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Puerto Rico Hoy – Gobierno

Senado va por encima del veto del gobernador para aprobar Ley de Financiamiento Municipal

EL CAPITOLIO  – Con 25 votos a favor el Senado aprobó el jueves, el Proyecto del Senado 745 y se fue por encima del veto expreso del gobernador a esta medida.

El máximo requerido para ir por encima del veto son 20 votos, según refirió el secretario del Senado Manuel Torres.  El único voto en contra del senador por el Partido Independentista Puertorriqueño Juan Dalmau Ramírez.

La medida que ahora pasará a manos de la Cámara Baja, y de aprobarse se convertiría en Ley, enmienda la Ley de Financiamiento Municipal de Puerto Rico de 1996 y la del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) para flexibilizar el uso que podrán darle los municipios a los fondos en exceso del Fondo de Redención de la Deuda Pública Municipal.

En torno a la Resolución Conjunta del Senado 196, se establece que la Asamblea Legislativa será notificada “inmediatamente: sobre la cantidad y los detalles específicos de cualquier préstamo, crédito o desembolso otorgado o realizado al amparo de la resolución aprobada “de modo que el uso se ofrezca a dicho dinero se exprese claramente su propósito”. La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) determinará las partidas presupuestarias de las cuales provendrá el capital para proveer la asistencia de emergencia. Los fondos recibidos se mantendrán en cuentas separadas y se utilizarán “únicamente” para los gastos operacionales mencionados.

Por su parte el senador independentista Dalmau Ramírez resaltó que “en el día de hoy se esta presentando una medida dialogada y consensuada por parte del Presidente del Senado y (los representantes de todas las delegaciones) para buscar un lenguaje más responsable que permita hacer el balance entre la responsabilidad de cumplimiento con respecto a los recursos que necesitan las corporaciones públicas de la AEE y AAA pero al mismo tiempo imponiendo topes, periodos de vigencia y criterios de responsabilidad y respuesta respuesta a los desembolsos que se realicen”.

“Definitivamente un respiro para el asunto”, así se expresó sobre la medida el senador Abel Nazario. “Es una medida responsable porque hace que cualquier desembolso sea informado a la legislatura.”

Por su parte el senador José Vargas Vidot fue enfático en que la presentación de esta medida “no es una pelea entre el ejecutivo y la legislatura, sino es el consenso de opiniones”.

El Ejecutivo presentó el Proyecto del Senado 806, que fue una pieza de administración, radicada el 19 de enero pasado, y buscaba la creación de la “Ley para Proveer Asistencia de Emergencia a la AEE y a la AAA” y autorizaría al secretario del Departamento de Hacienda a proveerles uno o más prestamos no fue considerada por el Alto Cuerpo. Esta radicación ocurrió antes que el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, anunciara que el gobierno se dispone a vender los activos de la AEE. La medida tuvo diversa s reacciones pero lo que si fue consola fue el nombrarla como “un cheque en blanco para las corporaciones”.

Por otra parte, el Senado aprobó la Resolución del Senado 583, de la autoría del Presidente Senatorial, ordena a la Comisión de Relaciones Federales, Políticas y Económicas investigar todo lo relacionado a la aplicación, implementación y cumplimiento de la Ley para manejar el estudio, desarrollo e investigación del Cannabis (Ley Medicinal) Ley 42-2017.

Supuestamente hay dispensarios que se promocionan indicando que no requieren identificación; ofertas de cupones de descuentos para obtener certificación médica para el uso del cannabis medicinal y anuncios de portales de internet para la tramitación en línea de licencias para el uso del cannabis medicinal, entre otros.

La pieza detalla que este tipo de acciones, de ser confirmadas incumplirían con el estado de derecho vigente aplicable a la industria del cannabis medicinal.  Más aun, estas acciones, de ser ciertas, evidenciarían la corrupta utilización de la Ley por parte de elementos dentro de esta industria naciente, para tratar de esquivar prohibiciones penales sobre una sustancia controlada.  Todo ello en claro perjuicio de los ciudadanos “que legítimamente necesitan del cannabis como tratamiento médico.

En su alocución en el Hemiciclo del Senado, el presidente Thomas Rivera Schatz comentó que en la función de fiscalizar de la Asamblea Legislativa evaluarán cómo se otorgaron las licencias, si se favoreció a alguien sobre un tercero, si hubo caminos expeditos para unas empresas y tortuosos para otras. Si hubo cabilderos influyendo para que se les consiguiera una licencia a algún amigo del alma o no. “Por supuesto que lo quiero investigar y el secretario de Salud va a tener que testificar y documentar cada caso…y ver en el tracto de la documentación como  se manejaron los casos”, dijo.

