Publicidad

Publicidad

Publicidad

Foto

Texto

Puerto Rico Hoy – Gobierno

Rosselló Nevares firma ley para ampliar acceso a cubierta de salud a los miembros de agrupaciones profesionales y PYMES

LA FORTALEZA – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó el lunes, el Proyecto del Senado 641 para ampliar las alternativas de planes médicos a los que pueden tener acceso los miembros de las asociaciones bona fide.

“Este proyecto es parte de nuestra visión para asegurar que los cerca de 400,000 individuos que hoy no tienen plan médico en Puerto Rico tengan acceso a servicios de salud. En específico, esta medida ayudará a que muchos profesionales y empleados de pequeños y medianos comerciantes tengan acceso a su derecho de salud”, indicó el primer ejecutivo en declaraciones escritas.

Explicó que la medida que sometió el Ejecutivo ante la Asamblea Legislativa enmienda el Código de Seguros de Salud. Conforme a las enmiendas presentadas, estas entidades podrán negociar y ofrecer planes médicos grupales para el beneficio de los miembros de asociaciones bona fide y sus dependientes. Además, podrán ser ofrecidos para los empleados y retirados de aquellos patronos que sean miembros de una asociación bona fide.

Las asociaciones bona fide son organizaciones que cumplen con requisitos dispuestos por ley y que agrupan profesionales, comerciantes e industriales.

Entre los beneficios que estas agrupaciones ofrecen a sus miembros se encuentra el acceso a planes médicos grupales. No obstante, cambios realizados mediante ley en el 2013 crearon limitaciones para impedir este tipo de beneficios a agrupaciones y encarecer los costos de los planes médicos.

La Ley 69 de 2013 dispuso que los planes médicos de las asociaciones bona fide debían ser tratados como planes individuales, lo que hacía imposible que estos grupos de profesionales, comerciantes e industriales pudieran negociar agresivamente con las aseguradoras para ofrecer a sus miembros y dependientes un plan médico grupal con amplias cubiertas, a un costo más asequible, pues conllevaba primas hasta 33% más costosas para estas personas.

El gobernador agradeció el compromiso de los pequeños y medianos comerciantes con la creación de empleos en estos tiempos de crisis y destacó que “grupos como el Centro Unido de Detallistas, la Asociación de Industriales, la Cámara de Comercio y la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico juegan un papel protagónico en la recuperación de Puerto Rico y en mejorar la calidad de vida de sus miembros y de la comunidad en general. Agradecemos su apoyo a esta medida de justicia social”.

Por su parte, el comisionado de Seguros, Javier Rivera, comentó que “esta legislación permitirá que miles de profesionales, comerciantes, industriales, trabajadores, retirados y sus familiares sin cubierta puedan contar con un plan médico a costos más accesibles”.

Mientras, el presidente del Centro Unido de Detallistas, Nelson J. Ramírez Rivera, indicó que se trata de un gran avance en los esfuerzos para tener más y mejores alternativas de cubiertas de salud.

“Esta ley permitirá que miles de profesionales, comerciantes e industriales puedan retomar el acceso a planes médicos grupales ofrecidos por asociaciones bona fide”, concluyó Ramírez.

El director ejecutivo de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico, Gadiel Lebrón, expresó que “estamos confiados de que los cambios introducidos nos permitirán ampliar los beneficios que ofrecemos a nuestros socios de manera que estos, sus dependientes y sus empleados puedan obtener cubiertas de salud más diversas y económicamente accesibles”.

También estuvieron presentes el representante Juan Oscar y el senador Eric Correa; el presidente del Centro Unido de Detallistas, Nelson Ramírez Rivera; el director ejecutivo de la Asociación de Restaurantes, Gadiel Lebrón Sagardía; la presidenta de la Cámara de Comercio, Alicia Lamboy Mombille; en representación del Comité de Salud de la Asociación de Industriales, Rosa Hernández Amalbert; y el comisionado de Seguros, Javier Rivera.

Investigación de la UPR-Río Piedras identifica mayor erosión en las playas luego del huracán María

SAN JUAN  – A meses del paso del huracán María por Puerto Rico, se ha tratado de medir las consecuencias que este evento atmosférico trajo consigo, principalmente, en las áreas como la infraestructura, la producción de energía eléctrica, las comunicaciones y, más recientemente, en la salud mental de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas, se informó el lunes.

Sin embargo, muy poco se ha enfatizado sobre el estado de los distintos ecosistemas del país, los cuales podrían ser vitales para la amortiguación de futuros eventos naturales.

“El propósito de las visitas, más allá de ver los daños, es tratar de definir cómo es el nuevo estado de las playas a partir del huracán María. Esto con el fin de entender el efecto de los eventos extremos, en este caso un huracán casi categoría 5, sobre las costas”, explicó la doctora Maritza Barreto Orta, directora de la Red de Playas de Puerto Rico y el Caribe en declaraciones escritas.

