El alto tribunal considera que sus actos durante el asalto al Capitolio encajan en la definición de “insurrección” y lo invalidan, en virtud de la decimocuarta enmienda, para aspirar a la Casa Blanca
En una decisión bomba sin precedentes que podría alterar el futuro político de Estados Unidos, el Tribunal Supremo de Colorado decidió este martes que no permitirá a Donald Trump presentarse a las primarias presidenciales en ese Estado del Oeste del país. La reñida resolución, que salió adelante con cuatro votos a favor y tres en contra, da por buena la teoría jurídica que considera que la participación del entonces presidente republicano en los hechos que condujeron al ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, que califican de “insurrección”, son suficientes, en virtud de la decimocuarta enmienda, para desautorizarlo como candidato.
La decisión admite recurso ante el Supremo de Washington, que cuenta con una supermayoría conservadora de seis contra tres, inédita desde los años treinta. Tres de sus magistrados fueron además nombrados durante la única legislatura de Trump en la Casa Blanca. No está, con todo, garantizado que lo estudien: también pueden decidir que no les compete ocuparse del asunto.
Inmediatamente después de conocerse la decisión judicial, la campaña del republicano anunció que buscaría “enérgicamente” justicia ante el alto tribunal federal. De momento, la decisión de Colorado concede una moratoria a los abogados del magnate para que puedan apelar hasta el 4 de enero.
La Constitución estadounidense no prohíbe ser presidente a un investigado por un delito federal; tampoco aspirar a ello, aunque, como es el caso, se enfrente a 94 cargos en cuatro causas distintas, por su presunta implicación en el ataque al Capitolio, por delitos electorales y por su manejo de papeles clasificados en su residencia privada de Mar-a-Lago. Ni siquiera existe esa salvedad en el texto fundamental si este acaba en la cárcel.
Pero la decimocuarta enmienda sí aporta una excepción en su parte tercera. Es la “cláusula de descalificación”, y dice: “Ninguna persona podrá ser […] presidente […] si, habiendo prestado previamente juramento de apoyo a la Constitución de Estados Unidos, ha participado en una insurrección o rebelión contra la misma, o dado ayuda o consuelo a sus enemigos”. El texto también advierte que el Congreso puede levantar ese veto si reúne una mayoría de dos tercios.