“Nuestra Asamblea Legislativa no aprobó la marihuana recreacional, el enfoque es completamente salubrista y científico. En respeto y deferencia a los pacientes y profesionales s de la salud es nuestro deber indagar sobre todo lo que ha ocurrido aquí y poner en perspectiva clara el proceso de otorgar las licencias, como se produce, manufactura, empaca y se lleva a cada uno de los establecimientos. También, como la clase médica ha manejado esto. Todo lo vamos a investigar”, añadió Rivera Schatz al tiempo que urgió a la ciudadanía a evaluar y denunciar empres”s que utilizan las “ventas al pasillo” (en referencia a  reconocidas empresas de descuento que utilizan plataformas cibernéticas)

Ante la seriedad de las denuncias presentadas, Rivera Schatz dijo que “este es un asunto serio que requiere una formalidad que no vamos a permitir burlar con nadie”.

Por su parte, el senador y salubrista José Vargas Vidot comentó que es necesario que se examine y estudie “por qué se le otorgaron esas licencias porque estoy seguro que vamos a encontrar muchos del alma”.

Ahora, la Comisión deberá rendir un informe completo que incluya hallazgos, conclusiones, recomendaciones, acciones legislativas y administrativas en un máximo de 180 días.

Con una votación unánime el Senado aprobó el Proyecto de la Cámara 1379, que enmienda la Ley 246-2015, conocida como “Ley de Análisis de ADN Post Sentencia” con el propósito de establecer que el término para presentar una moción de solicitud de análisis de ADN comenzará a contarse a partir del momento en que la persona solicitante adviniera en conocimiento de información que sustente la misma y para disponer sobre el principio de favorabilidad.

Rivera Schatz expresó votaría a favor de la medida por entender que hay casos que se encuentran esperando la Ley para tomar su curso. Sin embargo, adelantó que enmendarían unos aspectos técnicos sobre lo que entiende “limita a los fiscales”.

El Alto Cuerpo aprobó la Resolución del Senado 298, de la autoría del senador Luis Daniel Muñiz Cortes, para ordenar a la Comisión de Desarrollo del Oeste del Senado de Puerto Rico que realice la correspondiente investigación y estudio fiscal y administrativo del Zoológico Dr. Juan A. Rivero en el Municipio de Mayagüez a los fines de establecer todo tipo de medida, dentro de la realidad fiscal de Puerto Rico, para el beneficio y mejoramiento de dicha entidad.

En lo que respecta a los nombramientos, el Senado aprobó que Alfonso Aguilar sea miembro de la Comisión de Igualdad para Puerto Rico, en calidad de representante.

Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo pide auxilio a la Cámara

EL CAPITOLIO  –  El presidente del Consejo Estatal Sobre Deficiencias en el Desarrollo (CEDD), Carlos Molina Román, pidió el jueves, a la Comisión de Educación Especial y Personas con Discapacidad de la Cámara, que preside el representante Rafael “June” Rivera Ortega, que interceda y se pronuncie ante el gobierno federal para tener disponibilidad de los fondos y poder cumplir con sus encomiendas como institución.

“Ante este crítico cuadro nuestras operaciones pueden verse seriamente afectadas. Hacemos constar que se ha realizado múltiples gestiones tanto local como federal para lograr un entendimiento que nos permita la más rápida atención de acuerdo a las realidades fiscales y operacionales. Lamentablemente no hemos obtenido la mejor de las respuestas y en ocasiones ninguna”, expresó Molina Román en declaraciones escritas.

La petición fue hecha durante la primera vista pública de la Resolución de la Cámara 243, de la autoría del representante José Aponte Hernández, para investigar el funcionamiento del Consejo Estatal Sobre Deficiencias en el Desarrollo, a los fines buscar alternativas para mejorar sus operaciones.

El CEDD  ha subvencionado cientos de organizaciones cuyos proyectos van dirigidos a lograr la auto-intercesión, independencia e integración. El mismo recibe sus fondos a través del Departamento de Salud y Servicios Humanos federal y asigna el 70 por ciento de su presupuesto para subvencionar proyectos de organizaciones públicas y privadas para servir a este grupo de personas. Está autorizada por el “Developmental Disabilties Assistance and Bill of Rights Act” y administrativamente asignado a la Junta de Planificación de Puerto Rico para funcionar.

Molina Román, señaló que la institución confronta dificultades en el acceso a los fondos federales que le permitan cumplir con las métricas establecidas.  Especialmente, en estos momentos en que se encuentra en el proceso de implantación del Plan Quincena 2017-2021, que consta de 5 metas, 8 objetivos y 30 actividades.