“Además, ver cómo el impacto específicamente en el aceleramiento de erosión producida por este huracán, reduce la capacidad de estas playas, y de estas costas, para poder amortiguar los nuevos eventos que lleguen”, añadió.

Tal es el caso de las playas del archipiélago puertorriqueño, entendidas generalmente como un atractivo turístico y recreacional, pero que fungen como barrera natural para proteger tanto a la infraestructura como a las comunidades de inundaciones. Sin embargo, estos cuerpos se han visto amenazados por la erosión, afectando su capacidad de cumplir con esta función, tal como lo demostró el estudio del Estado de las Costas de Puerto Rico, realizado por estudiantes y profesores del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR-RP).

Ante este escenario, este grupo de unas 10 personas, entre profesionales y estudiantes, que forman parte de la Red de Playas de Puerto Rico y el Caribe, adscrita a la Escuela de Planificación Graduada de la UPR-RRP, decidió continuar su labor y visitar la gran mayoría de las playas de la isla con el fin de identificar el efecto que tuvo el huracán María en el estado de la línea costera del país.

Según la profesora Barreto Orta, luego de más de diez viajes de campo efectuados entre septiembre a diciembre, y cubrir casi toda la línea costera de Puerto Rico, resultó que aproximadamente el 90% de las playas visitadas se aplanaron, eliminando prácticamente los montículos de arena.

Por otra parte, se concluyó que las áreas más afectadas, las cuales presentaron geoindicadores de erosión y cambios en su morfología -implicando que hubo una reducción en la extensión de playa-, fueron las zonas sureste, norte central y noroeste de Puerto Rico.

“En términos generales, puedo decir que, desde Salinas hasta Ceiba, lo más que se encontró es que las playas se acortaron, se redujeron. Toda esta zona sureste, por donde pasó el centro del huracán, redujo la extensión de playa, aplanó las playas, y destruyó infraestructura y vegetación”, señaló la geóloga marina. “Otra zona que vimos donde las playas se afectaron mucho, fueron las zonas norte central y noroeste (de Manatí a Mayagüez). Así que, en resumen, las playas que se vieron más afectadas son las localizadas por donde entró y salió el huracán”.

​Además de que estas zonas están estrechamente relacionadas al paso del centro de este evento atmosférico, la profesora Barreto Orta encuentra que otra posible razón para explicar esto sería “el tiempo que estuvieron expuestos estos puntos a oleaje de huracán”. ​ ​ “Por la trayectoria del huracán, estas zonas fueron los tres puntos donde, posiblemente, estuvieron más tiempo expuestos a oleaje de huracán en comparación con las demás áreas”, afirmó la catedrática de la UPR-Río Piedras.

Como tercera explicación, Barreto Orta mostró que estas áreas afectadas, son las mismas que presentaron erosión en el estudio del Estado de las Costas de Puerto Rico, donde se analizaron los cambios en la línea costera del país hasta el 2016.

“Cuando vamos a ver cuáles son las zonas de mayor erosión [actualmente], son zonas que ya presentaban esta problemática. Así que entiendo que sí es bien importante ese historial de erosión que venían cargando esas costas. Porque, si tienes una playa que se está erosionando, a medida que esa arena se pierde, esa playa va perdiendo lo que se llama la capacidad de absorber y amortiguar los próximos eventos”, precisó.

Esta es una posible explicación al caso particular de Loíza, el cual a pesar de no encontrarse en las tres zonas relacionadas al paso del ojo del huracán, las playas de este municipio presentaron un aumento en la erosión.

Para facilitar el avance de la investigación y trazar un proyecto de recuperación de las playas, Barreto Orta exhorta a la ciudadanía y a los municipios que quieran ser parte de esta iniciativa, a aportar tanto con fotos como con videos, que muestren el estado de las playas luego del huracán María.   El material audiovisual se le puede hacer llegar a través del correo electrónico: maritza.barreto@upr.edu.

Entre los universitarios participantes de la investigación están los estudiantes doctorales Nahir Cabrera (Historia) y Kevian Pérez (Ciencias Ambientales), y los estudiantes de maestría en Planificación: Elizabeth Díaz, Willie Colón, Alejandra Bonilla y Natalie Rivera. También participaron los geógrafos Dariel Narváez y José Narváez.

Nombran presidente de la Comisión Estatal de Elecciones

SAN JUAN  – La Comisión Estatal de Elecciones (CEE), informó que los Comisionados Electorales del Partido Nuevo Progresista, la planificadora Norma Burgos Andújar; Partido Popular Democrático, Miguel Ríos Torres y el Partido Independista Puertorriqueño, licenciada María de Lourdes Santiago Negrón, en una reunión extraordinaria ejecutiva nombró de forma unámine a Rafael Ramos Sáenz para el cargo de presidente de la CEE.

