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Gobierno y Política hoy en Puerto Rico

Senado va sobre el veto del gobernador al Proyecto Senatorial de Ley de Menores

EL CAPITOLIO  – Con 22 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenidos, el Senado aprobó el martes, que ir por encima del veto expreso del gobernador Ricardo Rosselló Nevares al Proyecto del Senado 489, que enmienda la Ley de Menores.

La Ley requiere que para ir sobre el veto de un gobernador se cuente con al menos 2/3 parte del cuerpo, entiéndase con 20 votos.

“Tenemos la intención inequívoca de respaldar el Proyecto del Senado 489 eso debe quedar absolutamente claro en el récord legislativo”, dijo Rivera Schatz en declaraciones escritas, previo a explicar claramente el proceso para ir sobre el veto del gobernador tomando en consideración la Constitución de Puerto Rico, el Código Político y muy en particular el Diario de Sesiones de la Comisión Constituyente. Fue sobre este último que Rivera Schatz basó mayormente su explicación.

Rivera Schatz, 13 senadores de la Mayoría así como los miembros de las delegaciones del Partido Popular Democrático (PPD), Independentista Puertorriqueño (PIP) y el propio Vargas Vidot votaron a favor. Mientras, que votaron en contra de ir por encima del veto del gobernador las senadoras Margarita Nolasco Santiago, Zoé Laboy Alvarado y los senadores Abel Nazario Quiñones y Miguel Romero Lugo. Se abstuvieron las senadoras Migdalia Padilla Alvelo e Itzamar Peña Ramírez.

En el transcurso de la tercera Sesión Ordinaria, el portavoz de la Mayoría Carmelo Ríos Santiago anunció entre que los Mensajes y Comunicaciones de Trámite Legislativo el gobernador Rosselló Nevares impartió un veto expreso a los Proyectos de la Cámara 1035, 1036 y el Proyecto del Senado 489; los cuales buscan enmendar la Ley de Menores de Puerto Rico.

La medida debe ser aprobada por la Cámara de Representantes para que se convierta inmediatamente en Ley. El Proyecto del Senado 489 establecería que la jurisdicción del Tribunal de Menores sea ejercida sobre los menores entre 13 a 18 años de edad. Además, contempla otras enmiendas a la Ley de Menores del País y las Reglas de Procedimientos para Asuntos de Menores.

Según dispuesto en la pieza senatorial se eliminaría que el menor comparezca ante los tribunales encadenado y establecería la prohibición a confinamiento solitario, no obstante se regularía el uso excepcional de las restricciones mecánicas “esposas”. Esto, aunque tanto la Policía de Puerto Rico como el Departamento de Justicia durante el proceso de las vistas públicas expresaron que el uso de restricciones mecánicas debe ser a discreción del Tribunal y debería prevalecer como está por motivos de seguridad, esta pieza lo eliminaría.

Asimismo, se usaría la mediación como método alterno para la solución de conflictos en los procesos de menores y se establecería que la presentación de un informe social deberá permanecer fuera del expediente del tribunal hasta la adjudicación del caso, entre otras medidas.

Como una iniciativa unánime, la autoría de esta medida la comparten senadores tanto de mayoría, como de minoría e independiente; José Vargas Vidot, Carmelo Ríos Santiago, Henry Neumann Zayas, Larry Seilhamer Rodríguez y Eduardo Bhatia Gautier.

Senado liderará investigación sobre situación de los viequenses

La aprobación por unanimidad de la Resolución del Senado 568, de autoría de los senadores Venegas Brown, Nazario Quiñones y Correa Rivera ordenaría una investigación sobre la situación fiscal y social que enfrenta la isla municipio de Vieques y el uso y manejo de fondos federales que le han sido asignados, con el fin de establecer un plan concreto y viable para el desarrollo económico sostenible de la Isla Nena.