Según destaca el funcionario, a pesar de las asistencias técnicas ofrecidas, las organizaciones presentan propuestas basadas en sus necesidades particulares que muchas veces no responden al plan estratégico como lo requiere el gobierno federal.

Incluso, destaca que el Consejo se encuentra desde el 2013 en un proceso de reembolso de fondos debido a que fue sometido a un plan de cumplimiento por deficiencias señaladas para el 2012. “Aunque hemos atendido el 76% de los señalamientos, el gobierno federal no ha sacado a Puerto Rico del concepto de alto riesgo”, informó a preguntas del representante Rivera Ortega”.

Asimismo, la directora ejecutiva del CEDD, Myrainne Roa Méndez, expuso que la diferencia de idiomas ha sido una de las razones principales para que el proceso sea tan difícil. Incluso, declaró que en varias ocasiones los representantes del gobierno federal han expresado que es necesario que el CEDD demuestre movimiento de gastos en las cuentas de fondos. 

Cámara establece topes en demandas contra el Estado por discrimen político

EL CAPITOLIO  – La Cámara de Representantes aprobó el jueves, en Sesión Ordinaria, una medida para enmendar la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado en casos de discrimen político y así buscar que el Estado solo page el 50 por ciento del total ordenado, mediante sentencia, cuando esta recaiga sobre cualquier funcionario o exfuncionario del Gobierno de Puerto Rico en su carácter personal por actos que constituyan violación de derechos civiles por discrimen político.

Según la exposición de motivos del Proyecto de la Cámara 730, de la autoría del representante José “Quiquito” Meléndez Ortiz, los casos por discrimen político le cuestan al erario y más aún en estos tiempos que el Gobierno de Puerto Rico enfrenta serios retos fiscales que atentan contra el adecuado funcionamiento gubernamental y afectan adversamente los servicios esenciales que se les ofrecen a los ciudadanos.

“Este proyecto lo que busca es disuadir a ese funcionario que tenga la intención de cometer discrimen contra un empleado… Con esta medida lo que garantizamos es que los movimientos en el gobierno se hagan correctamente y se excluya cualquier tipo de discrimen por razones políticas… esa es mi posición y yo agradezco que sea la posición del Cuerpo Legislativo y que este proyecto se apruebe por unanimidad, para enviar un mensaje que está bueno ya, la política pública del Gobierno de Puerto Rico tiene que ser de cero tolerancia al discrimen por razones políticas”, dijo Meléndez Ortiz en declaraciones escritas.

De otra parte, se avaló el Proyecto de la Cámara 41, del representante José Aponte Hernández, para enmendar la Ley de Juegos de Azary así imponer penalidades más severas a los establecimientos que no posean los permisos y licencias requeridas por la Compañía de Turismo y la Oficina del Comisionado del Comisionado de Instituciones Financieras.

Aponte Hernández, expresó que a pesar de los controles y regulaciones existentes para los juegos de azar, “la realidad es que cada vez es más frecuente encontrar máquinas de entretenimiento que han sido modificadas para convertirlas en máquinas de juegos de azar”.

Seguido, se ratificó el Proyecto de la Cámara 1357, de los representantes Víctor L. Parés Otero, Luis “Junior” Pérez Ortiz y Denis Márquez Lebrón, para realizar enmiendas a la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, a los fines de establecer la obligación de revisar cada tres años los Códigos de Construcción utilizados por el Gobierno.

Márquez Lebrón, uno de los autores de la medida, mencionó que, “el Proyecto de la Cámara 1357 ha sido un proyecto de consenso y con ideas que beneficia al país”.

Se apoyó la Resolución Concurrente de la Cámara 45, también de Parés Otero, para expresar la preocupación por parte de la Asamblea Legislativa en torno a los incidentes delictivos en San Juan y solicitarle a la alcaldesa, Carmen Yulín Soto, y al comisionado de interino de la Policía de Puerto Rico, Teniente Coronel Henry Escalera, evaluar y enmendar los Códigos de Orden Público en aquellas áreas en las cuales se reportan problemas de desorden o convivencia pública.

El Cuerpo Legislativo también favoreció varias resoluciones, entre ellas, la Resolución de la Cámara 344 que investiga las condiciones de las carreteras estatales PR-07, PR-110, PR-459 y PR-467, en jurisdicción del municipio de Aguadilla e identificar la necesidad de realizar mejoras y ampliación de la infraestructura vial para la posibilidad de desarrollar el Aeropuerto Rafael Hernández; la Resolución de la Cámara 411, que analiza la viabilidad para la construcción de un rompeolas en el barrio Guanajibo del municipio de Mayagüez; y la Resolución de la Cámara 250 para estudiar los factores que puedan incidir en los aumentos en los problemas de salud mental en la Isla y divisar alternativas para solucionar o atenuar esta situación.

