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Puerto Rico Hoy martes 30 de enero, 2018 – Gobierno

Jenniffer González, Darren Soto, Marco Rubio y Bill Nelson y otros miembros del Congreso urgen a FEMA a no suspender el servicio de agua y comida a Puerto Rico

WASHINGTON DC  – La comisionada residente, Jenniffer González Colón (R-PR), junto al congresista puertorriqueño Darren Soto (D-FL), los senadores Marco Rubio (R-FL) y Bill Nelson (D-FL), y otros miembros de la Cámara de Representantes federal le exigieron el martes, a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA, por sus siglas en inglés) que no suspendan la distribución de alimentos y agua a los miles de damnificados por los huracanes Irma y María en Puerto Rico que aún necesitan de esta ayuda.

Los congresistas y senadores enviaron una misiva al administrador de FEMA, William B. Long, donde destacan el papel crucial de la agencia en la distribución de suministros y exhortan a que “continúe distribuyendo alimentos y agua en Puerto Rico hasta que la situación en la isla haya mejorado sustancialmente”.

“Es demasiado pronto para, sin previo aviso, suspender las entregas de alimentos y agua por parte de FEMA a decenas de miles de ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico que todavía están, desesperadamente, necesitados de estos suministros vitales. Al día de hoy, más de un tercio de los residentes de la isla todavía no cuentan con el servicio eléctrico y, en algunos lugares, todavía no cuentan con agua. Para muchos en Puerto Rico, la emergencia humanitaria está lejos de haber terminado. La decisión de FEMA de poner fin inmediatamente a la entrega de suministros básicos de sustento a nuestras personas más vulnerables es intemporal e irrazonable y debe ser revocada”, expresó la comisionada residente en declaraciones escritas.

“Muchos ciudadanos americanos en Puerto Rico continúan enfrentado desafíos, algunos carecen de acceso a energía eléctrica o agua, 133 días después de que el huracán María devastó la isla”, lee la misiva.

Además, llamaron la atención de que, miles de ciudadanos americanos residente en Puerto Rico se han visto en la obligación de mudarse a los estados de la nación a causa de las condiciones en que está la isla, como falta de acceso a carreteras en algunos pueblos, y las limitaciones en los suministros como agua y comida.

José Aponte Hernández acusa al PPD de “desfalcar a ‘Mi Salud’”

EL CAPITOLIO  – El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, dijo el martes, que “la administración de Alejandro García Padilla despilfarró la inmensa mayoría de los fondos federales asignados a Puerto Rico para cubrir los gastos de la Reforma de Salud”.

“Para el récord público, Obamacare le asignó a Puerto Rico la cantidad de 5,400 millones de dólares para sufragar el 55 por ciento de los gastos de ‘Mi Salud’ para un período que comenzó el 1 de julio de 2011 y se extendía hasta el 30 de septiembre de 2019. De hecho, en el 2012 se asignaron unos 945 millones de dólares adicionales. Todo ese dinero se supone que ayudara a pagar la Reforma, sin embargo, el Partido Popular Democrático utilizó mucho más que el 55 por ciento anual durante los años 2013 al 2016, dejando casi en rojo la Reforma. Esa es la verdad y nadie lo puede desmentir”, señaló Aponte Hernández mediante declaraciones escritas.

“Según Obamacare, el gobierno local tenía que haber gastado unos 800 millones de dólares cada año de ese dinero federal para ‘Mi Salud’, el programa de gobierno que brinda cobertura médica a sobre 1.4 millones de ciudadanos de escasos recursos económicos. Sin embargo, tenemos información que apunta a que el gasto fue de hasta 1,300 millones de dólares anuales, casi 500 millones de dólares más de lo programado, así que venir ahora a decir que esta administración le está quitando 800 millones de dólares a Mi salud es mentira. El partido popular casi llevó a su final la Reforma de Salud por mala administración”, agregó.

De esta forma el legislador del PNP le contestó al senador de la Pava, José Luis Dalmau, quien hizo una conferencia de prensa para alegar que el nuevo Plan Fiscal sometido tras el paso de los huracanes Irma y María, establece una reducción de 780 millones de dólares en las aportaciones a ‘Mi Salud’.

“El PNP ha sido el que siempre ha hecho justicia a los más necesitados de Puerto Rico. La Reforma de Salud vino bajo una administración estadista y el cambio más significativo a esa Reforma, dirigido a abaratar costos y mejorar servicios, particularmente en la prevención, también fue bajo un gobierno del PNP. Lo que ha hecho el PPD ha sido desfalcar la Reforma, es la verdad y nadie lo puede negar”, finalizó.

