Nueva York – Al tiempo que defendió el desempeño de Ana Escobar Pabón, secretaria del Departamento de Corrección de Puerto Rico (DCR), el gobernador Pedro Pierluisi, aseguró que su Administración investiga a fondo el caso del feminicidio de Ivette Joan Meléndez Vega a manos de Hermes Ávila Vázquez, quien cumplía cadena perpetua por el asesinato de otra mujer reportado en el 2005.
“Esa secretaria ha hecho una labor ejemplar. Ahora tenemos esa situación de ese caso que ya arrancó esa investigación. Se está investigando a saciedad; se están requiriendo los documentos necesarios para entonces determinar quién falló…Aquí hubo evaluaciones médicas, pues hay que evaluar si se llevaron a cabo correctamente. Hay que evaluar si cualquier funcionario de ese departamento no actuó correctamente, todo eso está bajo evaluación administrativa. El resultado de esa investigación va a llegar a manos del Departamento de Justicia”, sostuvo Pierluisi este jueves.
A insistencias de la prensa sobre la responsabilidad de Corrección en el caso al dejar en libertad a un convicto peligroso, Pierluisi respondió: “Eso es lo que se está investigando”.
El gobernador insistió que se repartirán responsabilidades a medida que avancen las indagatorias.
“Hay una investigación que la dirige y la supervisa la secretaria, y va a terminar el asunto cuando termine la investigación en manos del Departamento de Justicia. Aquí todo se investiga y se refiere donde se tiene que referir”, planteó.
Meléndez Vega, de 56 años, fue asesinada el domingo 21 de abril, a eso de las 4:29 a.m., en la carretera PR-686, cerca de la playa Los Tubos, en Manatí, según reportó la Policía de Puerto Rico.
El cuerpo de la víctima, que procreó dos hijos, presentaba heridas en el cuello y la cabeza que le habrían provocado la muerte instantánea.
El sospechoso, presuntamente, interceptó a Meléndez Vega luego de salir de un negocio en Vega Baja.
El imputado enfrenta cuatro cargos de feminicidio, portación y uso de arma blanca, destrucción de prueba y apropiación ilegal de un vehículo.
Al acusado se le impuso una fianza de $4 millones y fue reingresado a la cárcel.
El caso ha puesto en la mirilla al Departamento de Corrección, así como a la compañía privada Physician Correctional, que facilitó el proceso para que Ávila Vázquez quedara en libertad.
