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Puerto Rico Hoy jueves 8 de febrero, 2018

Denis Márquez cataloga como esclavitud en tiempos modernos las exigencias de la JCF

EL CAPITOLIO  – El representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, catalogó como una esclavitud en tiempos modernos las exigencias de la Junta de Control Fiscal (JCF) contenidas en la última carta dirigida al gobernador.

“La Junta de Control pretende continuar con su agenda dirigida a desmantelar la legislación laboral tras décadas de luchas. Es la esclavitud en tiempos modernos con el único fin de garantizar el pago a los bonistas”, indicó Márquez Lebrón en un comunicado.

Para impedir que las propuestas del ente impuesto por la ley congresional PROMESA se concreticen con el aval legislativo, el portavoz del PIP en la Cámara presentó la Resolución Concurrente 64 y emplazó al cuerpo a que apruebe la misma de forma expedita.

El legislador independentista opinó que todas las propuestas de la Junta que incluyen la baja del salario de los empleados, hacer que las indemnizaciones por despido y el bono de navidad sean opcionales, reducir los requisitos de licencia de vacaciones y licencias de enfermedad sin paga, entre otras, tendrán el efecto de aumentar el menoscabo de la calidad de vida de los puertorriqueños, acelerar la emigración, agudizar la pobreza y poner en precario la ya maltrecha economía del país.

“Si este Gobierno y la Legislatura no aprendieron con la experiencia de la pasada reforma laboral, el terrible impacto de toda la legislación aprobada por mandato de la Junta sobre los puertorriqueños, ahora con estos nuevos designios que incluso trastocan las pensiones de los adultos mayores y se traducen en una baja en los salarios de los trabajadores, tienen una oportunidad de anteponer los intereses del pueblo de Puerto Rico frente al de los acreedores aprobando nuestra Resolución. De lo contrario la historia los juzgará por haber traicionado al país y condenarlo a la miseria”, aseguró el también abogado.

Para Márquez Lebrón el Gobierno y la Legislatura tienen que enfrentar enérgicamente la agenda y el enfoque de la Junta de Control que catalogó como uno “imperial, puramente economicista que se aleja de los principios de humanismo y de desarrollo pleno del ser humano, que durante las pasadas décadas tanto ha defendido la Organización de las Naciones Unidas”.

El representante por acumulación cursó, además, una carta al presidente de la Cámara de Representantes Carlos J. Méndez Núñez en la que le urge que el cuerpo rechace las propuestas de la Junta mediante la aprobación de la Resolución Concurrente de su autoría.

DJ comienza investigación para referido al FEI contra expresidente CEE

SAN JUAN  – El renunciante presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE),  Rafael Ramos Sáenz, será sometido a una investigación preliminar por parte del Departamento de Justicia, para determinar si procede o no que se le designe un Fiscal Especial Independiente, informó el miércoles la secretaria, Wanda Vázquez Garced.

“En conformidad a información recibida, el Departamento de Justicia realizará una investigación preliminar. La Ley 2 del 23 de febrero de 1988 que crea la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) dispone que Ramos Sáenz es un funcionario cobijado por la misma. Hoy notificamos el inicio de la pesquisa que realizará la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor”, manifestó Vázquez Garced en declaraciones escritas.

Vázquez Garced, quien hizo la notificación mediante carta a la  OPFE menciona en su escrito que el también expresidente de la Junta de Inscripción Permanente de Moca “pudo haber incurrido en la comisión de actuaciones que pudieran configurar delito, según el Código Penal de Puerto Rico y /o del Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI”.

La titular señaló que el Departamento de Justicia tendrá 90 días para informar al OPFEI si recomienda o no la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI).

Rosselló Nevares emite veto expreso a proyecto de la libertad religiosa 

LA FORTALEZA – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares emitió el miércoles, un veto expreso al proyecto de libertad religiosa y firmó el proyecto para viabilizar pruebas de ADN en casos de personas convictas, de la autoría del presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez y el representante José “Quiquito” Meléndez.

Sobre el proyecto de libertad religiosa, el primer mandatario expuso en su veto expreso que “nuestra administración tiene un compromiso inquebrantable con garantizar y proteger los derechos fundamentales de todos nuestros ciudadanos. Uno de los derechos más importantes de nuestro sistema republicano de Gobierno es la libertad religiosa”.

El primer ejecutivo recordó que ese compromiso se reafirmó en la Ley 33-2017 que crea las Iglesias-Escuela y en la Ley 4-2017 de Reforma Laboral que garantiza expresamente, por primera vez en el sistema jurídico, el derecho de los trabajadores de proteger sus creencias y prácticas religiosas en el ámbito laboral.

“De hecho, mi administración modificó la regulación interna del Departamento de Educación para prohibir que el Gobierno intervenga con la enseñanza religiosa y moral de los padres sobre sus hijos”, expresó Rosselló Nevares en declaraciones escritas.

Además, luego de su juramentación, el gobernador reestableció la Oficina de Bases de Fe de La Fortaleza, tras haber sido eliminada bajo la pasada administración.

El veto expreso del primer ejecutivo establece que el Religious Freedom Restoration Act de 1993 —legislación federal que este proyecto utiliza como base— incluye expresamente al Gobierno de Puerto Rico en la lista de entidades cubiertas a las que aplica la norma de no intervenir con la libertad religiosa de una persona.

Rosselló Nevares concluyó en su veto expreso que “como es de notar, ya nuestro ordenamiento jurídico contiene, por vía de legislación federal y local, de la Constitución local y de la jurisprudencia aplicable, salvaguardas suficientes para garantizar el derecho de toda persona a libertad religiosa y es el compromiso de la presente administración proteger tan fundamental derecho”.

Asimismo, el gobernador señaló que “la discusión de la presente medida ha levantado serias preocupaciones y distracciones que pudieran provocar la violación de los derechos de sectores de nuestra sociedad e incluso limitar el servicio público a nuestra población. Prometimos un Gobierno que sirva a todos los ciudadanos de esta Tierra y así lo haremos”.

De otra parte, el primer mandatario firmó el proyecto para establecer que el término para presentar una moción de solicitud de análisis de ADN comenzará a contarse a partir del momento en que la persona solicitante advenga en conocimiento de información para validar la misma.

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