La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Cabo Rojo. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que en el 2020 el Municipio pagó $17,625 al exalcalde por los excesos acumulados de licencia por vacaciones en el 2015 y 2016. La ley vigente dispone que los excesos de días acumulados, de no utilizarse, quedan sin efecto al 30 de junio del siguiente año natural. Esta situación se remitió al secretario de Justicia el 8 de mayo de 2023 para que tome las acciones correspondientes.
La auditoría de cinco hallazgos señala que el Municipio contrató servicios profesionales de tasación de propiedades con contratistas sin la licencia requerida por ley. El Municipio no verificó que el presidente de la corporación y la persona subcontratada, contaran con la licencia de evaluador profesional de bienes raíces de Puerto Rico. Esta situación se remitió el 8 de mayo de 2023, a la consideración del presidente de la Junta Examinadora de Evaluadores Profesionales de Bienes Raíces y al secretario de Justicia.
Por otro lado, el Municipio no notificó al Centro de Recaudaciones de Impuestos Municipales, sus gestiones de cobro de contribuciones sobre la propiedad, y tasaciones de propiedades residenciales. Esta situación requerida por reglamentación, evita la duplicidad de esfuerzos de ambas entidades.
El Informe devela que el Municipio no cuenta con un plan de operaciones para la administración del vertedero municipal aprobado por la Junta de Calidad Ambiental, y no le requirió al contratista, un plan de emergencias y procedimientos de salud y seguridad, y tampoco una póliza de responsabilidad pública como disponía el contrato. De hecho, el Municipio rescindió el contrato con el operador en diciembre de 2021, tras la admisión de culpabilidad del presidente de la compañía por actos delictivos bajo los estatutos federales.
Los auditores hallaron que el Municipio no retuvo $57,723 por concepto de retención del servicio prestado por dos compañías de responsabilidad limitada foránea–no estadounidense con fines de lucro, ni de la compañía que administraba el vertedero. Esta situación contraria al Código de Rentas Internas de Puerto Rico, puede conllevar la imposición de multas al Municipio.
El Municipio no realizó las investigaciones administrativas de 28 de los 34 accidentes con 32 vehículos municipales que sucedieron del 2018 al 2021. La falta de información detallada sobre los accidentes no permite fijar responsabilidades a los empleados o funcionarios negligentes, y propicia que ocurran situaciones similares. Además, estos accidentes no se notificaron a la Oficina del Contralor de Puerto Rico como dispone el Reglamento 41, Notificación de Pérdidas o Irregularidades en el Manejo de Fondos o Bienes Públicos.
El Informe comenta que en el 2021 el Municipio pago $149,431 a dos compañías para el desarrollo de un proyecto de ciudad inteligente y plataformas digitales como la aplicación Cabo Rojo City on Premise. Este desembolso no tuvo utilidad alguna, ya que el alcalde canceló los contratos por la situación económica deficitaria del Municipio.
Además, el Municipio recobró $78,355 de la compañía que operaba el vertedero municipal por concepto de patentes municipales del 2017, uso de servicios y del 20% establecido por contrato de los ingresos no reportados por la compañía del 2017 al 2021.
La auditoría le recomienda a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el Municipio de Cabo Rojo cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor.
Este primer informe de Cabo Rojo cubre el periodo del 1 de diciembre de 2018 al 31 de julio de 2021, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
CONTACTO: Lisandra Rivera Rivera, Directora
Oficina de Prensa y Comunicaciones
(787) 250-3322