La medida detalla que hace 2 años la situación de los viequenses viene en deterioro, al punto de mencionarse el despido de los empleados municipales. Además, de que ya se ha reducido la jornada laboral y los servicios que reciben de las agencias gubernamentales. “El panorama que enfrenta este ayuntamiento es tan complicado que, desde hace meses, la alcaldesa no cuenta con servicio telefónico, por no tener dinero para pagar el mismo,” reza. Además, se señala que ante el paso del Huracán María el CDT quedó inoperante, sumando a esto la falta de energía, agua potable, escasez de alimento y combustible, así como la falta del sistema de comunicaciones, ha dificultado su recuperación. “No conforme a esto, los viequenses ahora enfrentan las disputas entre altos funcionarios municipales, con señalamientos sumamente serios,” añade.

En el debate de la medida, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, dijo que la pieza legislativa responde al hecho de querer “ayudar, colaborar y participar en la reconstrucción” de Vieques sin una agenda política.

“Venir aquí  (al Senado) y arrojar dudas sobre lo que los legisladores que representan la isla municipio han planteado en el ánimo de ayudar y en un tono amigable demuestra de qué se trata la filosofía del liderato de turno del Partido Popular Democrático (PPD). Aquí de lo que se trata es de ayudar a la gente de Vieques. De hecho la Isla de Vieques y Culebra, en la última asignación de fondos, fueron las que más dinero recibieron. Queremos ayudar a la gente de Vieques a los que son de un partido y de otro. En fin, a los que viven allí”.

Ante las denuncias presentadas por el senador Eduardo Bhatia Gautier sobre el porqué la medida se enfoca en Vieques, Rivera Schatz aclaró que tras el paso del huracán María, solamente en Vieques la legislatura municipal solicitó la destitución del alcalde.

“De los 78 municipios de Puerto Rico hay 45 bajo la bandera del Partido Popular Democrático (PPD) y 33 en bajo la insignia de la Palma y solamente en uno la Asamblea Municipal solicitó unánimemente la destitución del alcalde nada más y nada menos que por negligente e incompetente. Eso lo dijeron ellos”, dijo el presidente senatorial en la defensa de la medida.

Por su parte, el senador independiente José Vargas Vidot, quien pidió ser coautor de la pieza, indicó que la importancia de esta investigación va por las particularidades que viven los viequenses, los cuales van desde el ordenamiento geográfico y el uso de transportación marítima para accesar servicios y recursos. Asimismo, la senadora popular Rossana López, quien adelantó que votaría a favor, dijo la situación que viven las islas municipios Vieques y Culebra es una de crisis humanitaria, “Culebra no tiene farmacia. Hay 11 puntos de drogas en Vieques,” reveló.  El senador por el Distrito de Arecibo, Angel “Chayanne” Martínez pidió ser coautor de la medida.

La Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas del Senado, que preside Rivera Schatz liderará esta investigación que tendrá 90 días para rendir un informe sobre los hallazgos y recomendaciones.

“El escenario fiscal que se ha descrito nos obliga a ir al Congreso a solicitar ayuda, pero antes debemos investigar y aclarar una serie de interrogantes sobre el uso y manejo que se le ha dado al presupuesto del Municipio, a los recaudos, y sobre todo, a los fondos federales que le han sido asignados para brindarle servicios directos a los viequenses. Es importante investigar las quejas sobre la falta de servicios por parte del Ejecutivo municipal a sus constituyentes. En momentos en que reclamamos ayuda para los ciudadanos viequenses, no podemos permitir la mal utilización de fondos federales, estatales o municipales por parte de su primer Ejecutivo,” concluye.

Vieques tiene una población de 9 mil residentes. El presupuesto para el año fiscal 2017-2018 del Municipio es de $10 millones, lo que representa una reducción de alrededor de $3 millones en comparación con el presupuesto para el año fiscal 2016-2017. El ayuntamiento es la mayor fuente de empleo por lo que gran parte de su presupuesto se utiliza para nómina. Para agosto del 2017, la tasa de desempleo rondaba el 13%. Sobre 3,600 viequenses están acogidos al plan gubernamental de cubierta médica “Mi Salud”.