Asimismo se dio paso a la Resolución de la Cámara 633 para que la Comisión Especial de la Cámara de Representantes de Puerto Rico para la Reconstrucción y Reorganización de Puerto Rico tras el paso de los huracanes Irma y María, investigue el estado en el que se encuentran las tuberías de desagüe y alcantarillas en las principales carreteras y avenidas del municipio de Toa Baja; y la Resolución de la Cámara 646 para examinar y evaluar la implantación de ley que crea la Oficina de Gerencia Municipal, adscrita a la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

A su vez, se consintió con el primer informe parcial de la Resolución de la Cámara 606 para investigar los cargamentos con alimentos y artículos de primera necesidad que llegaron a la Isla y permanecieron detenidos en el Aeropuerto Regional de la Base Ramey en Aguadilla.

En reconsideración se reafirmó el Proyecto del Senado 510, del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que enmienda la Ley de Incentivos Agrícolas de Puerto Rico, a los fines de restituir ciertas disposiciones a los agricultores “bona fide”.

El Cuerpo dio por recibida la designación del licenciado Alfonso Aguilar como miembro de la Comisión de Igualdad de Puerto Rico y de Graciela Eleta como miembro de la Junta de la Junta de Directores de la Corporación para la Promoción de Puerto Rico como Destino Turístico.

La Cámara de Representantes recesó los trabajos hasta el viernes, 26 de enero de 2018 a la 11:00 de la mañana.

Gobierno adoptará nuevo código de construcción para finales de junio 

EL CAPITOLIO – La Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), informó el jueves, que para finales de junio será aprobado un nuevo Código de Construcción en el cual se tomará en cuenta las nuevas realidades climáticas a la que se enfrenta la isla, luego del impacto de los huracanes Irma y María en septiembre del pasado año.

La información fue vertida en vista pública de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía, presidida por el representante Víctor Parés Otero, en la que se analizó una medida que ordena la revisión del Código de Construcción vigente mediante la Resolución Conjunta de la Cámara 243.

La gerente de Salud y Seguridad de OGPe, Evelyn Moya Ginés, señaló que al inicio del cuatrienio, el director de la agencia, Ian Carlo Serna, determinó una revisión al código, que fue reexaminado en el 2011 y que según una Orden Ejecutiva emitida ese año, debía realizarse cada tres años.

Ello para coincidir con las prácticas que se adoptan bajo el International Construction Code (ICC). Según la deponente, en el corriente año ya se realizaron dos reuniones para revisar el código internacional del 2018 y así atemperarlo a las necesidades locales. Aseguró, además, que a esta fecha saldrán los códigos más urgentes tales como los de construcción de edificios y viviendas nuevas, así como la reconstrucción o remodelación de edificios existentes. Para ello, se tomará en cuenta elementos tales como el aumento en la velocidad de los vientos y el hecho que la isla se encuentra en una zona propensa a terremotos.

Por su parte, el licenciado Joel Hernández Alvarado, secretario auxiliar de asuntos legales del Departamento Vivienda, favoreció la medida ante el cuadro de destrucción que se produjo en la isla, luego del paso de dos huracanes, los cuales dejaron 70 mil viviendas totalmente destruidas, según cifras ofrecidas por FEMA. Otras 180 mil resultaron con daños leves a moderados.

De otro lado, el director ejecutivo de la Alianza de Eficiencia Energética, Jorge Molina, favoreció la adopción de la versión más reciente del Código Internacionales de Construcción y recomendó que se legisle para que exista la obligación de se audite y se inspeccionen no solo las edificaciones nuevas, sino las existentes para asegurar que las mismas cumplan con los requisitos de ley.

DTOP eliminará multas de peajes emitidas por cambios en tarjetas de créditos  

EL CAPITOLIO  –  El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), dio a conocer el jueves, que todas las solicitudes de vistas administrativas que están pendientes por el cambio de “chip” en las tarjetas de crédito que las instituciones bancarias han hecho durante los pasados meses, se van a eliminar y atender mediante una Resolución sin tener que pasar por el proceso administrativo.

