncia la falta de transparencia gubernamental, el impacto económico y el desplazamiento de comunidades locales resultados de esta ley.
Aunque la campaña está enfocada principalmente en esfuerzos locales, también busca concienciar sobre el tema en EE.UU. y propiciar acciones específicas como una robusta fiscalización de los beneficiarios por parte del Servicio de Rentas Internas (IRS).
Las investigaciones del IRS a beneficiarios de Ley 22 en Puerto Rico
En 2021, el IRS anunció una auditoría contra los beneficiarios de la Ley 22, centrada en los contribuyentes estadounidenses que pueden haber reclamado la exención contributiva sin cumplir con los requisitos de residencia.
Como resultado, estas personas pueden estar excluyendo ingresos sujetos a impuestos estadounidenses o no presentar ni declarar ingresos sujetos a impuestos estadounidenses.
“Ciertamente, es crucial que se derogue la Ley 22. Pero debemos ser consistentes, eso es una ley local y corresponde al Gobierno de Puerto Rico la responsabilidad de informar, publicar, enmendar y derogar. No podemos pretender atajar las consecuencias del colonialismo con más colonialismo”, dijo López Varona.
