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Puerto Rico Hoy viernes 2 de febrero de, 2018 – Gobierno

Desestimada demanda de Tatito Hernández por creación de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción

SAN JUAN – La jueza del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Lauracelis Roques Arroyo, desestimó el viernes, viernes, una demanda que presentó el representante del Partido Popular Democrático (PPD), Rafael “Tatito”Hernández luego que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares creara mediante orden ejecutiva, la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción (OCRR).

“En síntesis, debemos resolver si, conforme al expediente de este caso, procede la intervención de este Tribunal a los fines de concluir que la OCRR no es una división o parte de la AAPP sino una agencia y por ende determinar si es constitucional o no la referida Orden Ejecutiva”, lee la sentencia.

Rosselló Nevares creó esta Oficina, específicamente en el mes de octubre para centralizar así los trabajos de recuperación luego del paso del huracán María.

El legislador sostuvo en su demanda, contra el primer ejecutivo, que dicha Oficina no pertenecía como una división de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), lo que catalogó como una agencia de nueva creación. Hernández Montañez buscaba que esa movida del Ejecutivo se declarara inconstitucional.

Sin embargo, la jueza Roques Arroyo sostuvo en el escrito que el legislador “no pudo hilvanar argumentos válidos en derecho que sustenten que la OCPR es una agencia… Para que el Tribunal concediese tan delicado remedio, Hernández Montañez debió establecer mediante su memorando de derecho la necesidad y las razones claras, y no especulativas, que ameritan la intervención del tribunal en este asunto”.

51.8% de los empleados en Puerto Rico han sufrido alguna forma de acoso laboral

EL CAPITOLIO  – En la continuación el viernes, de las audiencias públicas de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara que preside el representante Ángel Peña Ramírez, trascendió que el 51.8 por ciento de los empleados en Puerto Rico han experimentado ahora o en el pasado año el acoso laboral.

Así lo expresó el director ejecutivo de “The Work Place Alliance”, Waldemar Serrano Burgos que, a su vez, agregó en declaraciones escritas que el 67.1 por ciento de los encuestados “han sido testigo de maltrato abusivo repetido, demostrando sin duda razonable que este mal si existe y que es peor de lo que pensábamos cuando estuvimos deponiendo en la última vista, ya que estimamos entonces que la cifra de acoso laboral era de un 45 por ciento”.

Durante la discusión de los Proyectos de la Cámara 243, 306 y 759, para crear la “Ley Especial Contra el Maltrato Emocional Laboral” (anti-bullying) y la “Ley para Prohibir y Prevenir el Acoso Laboral en Puerto Rico” (mobbing), así como fijar la política pública del gobierno respecto a estas modalidades, Serrano Burgos, reveló que las empresas que no atienden las denuncias gastan entre 180,000 a 500,000 dólares anuales por cada dos mil empleados. Costo que supera la implementación de cualquier ley al respecto.

Mientras que la doctora Jackeline Rosado, del Centro Integral de la Psicología, quien es Psicóloga Clínica, Escolar y Deportiva, especialista en Acoso Escolar y laboral, indicó que según un ‘Estudio  Exploratorio del Acoso Psicológico’ del año 2003, las mujeres son las más afectadas con un 61 por ciento de la data recopilada en comparación con los hombres.

“En cuanto al lugar en que trabajan las víctimas, se encontró que un 52 por ciento es en el sector público,  y el acoso moral proviene en un 55 por ciento de su supervisor jefe inmediato, 30 por ciento de otros supervisores, 23 por ciento de un grupo de trabajo y 20 por ciento de un compañero de trabajo”, expresó.

El secretario del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Carlos Saavedra Gutiérrez, planteó que los trabajadores de Puerto Rico actualmente cuentan con las herramientas jurídicas necesarias para vindicar sus derechos en cuanto a estas prácticas. Recomendó que se aclaren las medidas para que sean implementables por el Departamento. Igual posición asumió Alicia Lamboy Mombille, presidenta de “Voz de Acción de la Empresa Privada”.

A esos efectos, Peña Ramírez le dio un plazo de 15 días al secretario para que someta a la Comisión una definición clara de lo que es acoso laboral y le presente unas guías.  El representante señaló, que tras este esfuerzo tripartito, posteriormente la Comisión y la Asamblea Legislativa adoptarán lo que será la postura final para establecer este estatuto.