El anuncio fue vertido por el asesor legal del DTOP, el licenciado Juan Maldonado, durante  la continuación de las vistas públicas de la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara, que preside el representante José Luis Rivera Guerra, como parte del estudio de la Resolución de la Cámara 67 de su autoría, que investiga las multas a los usuarios de los peajes locales y el Proyecto del Senado 642, a los fines de reducir a 15 dólares el pago de 50 dólares por concepto de multa administrativa por no pagar el importe del peaje de AutoExpreso.

A esos efectos, el representante Rivera Guerra sostuvo que la Comisión cierra hoy la investigación que ha liderado por los últimos nueves meses sobre este tema. Sin embargo, adelantó que se atenderá otros temas relacionados mediante otras resoluciones de casos pendientes.

“Estos casos atendidos representan el 45. 7 por ciento de los casos pendientes en el DTOP. Habrá otros casos pendientes, otros que llegarán y otras vistas administrativas que se van a tender con otras resolución”, señaló en declaraciones escritas.

Maldonado agregó que “se les va a estar informando a los ciudadanos que se acoge la petición (de ellos) y que solamente tienen que proceder a pagar el peaje para culminar ese proceso. El ciudadano va a recibir la petición que ya queda resuelto el caso. Va a ir a pagar el importe del peaje nada más a uno de los centros de pago de AutoExpreso o a las facilidades de nosotros del Departamento, y con eso va a poder continuar con su operación”.

A preguntas del representante Rivera Guerra, el funcionario sostuvo que en el caso de los reclamos de los ciudadanos sobre la reincorporación de los pórticos y semáforos en los peajes para mostrar al usuario si tiene balance o está en rojo, dijo que AutoExpreso, al igual que otras jurisdicciones de avanzada, se está moviendo hacia unos pórticos abiertos. Alegó que ello garantiza la reducción de tráfico y accidentes.

No obstante, en contestación en cuanto al llamado tanto de ciudadanía como la Legislatura, mencionó que el DTOP está comprometido en buscar alternativas con las estructuras existentes. Sin embargo, apuntó que “no hay una determinación final, pero sí un compromiso con el presidente de la Comisión para atender esta situación. Pero, conlleva costos económicos, diseño e infraestructura. No es algo que se puede responder en este momento, pero se está atendiendo”.

Rivera Guerra expresó que finalmente el DTOP entendió la intención legislativa en cuanto a la reinstalación de los semáforos, que fue una propuesta suya.  Añadió entender que Puerto Rico quiere estar en el proceso de nueva tecnología y carreteras más seguras, “pero no es menos cierto que tenemos que ofrecerle al ciudadano diferentes mecanismos de poder acceder a las autopistas a Puerto Rico y en ese aspecto informar el balance al ciudadano es crucial”.

El CEO de Metropistas, Gonzálo Alcalde, agregó que se evalúa la posibilidad de una opción técnicamente viable, como podría ser la de reutilizar algunas de las vías de carga disponibles para instalar semáforos.

Asimismo, el vicepresidente de Operaciones de Peaje de Gila LLC, Luis Alberto Sánchez, denunció que varias compañías de celulares están bloqueando los mensajes de los cuentahabientes de AutoExpreso para informarles sobre sus balances o alertas. Por lo tanto, pidió el auxilio de la Comisión para intervenir en el bloqueo que supuestamente algunas compañías de celulares. Rivera Guerra, dio instrucciones para investigar la denuncia, así como las gestiones hechas por Gila para comunicarse con estas empresas.

De otra parte, el funcionario sometió a la Comisión los datos requeridos en una audiencia pública previa sobre el desglose del número de usuarios en los peajes de Puerto Rico durante el año 2017. Por lo que informó que el total de cuentahabientes de AutoExpreso es de 3,061,659.

Añadió que el número total de transacciones de peaje en Puerto Rico para el año en cuestión alcanzó la cifra de 257,771,169, distribuido en los operadores de autopistas Dynamic Toll Lanes (DTL) con un 84 por ciento; Metropistas 52.85 por ciento; Municipio de Guaynabo (MOG) .70 por ciento;  Autoridad de Carreteras y Transportación  (PRHTA) 43.80 por ciento y  el Puente Teodoro Moscoso (TMB) 1.81 por ciento.

Mientras, la licenciada Nilda Gago Suárez, asesora del Departamento de Hacienda, indicó que la cantidad cobrada por concepto de multas de peajes de AutoExpreso correspondiente a enero de 2017 hasta diciembre de 2017 alcanzó la cifra de 14,903,446.42 dólares. Indicó que Hacienda no recibe fondos de los dineros producidos por los peajes.