Avalan “proceso claro” para notificar a los alcaldes, en caso de acciones contra los municipios

Por otra parte, la Cámara Alta aprobó un proyecto del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que surgió como parte de los reclamos de los alcaldes de ambos partidos durante la Cumbre Municipal celebrada en agosto del año pasado. Se trata del Proyecto del Senado 746 que enmienda varios incisos de la Ley de Municipios Autónomos a los fines de establecer de forma “clara e inequívoca” el proceso de notificación a los ejecutivos municipales, requerido en casos de reclamaciones contra los municipios.

Con la aprobación de esta medida senatorial se establece que toda reclamación de cualquier clase contra los municipios por daños personales o a la propiedad ocasionados por culpa o negligencia de los ayuntamientos deberá presentarse con una notificación por escrito dirigido a los alcaldes mediante correo certificado a la dirección de la alcaldía o entregarlo personalmente en las oficinas de los ejecutivos municipales durante horas laborables.

La referida notificación deberá presentarse en un periodo de 90 días siguientes a la fecha en la que el reclamante tuvo conocimiento de los daños reclamados. Si la persona está incapacitada mentalmente o físicamente y/o se ve imposibilitada de tramitar la notificación en dicho periodo no quedará sujeto al cumplimiento del mismo por lo que deberá realizar dicha notificación en un máximo de 30 días siguientes a la fecha en que cese la discapacidad.

Actualmente, la Ley de Municipios Autónomos establece que en la comunicación debe incluirse la fecha, lugar, causa y naturaleza general del daño sufrido, la cuantía de la compensación monetaria o el remedio adecuado al daño sufrido. También, los nombres, direcciones de testigos y la dirección del reclamante, y en caso de daños a la persona, el lugar dónde recibió tratamiento médico en primera instancia.

Se desprende del informe positivo de la medida, que durante la Cumbre Municipal se identificó como una necesidad “apremiante” aclarar la forma de notificar a los municipios cuando una persona presenta reclamaciones por daños y servicios a través del Tribunal. Según alegaron los integrantes del grupo, en ocasiones, las administraciones municipales no tienen conocimiento de las reclamaciones por daños que están en los tribunales ya que en ocasiones las notificaciones a los alcaldes son tramitadas a través de agencias de gobierno y no directamente con los municipios.

Las siguientes medidas fueron aprobadas

Los Proyectos del Senado 65, 595, 652, 746, 800; la Resolución Conjunta del Senado 169; la Resolución del Senado 336, 384, 414.

El próximo día de sesión ordinaria será el lunes 22 de enero a la 1:00 de la tarde.

Secretario del DTOP atiende inquietudes de representantes en caucus convocado por Johnny Méndez

“Eso se cuestionó y se discutió y el secretario nos informó, y la gran mayoría de los representantes se fueron complacidos con la explicación y se lo van a notificar a los alcaldes”, expuso Méndez Núñez a preguntas de la prensa.

El líder cameral expresó que Contreras fue cuestionado por las quejas de alcaldes de la montaña en el sentido de que la agencia había sido un escoyo en la reparación de carreteras y recogido de escombros.

De otra parte, Méndez, mencionó que la condición de isla atrasa los trabajos de reparación de puentes y carreteras.

“Nuestra condición de isla nos atrasa”, dijo en el sentido que a la medida que el flujo de barcos que llegue a la isla eventualmente aumentará el inventario de semáforos, por ejemplo.

Por su parte,  Contreras comentó que la información que le brindo a los legisladores presentes en el cónclave es la misma que se publicó la pasada semana, donde se informó que hay 1,200 intersecciones con semáforos, de las cuales 615 están funcionando, 202 donde se realizaron las reparaciones, pero están sin energizar, y hay semáforos que tardaran en colocarse ya que sufrieron danos mayores con el ciclón María.

Secretario de la Vivienda detalla proceso de subasta para programa federal “Tu Hogar Renace”

SAN JUAN  – El secretario del Departamento de la Vivienda (DV), Fernando Gil Enseñat detalló el martes, sobre la adjudicación de los contratos para la implantación del programa “Tu Hogar Renace, a ser sufragados con fondos de recuperación asignados por FEMA.