Navarro busca crear la Oficina de Información e Innovación Tecnológica del Gobierno

EL CAPITOLIO  – En busca de promover la integración efectiva de la tecnología a la gestión gubernamental, la Comisión de Gobierno, que preside el representante Jorge Navarro Suárez, inició el martes, el estudio del Proyecto de la Cámara 749, que crea la Oficina de Información e Innovación Tecnológica del Gobierno de Puerto Rico.

La pieza legislativa, de la autoría del representante Navarro Suárez, además de crear la oficina de Innovation and Technology Service (PRITS) adscrita a la Oficina del Gobernador, tiene como fin establecer y promover la política pública sobre la elaboración, manejo, coordinación e integración interagencial efectiva de la infraestructura tecnológica e informática del Gobierno. Con la creación de la oficina del PRTS, también se busca el promover la integración efectiva de la tecnología en la gestión gubernamental.

Navarro Suárez explicó en declaraciones escritas que, “lo que pretendemos con esta medida es elevar a rango de ley la orden ejecutiva del Gobernador donde creó la PRIST para desarrollar de forma ordenada e integrada los proyectos tecnológicos necesarios, para promover la integración efectiva de la tecnología a la gestión gubernamental”.

Zaida Cordero, asesora legal de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT), elogió la medida y expresó su total respaldo. “Reconocemos la pieza legislativa que se discute hoy, unidos (Rama Ejecutiva y la Legislativa) podemos transformar a Puerto Rico y posicionarlo entre los países más tecnológicos e informativamente desarrollados del Mundo”.

De igual forma, mencionó que una política pública de tecnología exitosa debe tener servicios de gobierno electrónico con énfasis en cooperación interdepartamental, simplificación de procesos, participación ciudadana y la formulación de política de colaboración digital.

Por su parte, la licenciada Alexandra Fernández, miembro de la JRT, añadió que “el gobierno lo que quiere es accesibilidad de información inmediata con certeza. Con esta medida buscamos unificar la tecnología del Gobierno”.

La PRIST estará bajo la dirección y supervisión de un Principal Ejecutivo quien será nombrado por el Gobernador y confirmado por el Senado de Puerto Rico. El presidente de la Comisión informó que continuará con el estudio de la medida.

Procuradora de las Mujeres hará requerimientos de información al Municipio de San Juan en caso de agresión

SAN JUAN (CyberNews) – La Oficina de la Procuradora de las Mujeres se propone, como en otros casos recientes que han transcendido, hacer requerimientos de información al Municipio de San Juan sobre el protocolo utilizado en el caso de agresión que se le imputa al comisionado de la Policía Municipal de San Juan, Guillermo Calixto Rodríguez, anunció el martes, la procuradora auxiliar, licenciada Carmen Lebrón González.

“La OPM ha tomado la decisión de investigar el protocolo utilizado al momento de que la agente estatal radicó la querella administrativa en contra del Comisionado Municipal de San Juan. Estaremos recabando toda la colaboración del municipio en este caso, como lo hemos hecho en todos los que han llegado a nuestra atención. Tiene que quedar claro de una vez y por todas que no es aceptable ningún acto de violencia contra la mujer, en ninguna modalidad, ni en su casa, ni en su lugar de trabajo”, expresó la procuradora en declaraciones escritas.

Mencionó que la OPM se encuentra activa ofreciendo seminarios y adiestramientos de violencia doméstica, agresión, hostigamiento sexual y laboral en el lugar de empleo, siendo los más recientes en la Legislatura de Puerto Rico.

“La política pública de cero tolerancia en estos casos no es opcional y llegaremos hasta las últimas consecuencias. Mientras eso ocurre, la investigación es de carácter confidencial y no se ofrecerán más detalles en protección a la víctima”, finalizó la funcionaria.

Representantes Vega Ramos y Pérez Ortíz presentan legislación para garantizar derecho a Net Neutrality en Puerto Rico

EL CAPITOLIO  – Los representantes Luis Vega Ramos (PPD) y Luis “Junior” Pérez Ortíz (PNP), presentaron el martes, legislación bipartita para garantizar el derecho de todos los usuarios de internet en Puerto Rico a la neutralidad en el acceso a las redes cibernéticas, Net Neutrality, ante la reciente determinación de la administración del presidente Donald John Trump, tomada a través de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de eliminar esa protección a nivel federal.