Asociación Americana de Estadísticas exige a Rosselló que no desmantele el Instituto de Estadísticas

 

SAN JUAN ) – La Asociación Americana de Estadísticas, conocida como la American Statistical Association (ASA) divulgó el jueves, una petición cibernética titulada Cuentas claras: Preservemos la autonomía y la imparcialidad del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico en la cual hace un llamado tanto al gobernador Ricardo Rosselló como a los miembros de la Legislatura a desistir de la transferencia de las funciones del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR) al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico para eventualmente externalizar todas las funciones estadísticas del Gobierno de Puerto Rico.

La petición de la ASA hace referencia específica al Plan de Reorganización Núm. 1 y al Proyecto del Senado 809, el cual fue publicado ayer y firmada por cinco científicos de entidades prestigiosas como Harvard T.H. Chan School of Public Health y Yale University.

Además, enfatiza que esta medida “desmantelaría al IEPR y su autonomía, y pondría en riesgo los análisis estadísticos transparentes e imparciales que son críticos para el funcionamiento de Puerto Rico y para la toma de decisiones en todos los sectores de la sociedad, públicos y privados.”

A estos efectos, el director ejecutivo del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, doctor Mario Marazzi-Santiago, insistió en que en todas partes del mundo se reconoce la necesidad de que las estadísticas oficiales se preparen por entidades gubernamentales independientes para que puedan realizar sus funciones de manera totalmente desligada de las influencias políticas.

“El Gobierno de Puerto Rico tiene un historial largo de producir, divulgar y presentar estadísticas amañadas, desactualizadas, malinterpretadas, incompletas, y luego no se provee acceso a las fuentes de información para que la información se pueda verificar, ya sea por el ciudadano o por un congresista.  La realidad es que las estadísticas son tema serio y ya es hora de que nuestro Gobierno las tome en serio, particularmente si quiere atender su propio problema fiscal”, expresó Marazzi Santiago en declaraciones escritas.

Marazzi Santiago aseguró que no hay manera que la propuesta reorganización del Instituto de Estadísticas, como un programa dentro del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio o externalizado por este, resuelva el problema serio de confiabilidad y credibilidad que tiene el Gobierno de Puerto Rico con sus estadísticas.

“Agradecemos la gesta de la American Statistical Association (ASA) para crear un vehículo que permita a los usuarios de datos expresarse públicamente sobre la reorganización propuesta”, sostuvo el Dr. Marazzi-Santiago.

El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico es una entidad gubernamental autónoma con la encomienda de coordinar el servicio de producción de estadísticas del Gobierno para asegurar que los sistemas de recopilación de datos yestadísticas, en los que se basan las políticas públicas, estén completos, sean confiables y de acceso rápido y universal. El Instituto posee en su inventario, accesible a través de  www.estadisticas.pr, sobre 300 productosestadísticos. Además, es custodio y provee acceso a sobre 100 conjuntos de datos o “data sets” por medio de www.data.pr.gov y a sobre 40 tablas y más de 6 mil indicadores a través de: www.indicadores.pr.

Rosselló Nevares firma leyes en favor de los adultos mayores

SAN JUAN (CyberNews) – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó el jueves, varios proyectos de ley que viabilizarán programas dirigidos a mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores.

Durante la firma de estos proyectos —que se llevó a cabo en el Hogar San Agustín y Teresa de Río Piedras— el primer mandatario afirmó que para el Gobierno es de alta prioridad la atención a la población de personas de la tercera edad, así como la provisión de servicios para mejorar su calidad de vida.

“Estas personas vulnerables requieren de atención y sensibilidad aún en momentos de grandes retos fiscales. Nuestra Administración tiene una gran responsabilidad y el fiel compromiso de continuar desarrollando e implantando nuevos programas que ofrezcan una mejor calidad de vida para quienes tanto han aportado a nuestra sociedad”, expresó Rosselló Nevares en conferencia de prensa.

El gobernador firmó el Proyecto de la Cámara 503 —de la autoría del representante Rafael “June” Rivera Ortega— que ordena al Departamento de la Familia publicar en Internet el registro de establecimientos para personas de edad avanzada, tales como centros de cuidado diurno, centros de actividades múltiples, hogares sustitutos y hogares de cuidado diurno, así como cualquier querella final y firme en contra de estos establecimientos.

Mientras, el Proyecto de la Cámara 76 de la autoría del representante José Aponte requiere a las ramas del Gobierno informar anualmente a la Oficina del Procurador del Veterano los beneficios y servicios para los veteranos con el fin de publicarlos en su página web.

El Proyecto del Senado 110 del senador Ángel “Chayanne” Martínez crea un registro de voluntarios para el cuidado de pacientes con Alzhéimer.