“En el Departamento de la Vivienda, todos los procesos administrativos se realizan conforme a la ley y los reglamentos aplicables, velando siempre por la mejor utilización de los fondos públicos. Además, para nuestra administración, la transparencia es vital en el otorgamiento de todo contrato. En el DV nos reiteramos en que, para garantizar el mejor interés público, siempre cumplimos con todas las reglamentaciones federales y estatales”, dijo el funcionario en declaraciones escritas.

Explicó que el Programa federal “Tu Hogar Renace” ofrecerá ayuda y asistencia a decenas de miles de familias que necesitan realizar reparaciones menores de emergencia en sus viviendas, tras el paso de los huracanes Irma y María para que estas se conviertan en seguras, habitables y funcionales.

“El proceso competitivo promovido por el DV para la adjudicación del contrato de gerencia de proyecto incluyó una evaluación a los dos mejores proponentes, con la capacidad, habilidad y pericia para realizar los servicios. Se determinó que ambas empresas están técnicamente empatadas, pero la adjudicación al contratista seleccionado implica un ahorro de 21 millones de dólares en fondos federales”, detalló.

“La impugnación de AECOM solicita que el Estado pague más de 20 millones de dólares adicionales por los mismos servicios, sin producir un valor añadido para el proyecto”, añadió.

“En cuanto al contrato otorgado a la empresa Adjusters International, Inc., no realizaremos expresiones adicionales hasta que el asunto, que ha sido impugnado por su principal competidor, sea resuelto por los foros pertinentes”, dijo.

“Es importante resaltar que los argumentos sobre los cuales el proponente perdidoso levanta controversia, y los cuales serán adjudicados oportunamente por los foros correspondientes, no inciden en la capacidad técnica o el precio de la compañía seleccionada”, concluyó.

Aval a proyecto que prohibiría a convictos de delitos sexuales brindar servicios directos a menores

EL CAPITOLIO  – La Comisión de Seguridad Pública, presidida por el representante Félix Lassalle Toro, inició el martes, el análisis del Proyecto de la Cámara 693, para enmendar la ley que crea el Registro de ofensores sexuales, con el propósito de prohibir que las personas convictas por delitos de naturaleza sexual puedan proveer servicios a menores.

El presidente de la Comisión manifestó en declaraciones escritas que este proyecto “es uno en el que todos estamos de acuerdo, para buscar la manera de proteger a nuestros niños de personas que han estado involucradas en este tipo de delitos. Por otro lado, entiendo que es meritorio estudiar las enmiendas que han presentado para que la prohibición sea específicamente para servicios directos a menores”.

Explicó que, durante los trabajos, la licenciada Charlene Rivera quien es asesora legal del Departamento de la Familia, se pronunció a favor de la medida y recomendó que dicha prohibición se limite únicamente a profesiones que provean servicios directos a los menores. Expresó que de esa manera se protege a esta población vulnerable, a la vez que le da oportunidad de reinsertarse en la sociedad a las personas que extinguieron su condena por estos delitos.

Por su parte, la licenciada Estrella Mar Vega Soto, asesora legal del Departamento de Seguridad Pública, dio a conocer la posición del secretario Héctor Pesquera, quien favoreció el proyecto que complementaría las leyes actuales que hacen extensiva tal prohibición a cualquier otro servicio que se les ofrezca a los menores de edad. Mientras, que el Departamento de Justicia sometió una ponencia en la que apoya la medida y sugiere establecer una prohibición de forma generalizada.

De otro lado, el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Erik Y. Rolón Suárez, se solidarizó con la iniciativa “ya que restringe a los ofensores sexuales a estar cercanos a menores de edad y aporta al objetivo de lograr que nuestros menores de edad estén más seguros al asistir a su escuela”.