“Tras la nefasta decisión de la administración Trump de eliminar la protección en cuanto al acceso neutral y equitativo a las redes cibernéticas por parte de los ciudadanos, se hace vital que Puerto Rico se una al creciente número de jurisdicciones que están preservando este acceso por legislación estatal y lo declaren como un derecho de todo ciudadano”, dijo Vega Ramos en declaraciones escritas.

Explicó que el Proyecto de la Cámara 1427 tiene el propósito de establecer el derecho de todo ciudadano residente en Puerto Rico a la neutralidad a través de las redes cibernéticas mediante una política pública que preserve el libre flujo de toda información y contenido y que limite las prácticas de mercadeo que crean paquetes para el uso de ciertas aplicaciones, flujo de información o data por las compañías que proveen servicios de telecomunicaciones y de banda ancha en Puerto Rico.

El proyecto enmendaría el inciso (f) del Artículo 7 del Capítulo II y la sección (s) del Artículo 4, Capítulo III de la Ley Número 213 de 12 de septiembre de 1996, según enmendada, conocida como “Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996”, para adscribirle la responsabilidad a la Junta de Reglamentación de Telecomunicaciones de velar por la protección de este derecho.

Enfatizó que esta legislación no es sólo importante por sus aspectos económicos sobre los consumidores de servicios de internet, sino también se ha convertido en una garantía esencial a la libre expresión y al acceso de información de todo ciudadano.

“En plena era de la informática, el acceso neutral y sin restricciones irrazonables, de contenido o costo, es parte esencial y contemporánea de los derechos humanos a la libertad de expresión y al acceso de información. La internet se ha convertido en la plaza pública por excelencia para que los ciudadanos se expresen; es la imprenta o las ondas radiales y televisivas modernas donde buscamos noticias, es la biblioteca enorme donde nuestros niños y jóvenes encuentran información para educarse. No garantizar el acceso libre y neutral a las redes cibernéticas atenta contra los derechos fundamentales del pueblo. Por eso agradezco al compañero Pérez Ortíz por haberse unido a esta iniciativa para así establecer su carácter bipartidista”, añadió.

El representante Pérez Ortíz es el autor de la Resolución Concurrente de la Cámara 58, la cual fue aprobada unánimemente por la Cámara recientemente y que condena enérgicamente la determinación de la FCC de “poner fin a la neutralidad de la internet en los Estados Unidos y sus consecuencias nefastas para los usuarios en Puerto Rico”.

Además de las preocupaciones en torno a la limitación de los derechos fundamentales a la libertad de expresión, asociación y acceso a la información, los legisladores advirtieron que de no ser aprobada la medida se abriría la puerta para que las compañías de internet segreguen artificialmente el acceso a distintos servicios, portales o aplicaciones para cobrar cargos adiciones para permitir el acceso. De ahí, que el proyecto establece la neutralidad en acceso a las redes cibernéticas como un derecho.

Actualmente, jurisdicciones como Massachusetts, Nebraska, Rhode Island y Washington han presentado legislación para contrarrestar la aprobada eliminación a la neutralidad cibernética, mientras que Nueva York y California están por radicar legislación. En otras jurisdicciones estatales han comenzado otros esfuerzos por neutralizar los alcances de la determinación de la FCC. La preservación de las reglas de neutralidad cibernética ha comenzado una batalla legislativa y legal a través de todos los Estados Unidos y el mundo de suma importancia.

Los legisladores se mostraron optimistas en torno a la pronta aprobación del proyecto.  “Con este proyecto, nos pondríamos a la vanguardia global de la defensa de este nuevo derecho ciudadano”, concluyó Vega Ramos.

Retiro asegura en la Legislatura que no habrá reducción en las pensiones

EL CAPITOLIO  – A preguntas de la senadora Zoé Laboy Alvarado, el administrador del Sistema de Retiro de los empleados de Gobierno y la Judicatura, Luis Collazo Rodríguez aseguró el martes, que no se verán reducidas las pensiones.

“No hay reducción, no está contemplado y no es aceptable para el Gobierno de Puerto Rico”, detalló Collazo Rodríguez en declaraciones escritas.

“Hoy ese dinero está asegurado para las pensiones futuras, la gente ha vuelto a sentir la confianza de que su dinero está ahí”, añadió.