Finalmente, con el Proyecto del Senado 646 —medida que presentó el primer ejecutivo— se crean varios programas para atender los Centros de Apoyo y Rehabilitación de Adultos Mayores (CARE) que ofrecerán servicios tales como: transportación, cuidado personal, lavandería, rehabilitación, destrezas sociales, consejería a los cuidadores, programas de nutrición, apoyo psicosocial y manejo de condiciones médicas específicas, entre otros servicios claves.

También, se instaurará el programa Abuelos Adoptivos que busca proveer cuidadores a niños que estén en espera de adopción.

Asimismo, Age in Place procura transformar y planificar comunidades en Puerto Rico que estén aptas para nuestros adultos mayores a fin de que disfruten de una calidad de vida saludable, digna, con disponibilidad y con acceso de servicios.

El programa Empresarismo Master proporcionará alternativas de incentivos económicos y otras herramientas a los adultos mayores para que puedan emprender sus propios negocios y así fomentar la creación de pequeñas y medianas empresas que incentiven e impulsen la economía.

Este programa identificará las organizaciones sin fines de lucro que se dedican a capacitar y educar a esta población para que establezcan su propio negocio por medio de la innovación.

Por otro lado, Vida Plus es un programa que busca readiestrar y reemplear a la población de adultos mayores que se encuentra jubilada, para que ofrezcan servicios tales como: auxiliar en el hogar, cuidadores en hogares de niños y envejecientes, acompañantes a citas médicas y hospitales, labores en centros de cuido, trabajos de oficina y otras tareas.

Vida Plus podrá ayudar a complementar sus ingresos, los cuales pueden ser útiles para cubrir gastos de alimentos, deducibles de medicamentos, luz y agua, entre otros.

De igual forma, el programa Techo Dorado ayudará a la población de adultos mayores o con discapacidad a completar las reparaciones de emergencia o menores que necesiten en el hogar principal.

Las reparaciones incluyen arreglos eléctricos o de tubería, rehabilitación de techo, y reemplazo o rehabilitación de puertas y ventanas. También se adaptarán viviendas con rampas de acceso y baños apropiados para los mismos.

Se identificarán fondos federales para llevar a cabo el programa y, a su vez, se trabajará para maximizar el uso de créditos contributivos federales a fin de incentivar y fomentar el desarrollo de vivienda residencial de alquiler.

Por otra parte, el programa Vivienda Asistida establecerá una alianza entre la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda y el Departamento de Salud con el propósito de identificar edificios del Gobierno en desuso que se puedan modernizar y convertir en complejos de vivienda asistida para personas adultas con discapacidad física o intelectual que necesiten asistencia mínima en su diario vivir.

Se establecerán alianzas con municipios, organizaciones de base comunitaria y organizaciones del tercer sector a fin de ofrecer servicios de transportación para citas médicas, desarrollo de destrezas de vida independiente, actividades sociales, manejo de casos y coordinación con servicios externos.

Finalmente, el programa Égidas del Siglo 21 rehabilitarán y modernizarán las égidas de vivienda pública para garantizarles una vivienda digna y segura.

Durante la firma de los proyectos, el gobernador estuvo acompañado de la secretaria del Departamento de la Familia, Glorimar Andújar; la procuradora de las Personas de Edad Avanzada, Carmen Delia Sánchez; el director de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC), Jesús Vélez; y el representante y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía, Víctor Parés.

Gobernador asegura el DRD no se va a consolidar

SAN JUAN (CyberNews)- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares rechazó el jueves que vaya a fusionar el Departamento de Recreación y Deportes con el Departamento de Educación.

“Para mí esto es una gran sorpresa. ¿Ustedes saben que nosotros no hemos sometido ningún plan de consolidación del DRD? Y por las últimas 24 horas se ha estado hablando de que se rechaza ese plan de consolidación. ¡Es que no hace sentido! Yo no he sometido ningún plan de consolidación del DRD o que me lo enseñen”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

Rosselló Nevares si mencionó que contempla eliminar la Compañía de Parques Nacionales de la jurisdicción del DRD.

El miércoles el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, sostuvo- en una vista pública- que le comunicó al gobernador que no iba a aceptar que se presente un plan de consolidación para el DRD.

Luego de la renuncia de Andrés Waldemar Volmar Méndez como secretario del DRD, Rosselló Nevares nombró para sustituirlo a la voleibolista Adriana Sánchez Parés.