Por otro lado, la presidenta de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP), licenciada Mercedes Peguero Moro

Presidente Comisión de Agricultura pide prioridad para energizar vaquerías en el norte

“Hago un llamado de urgencia al señor González para que brinde prioridad a restablecer la luz en sectores donde ubican las vaquerías de la región norte, particularmente en el pueblo de Hatillo. Existe una gran urgencia de energizar estas áreas para que así se pueda aumentar la producción de leche local, ayudar a los ganaderos evitando posibles cierres y pérdida de empleos, al igual que asistir a mover la economía de toda esta región, la cual ha estado estancada tras el azote de maría en el mes de septiembre”, mencionó el legislador del Partido Nuevo Progresista en declaraciones escritas.

Entre los sectores que ubican las vaquerías que el legislador estadista pidió que se priorizaran en las labores de recuperación del sistema eléctrico se encuentran Corcovada, Verdum, Naranjito, Los Rosa, Carrizales,

Así también como el barrio San Antonio, de Quebradillas y la Yeguada y Cibao en el municipio de Camuy.

“Esto es un asunto urgente. Estas vaquerías empelan a cientos de puertorriqueños y producen la leche que se consume en todos los supermercados y establecimientos de la isla. Estas fincas no han recibido la electricidad desde que María impactó el 20 de septiembre. Esto ha afectado la cadena completa. So no se hace algo rápido, se colocan en juego cientos de empleos directos y mies más indirectos. Por eso pedimos la intervención de la AEE. Sabemos que los empleados dependen de esto, y por eso estamos para trabajarlo de manera expedita”, señaló Franqui Atiles.

Presentan legislación para tipificar como delito grave bloquear el paso de transportistas privados

EL CAPITOLIO  – El representante José ‘Che’ Pérez Cordero informó el martes que presentó legislación para establecer que constituirá restricción a la libertad agravada el bloquear o entorpecer intencionalmente el flujo vehicular mientras se hace uso de cualquier tipo de transportación pública o privada, ya sea de forma gratuita o mediante paga.

Pérez Cordero explicó que se trata del Proyecto de la Cámara 1348 a los fines de enmendar el artículo 156 del Código Penal de Puerto Rico que actualmente dispone que “toda persona que restrinja a propósito o con conocimiento y de forma ilegal a otra persona de manera que interfiera sustancialmente con su libertad, incurrirá en delito menos grave.”

“Han sido numerosos los casos reportados donde se restringe la libertad de conductores, turistas o ciudadanos locales por hacer uso de algún método privado de transporte. Dichas actuaciones, más allá de lacerar la imagen de Puerto Rico como un destino turístico seguro y confiable, constituyen actos que deben ser penalizados, pues se atentan gravemente contra la libertad, movilidad y seguridad de terceros inocentes que solo interesan transportarse dentro de nuestras demarcaciones territoriales”, sostuvo el representante en declaraciones escritas.

Añadió que buscan tipificar como delito grave estos incidentes ya que muchos de los casos documentados han incluido severos daños a la propiedad, laceraciones físicas de gravedad, y amenazas.

“Estos son actos criminales que deben tener mayores consecuencias, más aún ante la falta de acuerdos finales sobre el reglamento de los taxistas y conductores de las redes de transporte privado”, sentenció.

Detalló que el Código Penal de Puerto Rico contiene en sus disposiciones el artículo 155 y 156, que regulan el delito de Restricción a la Libertad y Restricción a la Libertad Agravada. Dichos artículos establecen que “toda persona que restrinja a propósito o con conocimiento y de forma ilegal a otra persona de manera que interfiera sustancialmente con su libertad, incurrirá en delito menos grave.” Constituirá delito grave si concurren ciertas circunstancias que agraven el hecho, según establecido en el artículo 156.

“Por tanto, el bloquear o entorpecer intencionalmente el flujo vehicular mientras se hace uso de cualquier tipo de transportación privada, debe constituir restricción a la libertad de la persona, en su modalidad de restricción a la libertad agravada. Con este tipo de acción, estamos protegiendo la integridad personal y seguridad, tanto del conductor como del usuario común, en su mayoría turistas y terceros inocentes”, afirmó el legislador.

La medida dispone que se impondrá pena de reclusión por un término fijo de tres años.