Estas expresiones surgieron en vista pública de la Comisión de Revitalización Social y Económica que preside la senadora Zoé Laboy la cual dilucida la Resolución del Senado 188. Esta ordena una investigación sobre el impacto de la crisis económica sobre la seguridad financiera de la población, con especial énfasis en las personas de edad avanzada, los resultados obtenidos de las medidas públicas y privadas que se han adoptado para asegurar la educación financiera de la generación que hoy se levanta e identificar alianzas dirigidas a fortalecer la seguridad financiera individual y que su vez generen un impacto positivo en la economía de la Isla.

Collazo Rodríguez detalló que actualmente tienen varios programas en los que orientan y educan la matrícula de futuros pensionados y beneficiarios. Entre estos se encuentra la orientación a los directores de Recursos Humanos y los coordinadores de asuntos de retiro del Gobierno sobre el Programa de Transición Voluntaria, la Nueva Ley de Retiro. A la vez, la creación del Programa Ayuda al Pensionado, el cual sirve de enlace entre el pensionado y las agencias gubernamentales.

Sin embargo, la senadora se expresó insatisfecha con los programas por entender que estos no van a orientar las nuevas generaciones que se insertan en el servicio público.

“Más allá de servir a los directores de Recursos Humanos deben servir a todos los empleados. Quiero que en los próximos 6 meses presenten a la Comisión por donde va este plan de orientación a los empleados de Gobierno”, dijo.

La Administración del Sistema de Retiro del Gobierno y la Judicatura destacó que existen 120 mil pensionados beneficiarios del Gobierno con una pensión promedio de 1,141 dólares. En el caso de la Judicatura cuenta con 304 pensionados y 53 beneficiarios con una pensión promedio de 4,842 dólares mensuales.

El senador popular Miguel Pereira y la senadora por acumulación Itzamar Peña estuvieron presentes en la audiencia pública. La Comisión informó que las vistas públicas sobre esta investigación continuarán esta semana y la próxima donde estarán citados el empresario Manuel Cidre y el Comisionado de Instituciones Financieras.

Senado establece Ley para la Protección de la Libertad Religiosa

EL CAPITOLIO – Con 16 votos a favor, 11 en contra y dos abstenidos, se aprobó el Segundo Informe del Comité de Conferencia sobre el Proyecto de la Cámara 1018, para establecer la Ley para la Protección de la Libertad Religiosa.

Según se informó en un comunicado de prensa enviado la noche del lunes, la aprobación de esta ley surge luego de un consenso de más de un mes y medio entre los cuerpos legislativos.

La votación se realizó mediante un pase de lista. Los senadores Axel “Chino” Roque y Larry Seilhamer fueron los dos votos abstenidos a la pieza. Por su parte, senadores de todas las delegaciones conformaron los votos en contra. Éstos fueron Zoé Laboy, Miguel Romero, Eduardo Bhatia, José Luis Dalmau, Abel Nazario, Miguel Pereira, Cirilo Tirado, Aníbal José Torres, José Vargas Vidot y Juan Dalmau.

Ante esto, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz dijo en el proceso de debate que “no cambio principios ni valores por votos”. Asimismo, comentó que con la aprobación de esta medida no se persigue “quitarle ni un solo derecho a nadie…los religiosos incluidos” a la vez que no se pretende imponer criterios.  Asimismo, aclaró que con la aprobación de esta medida no se privará “a nadie” de los servicios del gobierno. De paso realizó una invitación a los senadores a que si se han reconocido derechos a otros sectores de la población se haga lo mismo con la comunidad cristiana. “Es lo justo”, dijo.

Rivera Schatz aclaró que la medida que se aprueba “es muy diferente a la versión original” y  “no se trastoca” y no tiene consecuencias fiscales. Sin embargo, indicó que quien no esté de acuerdo con lo establecido en la pieza legislativa puede acudir a los tribunales.

En su alocución, el presidente senatorial hizo alusión al preámbulo de la Constitución de Puerto Rico en el que se menciona que el pueblo “pone su fe en Dios Todopoderoso”. Mientras, el Código Político termina con las palabras “así me ayude Dios”.

“¿Alguien aquí objetó lo que contiene nuestra Constitución y cuando juramentamos pedimos la ayuda a Dios….así de separados estamos entre la Iglesia y Estado”, cuestionó Rivera Schatz.