“Entendemos que un proyecto final tendría el aval unánime de las tres delegaciones de Cámara y Senado y que sostendría la necesidad apremiante representativa de que este es un asunto que hay que atender con prioridad y premura. Así que una vez tengamos esas definiciones, vamos a celebrar otras vistas  y vamos  estar sometiendo al pleno de la Cámara la versión final sobre este asunto”, expresó.

El Legislador enfatizó que cree en el justo balance de lo que son los intereses proteccionistas tanto a los trabajadores como a las empresas. No obstante, destacó que el acoso laboral es un problema latente en diferentes jurisdicciones  y es a nivel mundial. Además, mencionó que “Puerto Rico sería una de las jurisdicciones vanguardistas si aprobamos un proyecto  que atienda esta necesidad que es evidente. Es un asunto al que hay que darle un remedio legal laboral vanguardista”.

Mientras que el representante José “Quiquito” Meléndez Ortiz, autor de una de las propuestas, expuso que la política pública institucional del Gobierno se trabaja en la Asamblea Legislativa y “para nosotros es bien importante atender esta conducta. Las tres delegaciones están abordo y esto probablemente pasará por unanimidad tanto en la Cámara como en y en el Senado”.

De otra parte, la profesora Jeannette Sánchez, de la Organización ambiente Laboral Libre de Violencia, sugirió que se establezca un ente independiente tal como una Comisión de Asuntos del Trabajador para que atienda estos casos. “Se trata de víctimas en donde se requiere de un equipo especial y profesional y preparado para trabajar con esta problemática laboral, además de la confidencialidad y prevención de la revictimización”. Lo que “a su juicio”, redundará en ahorros significativos en las gestiones de proceso administrativos para la investigación de las querellas.

La doctora Waleska Torres Gutiérrez, autora del libro “Mobbing el Asesino Silencioso en el Ambiente del Trabajo”, igualmente expresó que no debe ser el Departamento del Trabajo quien esté facultado para atender estos casos.

Nueva plataforma para la mujer empresarial

EL CAPITOLIO  – Con el fin de brindar mayores herramientas a la mujer empresarial, la Comisión de Asuntos de la Mujer, que preside la representante Lourdes Ramos Rivera, inició el viernes, con el estudio de una medida que busca desarrollar una plataforma de capacitación para la gestión empresarial de la mujer.

El Proyecto de la Cámara 1202, de la autoría la representante Ramos Rivera, establece el programa Maletín Empresarial para la Mujer adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), donde se le brindarán las herramientas adecuadas para fomentar la apertura de su propio negocio. Además, establece que el DDEC tiene la encomienda de proveer un concepto integrado con las herramientas que serán guías durante el proceso de formación de su empresa.

Ramos Rivera, sostuvo en declaraciones escritas que, “con este programa vamos a lograr capacitar a la futura empresaria y que sea ella la prepare su plan de negocio, lo desarrolle y se lo aprueben. De esa forma, la mujer va estar más empoderada”.

A la audiencia pública compareció la licenciada Aimee M. Rendón Menéndez del (DDEC) quien apoyó la pieza legislativa por su gran aportación a la mujer puertorriqueña. “Como parte del programa, el DDEC ofrecerá una mentoría individualizada. Llevaría de la mano a la mujer empresarial, durante el proceso de la formación de su empresa, partiendo desde su idea de negocio hasta la creación y expansión con miras a la exportación de servicios”.

A preguntas de la presidenta de la Comisión sobre si el DDEC cuenta con fondos para el programa, la funcionara aclaró que el departamento cuenta con una gama de incentivos financieros y fondos federales para los adiestramientos y formación de la empresa.

Al concluir la vista pública la presidenta de la Comisión expresó estar satisfecha con la medida y espera que la misma sea firmada en la Semana de la Mujer. “A mí me fascina el proyecto porque, además del incentivo para abrir tu negocio, trae conocimiento y manejo propio de eso que va hacer tuyo”.

Entregan primera residencia rehabitada por programa Tu Hogar Renace

TOA BAJA – El secretario del Departamento de la Vivienda Fernando Gil Enseñat, participó el viernes de la entrega del primer hogar rehabilitado bajo el proyecto Tu Hogar Renace.