Proponen garantizar vigencia de la Ley de Análisis de ADN Post Sentencia

“Esta pieza legislativa enmendaría el Artículo 4 de la ley para que la presentación de una solicitud de análisis de ADN no esté sujeta a ningún término jurisdiccional. “Así garantizamos el acceso de quienes, por alguna razón u otra se encuentran cumpliendo penas por delitos que la ciencia y la tecnología pueden demostrar que no cometieron. Asimismo, fortalecemos los preceptos de justicia que debemos llevar como sociedad bajo la Constitución de los Estados Unidos de América y la Constitución de Puerto Rico”, dijo el presidente de la Comisión senatorial de Gobierno en un comunicado de prensa.

“Esta es, sin lugar a dudas, una ley de avanzada que en Puerto Rico ya ha mostrado efectividad, permitiendo que resultados de pruebas de ADN revoquen convicciones penales. En esas instancias, la referida prueba genética ha demostrado que no había evidencia de la presencia física de la persona convicta en la escena del crimen”, agregó.

Por otra parte, el senador novoprogresista sostuvo que su proyecto también propone enmendar el Artículo 21 para dejar claro que cualquier solicitud de nuevo juicio fundamentada en un análisis de ADN deberá presentarse dentro de los 45 días siguientes a la fecha en que se recibieron los resultados de la prueba de ADN solicitada.

“De esta manera brindamos un marco certero en cuanto a cuándo comienza a transcurrir el tiempo para solicitar un nuevo juicio tras la obtención de evidencia fundamentada en las pruebas de ADN, que por la referida ley se autorizaron”, manifestó Romero Lugo.

Para el senador, “con la presente legislación se evita que la Ley 245-2015 sea interpretada de una forma restrictiva y que retrocedamos en los avances que hemos alcanzado en nuestro sistema penal con la introducción de pruebas genéticas que nos ayudan en la busca de la verdad y la justicia. No podemos olvidar que jamás existirá una compensación adecuada que logre resarcir los daños que produce el haber estado en prisión por un delito no cometido”.

Hasta ahora, detalló el senador, tres convicciones han sido revisadas con la Ley 246 y otros tres casos esperan por acción. Por ejemplo, el caso de mayor relevancia en Puerto Rico fue el de los exconvictos Nelson Ruiz, Nelson Ortiz y José Caro, que por virtud de esta ley salieron en libertad tras más de 20 años en la cárcel por el asesinato de una joven.

“Con esta propuesta se busca proteger uno de los pilares más fundamentales en nuestro sistema democrático: la libertad”, finalizó el legislador.

Gobernador respaldará enmiendas ley de pruebas de ADN post sentencia

LA FORTALEZA – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares expresó el lunes su respaldo a no limitar el término que un convicto puede solicitar el amparo de la Ley 246-2015 conocida como “Ley de Análisis de ADN Post Sentencia”.

“Como científico y ahora como funcionario público he trabajado incansablemente porque los avances en la ciencia redunden en una mejor manera de gobernar y en que tengamos una sociedad más justa. El término jurisdiccional de 12 meses para presentar dicha moción al tribunal es injusto para aquellos que podrían demostrar su inocencia con los avances de la ciencia como lo son las pruebas de ADN. Por ello, respaldaremos que se enmiende este estatuto junto al liderato legislativo”, expresó el gobernador en un comunicado.

Precisó que esta ley dispone un mecanismo jurídico para que aquellos convictos por ciertos delitos puedan solicitar que el tribunal ordene el análisis científico de ADN en aquellas piezas de evidencia que no fueron analizadas en el juicio en su contra o en evidencia nueva que haya surgido luego de la convicción.

Detalló que el estatuto, como fue firmado por el exgobernador Alejandro García Padilla, en su Artículo 4, dispuso un término jurisdiccional de 12 meses para presentar la moción al tribunal para realizar las pruebas.

El mandatario sostuvo que a tales efectos, se encuentra ante la consideración del Tribunal Supremo de Puerto Rico un caso en el que se alega que el término para solicitar un remedio post sentencia conforme a la Ley 246-2015 caducó, al no haber cumplido con el término establecido en el Artículo 4.

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