El líder senatorial recordó que el Senado aprobó medidas que no son del todo agradables para el sector religioso entre estas la recién firmada Ley de Adopción. A su juicio, no observaron del todo la ley ya que la misma dispone que una dama embarazada que no desee tener a su bebé, en vez de abortar, entregue al menor en adopción y se insertó a la iglesia como uno de los escenarios seguros en que se pueden entregar a los menores.

El proyecto como ha sido revisado establece de manera clara en el artículo 8 que “nada de lo dispuesto en la presente ley podrá ser utilizado para que el Estado niegue o deje de proveer servicio alguno a toda persona que así lo solicite, requiera o necesite”.

Indicó que el Plan para Puerto Rico contiene una definición de lo que es “libertad religiosa” razón por la cual el presidente senatorial entiende que la medida no debe ser objetada por el gobernador. Según dicho Plan la ‘libertad religiosa’ significa que “estamos convencidos de que la actual administración (2013-2016) ha implantado prácticas y políticas públicas que amenazan y/o coartan la libertad de practicar la religión de preferencia de los ciudadanos. Nosotros nos comprometemos a proteger este derecho constitucional de libertad religiosa de cada ciudadano y a promover legislación a tales efectos”.

Entretanto, los senadores populares Miguel Pereira y Eduardo Bhatia adelantaron que votarían en contra por entender que atenta contra la propia libertad religiosa. Asimismo, lo hizo el senador por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) Juan Dalmau.

Contrario a esto, la senadora por el Distrito de Carolina, Nayda Venegas Brown se expresó a favor de la medida por entender que esto va a proteger a los cristianos. “Como mujer de fe entiendo que la gente va hablar de la palabra conforme a la revelación que tengan de la misma”, dijo.

Asimismo, la senadora ofreció ejemplos como “las trabas que pasan los pastores para poner una iglesia” y otras órdenes administrativas que excluían la oración dentro del trabajo, entre otras.

Por su parte, el senador José Vargas Vidot criticó el proyecto por entender que “se convierte en un parámetro para el discrimen, porque esto es un hecho que no hay que defenderse”. Además, dijo que es un hombre de fe y ante eso nunca ha leído en ningún estrato de la Biblia que Jesús le dijera a sus discípulos que acudieran al Estado para determinar sus libertades. “La fe nace adentro y no necesita ser defendida”, concluyó.

El informe del Comité de Conferencia enmendó varios artículos que contemplaba el proyecto original para incluir que los planteamientos ante objeción religiosa deberán realizarse por escrito y “de forma fundamentada”. Asimismo, el informe establece en su artículo 7 que aquel empleado, contratista o funcionario “que se considere afectado en el ejercicio de su libertad religiosa en contra de lo dispuesto en esta Ley, podrá requerir a su institución eclesiástica que le asista en su reclamo”.

De esta forma, en casos excepcionales, la pieza dice que “el gobierno podrá imponer una carga sustancial al libre ejercicio religioso de una persona, aún cuando la acción estatal es en cumplimiento de un interés gubernamental apremiante y que sea el medio menos oneroso de promover el interés gubernamental,” detalla.

La medida reitera que la Constitución de Puerto Rico “consigna que nuestro gobierno no aprobará ley alguna relativa al establecimiento de alguna religión en particular, ni se prohibirá el libre ejercicio de cualquier culto religioso”.

Entre los propósitos de la pieza legislativa está el que una persona que entienda se le ha violentado su ejercicio religioso en virtud de lo establecido en este estatuto, podrá alegar tal violación.

La Constitución de Puerto Rico, en la sección 3 de su artículo II, protege la libertad de culto y el libre ejercicio de cualquier religión . No obstante, según el proyecto, “aún con tal protección constitucional, numerosos movimientos religiosos en Estados Unidos y Puerto Rico han venido denunciado en los tribunales la aprobación de leyes de aplicación general que atentan contra sus principios y actividades religiosas”.

Cámara aprueba medida que baja las multas AutoExpreso a $15

EL CAPITOLIO  – La Cámara de Representantes aprobó con enmiendas el Proyecto del Senado 642, para revertir de 50 a 15 dólares el pago de las multas administrativas por pasar por el AutoExpreso sin el balance requerido.

A esos fines, el presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura del cuerpo, el representante José Luis Rivera Guerra, sometió las enmiendas que serán añadidas a la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico” tras concluir las vistas públicas de análisis de la medida.