“Con el nombramiento del juez Ramos Sáenz colocamos a la CEE un profesional con la preparación en el campo del derecho electoral y con la práctica al haber presidido como juez municipal varias Juntas de Inscripción Permanente, en el área Oeste de Puerto Rico”, destacó Burgos Andújar en declaraciones escritas.

El pasado 8 de enero la comisionada del PNP, Burgos Andújar, presentó la nominación del juez Rafael Ramos Sáenz al cargo de presidente de la CEE a los Comisionados Electorales del PPD y PIP.

El juez superior Ramos Sáenz, posee un Juris Doctor de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Diplomado Internacional de Pluralismo Jurídico, Academia de la Magistratura de Perú, un Certificado en Derecho Matrimonial Canónico de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y un Bachillerato en Administración de Empresas con Concentración en Contabilidad. Además, tiene gran experiencia en el campo e implantación del Derecho Electoral en Puerto Rico.

Cierre federal afectará a Puerto Rico, pero no en los fondos de Medicaid, dice comisionada residente 

TOA BAJA – La comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón dijo el lunes que el cierre del gobierno federal tendrá un impacto en Puerto Rico.

“La realidad es que esto afecta a Puerto Rico como al resto de los estados. En el Senado, la minoría demócrata está buscando que se legisle para extender la legislación de DACA. Esa legislación expira en marzo cinco, por lo que todavía tenemos tiempo para atender esa legislación, que es la preocupación de los demócratas y que yo y un gran número de republicanos quiere que se atienda”, dijo González Colón en conferencia de prensa.

La comisionada residente aseguró que el tranque no afecta, por ejemplo, los fondos del Medicaid.

“A Puerto Rico donde se le van a asignar los fondos es en el proyecto suplementario de desastres. Nosotros lo que estamos buscando, es que se nos permita recibir lo mismo que recibió el estado de Luisiana, que fue un 100 por ciento. Para no tener que poner el pareo. Eso aseguraría por dos años los fondos del Medicaid”, añadió.

Según la comisionada, si el Senado lo aprueba, los fondos deberían estar disponibles para marzo.

“En el Senado (los demócratas) no pueden seguir deteniendo las medidas suplementarias de desastres, porque mientras ellos lo condicionan al DACA, están castigando a lugares como Puerto Rico y las Islas Vírgenes, que dependemos de esos fondos. No me puedes condicionar algo que no tiene que ver con desastres la aprobación de esos fondos”, añadió.

González Colón mencionó que, a consecuencia del cierre federal, en Puerto Rico el Correo no se ve afectado, porque opera con sus propios ingresos. El Tribunal Federal, puede continuar en operaciones por un mes. En el caso de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA), puede que haya una reducción de jornada. Aquellas que tienen que ver con asuntos de seguridad, se supone que el 90 por ciento de estas continúen operaciones.

“Lo que más se vería afectado es lo que tiene que ver con pagos, auditorías transacciones y adjudicaciones de contratos, inspecciones para otorgar los pagos y todos aquellos procesos administrativos que requieran autorizaciones para apropiaciones. Todas esas áreas se paralizan”, sostuvo.

“Pero FEMA y el Cuerpo de Ingenieros en su fase de recuperación eléctrica mantienen su operación, por vía de excepción”, sentenció.

El sábado, como consecuencia del tranque en el Senado de Estados Unidos para extender la fecha de la vigencia del presupuesto, comenzó un cierre parcial gubernamental que le impuso una reducción en la jornada laboral a aquellas agencias y labores que no se entienden esenciales en el gobierno federal.

Congreso podría celebrar vista de interpelación a agencias federales por lentitud en recuperación energética, dice comisionada residente

TOA BAJA  – La comisionada residente Jennifer González Colón dijo el lunes, que le ha solicitado a la Cámara de Representantes federal, que cite a una vista de investigación al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE), la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) y a la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA), para que rindan cuentas sobre la lentitud en los trabajos de recuperación del sistema eléctrico de Puerto Rico.

Cuestionan propuesto plan fiscal para la UPR

“La CEN cuestiona la operacionalización y sostenibilidad de las propuestas que el Plan Fiscal esbozó en el pasado y que, seguramente, la nueva versión regirá por las mismas premisas una vez sea sometido nuevamente para el escrutinio de la comunidad universitaria y el país. Invitamos a la administración y comunidad en general a concretar un plan fiscal que responda a las realidades del país en cumplimiento con la misión y visión de la UPR”, dijo Barreto Vázquez en declaraciones escritas.