Representante refiere a las autoridades al alcalde de Utuado por pago de horas extra a empleados de confianza

EL CAPITOLIO – El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) Michael “Abid”Quiñones Irizarry anunció el jueves que le envió una carta a la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez, al director del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Douglas Leff y a la directora de la Oficina de Ética Gubernamental, Zulma Rosario, para que investiguen al alcalde de Utuado Ernesto Irizarry.

“Para que responda a varias alegaciones de posibles violaciones a la ley, en lo que es la respuesta del municipio al azote del huracán María en su municipio”, dijo el representante en conferencia de prensa.

Según el legislador, el alcalde autorizó el pago de horas extras al administrador del Ayuntamiento, a la directora y subdirectora de Finanzas, al director de la Oficina de Recreación y Deportes y a la directora de Recursos Humanos.

“Se les hizo una nómina especial para supuestamente pagarle horas extras trabajadas, mientras que otros que verdaderamente trabajaron no cobraron o cobraron mucho menos”, mencionó.

El legislador alega que mientras hubo empleados de Manejo de Emergencias Municipal que trabajaron sin descanso durante la emergencia del huracán, se les hizo un pago por concepto de horas extras entre dos mil a tres mil dólares, mientras que al administrador de la ciudad (Leonel Valle) le pagaron 11 mil dólares.

“Resulta inverosímil que haya recibido ese pago por concepto de horas extras. Es increíble y escandaloso. Eso es un bochorno”, sentenció.

Quiñones Irizarry radicó además una resolución de investigación sobre el particular.

Por su parte, el alcalde del municipio de Utuado, Ernesto Irizarry dijo el jueves que las alegaciones del representante Michael Abid Quiñones sobre supuesta corrupción gubernamental, le divirtieron.

“Me divertí mucho al escucharlo porque el representante estaba más perdido que un juey bizco”, dijo el alcalde Irizarry a Red Informativa.

“Me pueden referir al FBI, al FEI, a Justicia, a Ética, al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, a donde sea, porque yo tengo el récord limpio”, añadió.

Aunque no lo descarta, la venta de activos de la AEE no incluye PREPANET, dice gobernador

SAN JUAN (CyberNews) – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares dijo el jueves que, aunque no lo descarta, la venta de activos y la concesión de otras propiedades de la Autoridad de Energía Eléctrica no incluye PREPANET.”PREPANET nosotros lo vemos aparte. Si es un gran activo del Gobierno y si se puede contemplar”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

PREPANET es una subsidiaria de la Autoridad de Energía Eléctrica, encargada de la venta de internet con el uso del sistema de fibra óptica. Los proveedores de internet en Puerto Rico han cabildeado y han sido exitosos en la aprobación de medidas que limitan la capacidad de PREPANET de entrar en el mercado.

De otra parte, el primer ejecutivo le solicitó a los legisladores que viabilicen que las corporaciones públicas, sobre todo la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) puedan utilizar fondos de una futura línea de crédito para que pueda continuar en operaciones.

“Tenemos una Autoridad de Energía Eléctrica que no va a tener dinero para los contratistas que están montando los postes, que se pueden ir. No va a tener dinero para la nómina. Y no va a tener dinero para el combustible. ¿Cuál es el resultado de eso si no se toma acción? Que no va a haber luz. Estamos en la mejor disposición de colaborar con la Asamblea Legislativa, para encontrar un mecanismo. Pero el mecanismo se tiene que encontrar ya”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

A principios del mes de enero, Rosselló Nevares presentó ante la Legislatura un proyecto de ley que pretende reglamentar- con carácter de urgencia-el uso de hasta 4 mil millones, que el Tesoro de los Estados Unidos le daría en una línea de crédito a a las corporaciones públicas para darle liquidez.

“Mi expectativa es que la Asamblea Legislativa tomen acción y que el pueblo sepa que de esa acción depende si nos quedamos sin dinero y, por lo tanto, no tenemos combustible y se apagan generadores o si podemos en el proceso de desarrollo”, añadió.

Según Rosselló Nevares, no se puede utilizar como argumento en este proceso, que la aprobación del reglamento implique que otras partidas del presupuesto se verán afectadas.

“Yo le pido a los legisladores que estén conscientes de lo que esto implica. Que estén conscientes de que se tiene que tomar acción y este es el vehículo para poder hacerlo. Argumentos como de que esto le quita fondos a alguien para dárselos a otro, no aplica. Vamos a tomar acción porque es una emergencia si Puerto Rico se queda sin los recursos para comprar combustible para pagar los contratistas y para el pago de la nómina”, sentenció.

El pasado martes el gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció que para ahorrar combustible, se apagarían las unidades de ciclo combinado en la planta de Aguirre en Salinas y las unidades pico de Cambalache en Arecibo.

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