“La idea es que sea 15 dólares por día….pero los sellos tienen que estar registrados. Para los que pasen por el peaje sin sellos registrados tendrá que pagar una multa de 200 dólares en vez de los 100 dólares vigentes. Y, la agencia delegada el Departamento de Transportación y Obras Públicas/Autoridad de Carreteras, tendrá 90 días para atender vistas de administración, ya que están atrasadas por dos años”, expresó Rivera Guerra.

Recomendó además que se establezca la obligatoriedad del sello electrónico registrado a nombre del dueño o usuario del “leasing” del vehículo, la prohibición del duplicado de tablillas y penalidades relacionadas y demostrar que existe un sello electrónico registrado en el auto del adquiriente en los traspasos de autos.

“El registro obligatorio de los sellos electrónicos es necesario pues de 3, 063,676 usuarios de autopistas, solo 1,724,054 posee un sello electrónico registrado”, dijo el legislador.

También, recomendó aclarar la aplicación de penalidades y procesos al uso de los peajes y los términos para atender las vistas administrativas. En cuanto al plazo para que los usuarios puedan recargar la cuenta sin ser multados, indicó que “tendrán 120 horas desde la infracción para realizar el pago del peaje o de lo contrario se emitirá la multa”.

Igualmente, fue aprobado el Proyecto de la Cámara 911 del presidente del Cuerpo, Carlos “Johnny” Méndez Núñez y los representantes Ramón Cruz Burgos y Denis Márquez Lebrón, con el propósito de declarar como Reserva Natural de Puerto Rico la desembocadura del Río Guayanés en el Municipio de Yabucoa. Se espera que con la aprobación de esta ley el Gobierno administre y proteja la desembocadura del Río Guayanés como un patrimonio nacional a nombre y en beneficio de la población puertorriqueña.

Asimismo, fue favorecido el Informe del Proyecto de la Cámara 750 del representante Jorge Navarro Suárez, que propone enmendar la “Ley para la Prevención del Fraude en el Telemercadeo”, y armonizar sus disposiciones con el ordenamiento jurídico vigente.

“La determinación de si un contrato es nulo corresponde al Poder Judicial o a un organismo administrativo al que se le encomiende esa función. Tal determinación no puede dejársele a una de las partes contratantes. Por lo tanto, procede que se enmiende”, expresó el legislador al presentar la medida.

Asimismo, fue favorecido además el Proyecto de la Cámara 1171, del representante José “Quiquito” Meléndez Ortiz, cuyo fin es enmendar la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, con el propósito de disponer que a los pacientes de lupus eritematoso sistemático, lupus eritematoso y otros padecimientos relacionados, no se les requerirá renovar el permiso o certificación para el uso de tintes en el parabrisas y ventanillas de cristal en sus vehículos de motor, mientras las condiciones médicas que poseen no les impidan conducir.

Por su parte, se confirmó el Proyecto del Senado 800, de la autoría del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, que enmienda el Código de Seguros de Puerto Rico a los fines de facultar  a la Rama Legislativa a contratar sus seguros.

Mientras, pasó el cedazo legislativo la Resolución Conjunta de la Cámara 70, que ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas y a la Autoridad de Carreteras y Transportación, tomar las medidas administrativas que sean pertinentes para establecer un plan de mejoras de la infraestructura vial de la carretera estatal PR-111; y la Resolución de la Cámara 321, para investigar la proliferación en las transacciones de la venta de automóviles a través de personas que se hacen llamar “brokers” sin poseer licencia para ello y sin la autorización de la institución que financia la unidad.

Al mismo tiempo se consideró la Resolución de la Cámara 369, a fines de evaluar la viabilidad de incluir un proyecto de Alianzas Público Privadas para el máximo desarrollo de la infraestructura de banda ancha a través de la instalación de cables de fibra óptica de cuarta generación en la región oeste de Puerto Rico, con el objetivo de promover la creación de empleos directos e indirectos; la Resolución de la Cámara 430, para investigar el estado de las facilidades y del programa agroecológico de la Escuela Agroecológica Laura Mercado, ubicada en el Poblado Rosario en San Germán, su funcionamiento, retos y necesidades.

Por último, se atendió la Resolución de la Cámara 458, para estudiar  la implementación en los municipios de las disposiciones de la “Ley para Viabilizar la Restauración de las Comunidades de Puerto Rico”, y determinar si sus disposiciones son adecuadas para el propósito por el cual se aprobó, o si es necesario o conveniente que se aprueben enmiendas para imprimirle mayor eficiencia.

La Cámara recesó sus trabajos hasta el martes, 6 de febrero a la 1:00 de la tarde.

prhoy.com

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