“Hemos logrado acceder a más de 30 mil puertorriqueños de los cuales 16 mil han solicitado. Al final de esta semana, se supone que alrededor de mil hogares deben comenzar con el proceso de reconstrucción. Esperamos realizar alrededor de 75 mil reparaciones de hogares afectados por los huracanes Irma y María. La fecha límite para solicitar es el 23 de febrero”, dijo el secretario en conferencia de prensa.

El hogar rehabilitado pertenece a doña Aida Alemán y Ángel Nieves, residentes del barrio Candelaria de Toa Baja. Se les reparó el techo, se les dio un generador eléctrico, una nevera, estufa de gas, gabinetes y un horno microondas.

El funcionario explicó que a pesar de que puede haber algún tipo de problema con personas que no posean título de propiedad, pueden comunicarse al 1-855-675-4480, para ver de qué forma los pueden ayudar.

El programa Tu Hogar Renace busca realizar reparaciones temporeras en viviendas con una inversión máxima de 20 mil dólares.

Satisfecho Rodríguez Aguiló con aprobación de medida para limitar reclamaciones y demandas a la UPR

EL CAPITOLIO  – El portavoz de la Mayoría en la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló, agradeció el viernes al gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, la aprobación del Proyecto de la Cámara 863, de su autoría, con el cual se protege al sistema de la Universidad de Puerto Rico (UPR) al incluirse en la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado.

“Con esta decisión, convertida en ley, salvaguardamos a la UPR de demandas al establecer un tope de 75 mil dólares por reclamaciones individuales contra el Estado y de 150 mil dólares si el demandante es parte de un grupo”, explicó Rodríguez Aguiló en declaraciones escritas.

Explicó que, de ahora en adelante, la UPR está cobijada dentro de los límites a pagar por la cuantía de daños y perjuicios por actos cometidos por sus funcionarios, empleados y agentes con capacidad pública en el cumplimiento de sus labores; y por los actos negligentes surgidos dentro de todos sus recintos, instalaciones y facilidades pertenecientes, arrendados o utilizados por dicha institución.

“Sabemos el momento de grandes retos económicos por los que atraviesa Puerto Rico y en la Asamblea Legislativa tenemos la responsabilidad de encaminar proyectos que contribuyan a contrarrestar la situación y a proteger los intereses del Pueblo y eso es lo que precisamente se logra con la firma del Gobernador, atender la crisis fiscal de nuestro primer centro docente”, apuntó el representante por el Distrito 13.

Buscan eximir del IVU compras de bienes adquiridos por Fondos de FEMA

EL CAPITOLIO  – Con el propósito de ayudar a los contribuyentes afectados por el azote del poderoso huracán María, el representante por Arecibo y Hatillo, José ‘Memo’ González Mercado, anunció el viernes, la radicación de una medida que busca eximir del pago del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) todos los bienes y servicios adquiridos con fondos recibidos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, por sus siglas en inglés.

“Los puertorriqueños necesitan una oportunidad para salir delante de la peor catástrofe natural en nuestra historia moderna. Luego de evaluar una serie de iniciativas, decidimos radicar el Proyecto de la Cámara 1397, el cual busca enmendar la Sección 4010. 01 de la Ley 1-2011, conocida como el “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico” a los fines de establecer una exención total de las compras de productos y servicios con fondos de FEMA. Este es un gran alivio para nuestra gente. De aprobarse, los ciudadanos podrán comprar muebles, enseres y materiales de construcción utilizados para la recuperación sin tener que pagar impuestos”, señaló el también presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara baja en declaraciones escritas.

Según explicó el legislador, el IVU de 11.5 por ciento tiene un efecto de reducir el poder adquisitivo a toda persona que recibe fondos de FEMA a la hora de comprar y obtener los artículos de primera necesidad ante el paso de un desastre.

“Cuando surge un desastre se afecta la infraestructura, el servicio de agua potable, la energía eléctrica y las telecomunicaciones, cual los ciudadanos enfrentan un aumento en los gastos incurridos para suplir sus necesidades básicas, como comprar gasolina o diésel para plantas eléctricas. Por lo tanto y en ocasión de un desastre, es necesario y conveniente eximir del pago del IVU las partidas tributables que se adquieran con fondos FEMA y de esta manera maximizar la efectividad de las ayudas recibidas por los ciudadanos afectados y a la misma vez, fomentar la actividad económica de nuestros pequeños y medianos comerciantes”, añadió González Mercado.

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