Dijo que reconociendo que tras el paso del huracán María se ha dejado atrás una isla que se recupera lentamente y todavía sufre escasez de utilidades básicas como el servicio de agua y electricidad, se entiende que los parámetros esbozados en el plan fiscal aprobado por la Junta de Gobierno no podrán ser alcanzados.

Indicó que el 9 de marzo la Universidad de Puerto Rico (UPR) deberá presentarle a la Junta de Control Fiscal un plan fiscal que se adapte las recomendaciones emitidas el 21 de agosto del año pasado. Éste será presentado ante la Junta Universitaria el 7 de febrero para que este cuerpo evalúe y haga las recomendaciones que estime necesarias. Sin embargo, Senados Académicos como el de Humacao, Mayagüez y Cayey se han expresado en contra de un plan fiscal que no contemple su insumo e insista en un aumento al costo de matrícula.

Puntualizó varias problemáticas que contiene el plan basándose en el aprobado en agosto. Destacó que al momento de hacer un estimado de los ingresos que iba a producir un aumento en matrícula a 115 dólares el crédito en estudios subgraduados y hasta un cien por ciento de aumento para las escuelas graduadas, se basa en una matrícula de sobre 60 mil estudiantes. Igualmente, se indica que habrá acuerdos entre agencias públicas y privadas, desarrollo del proyecto de cannabis medicinal, la contribución por concepto de tablillas, marbetes o universidad virtual que parten de especulación, ya que no cuenta con un estudio de viabilidad que respalde una proyección de ingresos suficientes para mitigar el impacto de los recortes.

“Sin embargo, se reconoce que el Puerto Rico actual no permite que estas condiciones cumplan como se esbozan dentro del plan, sino que se establece como una visión optimista de distintas iniciativas. Actualmente, las admisiones en el sistema UPR ha tenido una merma considerable e incluyendo a las 1,419 bajas certificadas hasta el 10 de diciembre se establece que no se recaudará la cantidad de 100 millones de dólares que ha esperarse”, dijo Barreto Vázquez.

“En cuanto a la educación a distancia; tanto la inestabilidad de la infraestructura como la falta de andamiaje y cultura institucional que lo habilite a corto y mediano plazo suponen retos en su implementación. Esto incidiendo sobre los recaudos proyectados por esta modalidad de educación”, agregó.

Entretanto, dijo que en conversaciones con el representante graduado Gilberto Domínguez Escalera se indicó que el cuerpo administrativo aún no ha hecho acercamientos para entablar acuerdos con agencias públicas o privadas, o dado seguimiento a las iniciativas indicadas anteriormente.

OCPR refiere a Ética a la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias

SAN JUAN – La contralora Yesmín Valdivieso refirió a la Oficina de Ética Gubernamental, en torno a las operaciones fiscales relacionadas con el Programa de Mercados Institucionales de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA).

En el informe se comenta además, que se remitió una situación a la consideración de la Directora Ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental, sobre las posibles violaciones éticas por parte de un ex funcionario de la ADEA.

La auditoría revela que la ADEA no realizó un proceso de subastas ni formalizó contratos para cumplir con los servicios de acarreo de alimentos a los comedores escolares. Del 2014 al 2016, la ADEA desembolsó 6.2 millones de dólares a 63 acarreadores independientes que no tenían contrato, y a 40 de ellos, le pagó en exceso del límite de los 40,000 dólares que es la cantidad que establece el Reglamento de Compras y Subastas.

“La ADEA no suministró a nuestros auditores evidencia del análisis que realizaron para establecer las tarifas de pago del acarreo ni tampoco la consideración de las tarifas autorizadas para estos servicios por la Comisión de Servicio Público”, dijo Valdivieso en declaraciones escritas.

El Informe de seis hallazgos señala múltiples deficiencias en la compra y venta de productos agrícolas del Programa. El Administrador, por ejemplo, no había actualizado el Reglamento del Programa al Plan de Reorganización 4 del 2010, la compradora de carnes frescas no contaba con el adiestramiento ni el nombramiento que otorga para ese fin la Administración de Servicios Generales, y los centros de acopio no mantenían inventarios perpetuos de los productos agrícolas comprados.

Contrario al Manual de Contabilidad, la ADEA emitió 268 cheques por 2.5 millones de dólares con la firma digitalizada de la Supervisora de Tesorería mientras esta se encontraba en licencia de vacaciones o enfermedad.

“Se debieron haber utilizado las firmas alternas autorizadas y registradas. Además, el Administrador de la ADEA no había designado a un funcionario ajeno para custodiar los cheques en blanco sino que la Supervisora de Tesorería realizaba esta función que es conflictiva con su labor de firmar los cheques”, comentó.

El Informe cubre el periodo del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.

Los comentarios para este artículo han sido cerrados.