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Gobierno y Política en Puerto Rico

En la mirilla cameral los Manejadores de Beneficios de Farmacia conocidos como PBMs

EL CAPITOLIO –  Ante las denuncias de las organizaciones de salud sobre un aumento drástico en las denegaciones de medicamentos a pacientes de parte de los Manejadores de Beneficios de Farmacia (PBMs, por sus siglas en inglés) en los últimos dos años, y la falta de regulación de este sector empresarial, la Comisión de Salud que preside el representante Juan Oscar Morales Rodríguez, inició el jueves, vistas para públicas con el fin de reglamentar a estos proveedores.

Así lo dispone el Proyecto del Senado 218, mediante el cual se persigue crear la “Ley Reguladora de los Administradores de Beneficios y Servicios de Farmacia”, y a su vez, crear la Oficina del Comisionado Regulador de los Administradores de Beneficios y Servicios de Farmacia, adscrita al Departamento de Salud.

El Comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos, confirmó en declaraciones escritas que “nadie regula estas empresas en Puerto Rico”. En cuanto al alza en el costo de los medicamentos Rivera Ríos indicó que, “es una genuina preocupación, en especial para pacientes que por su condición de salud requieren de la utilización continua de un medicamento”.

Rivera Ríos, le informó que su oficina completó una medida para regular a los PBMs. Por lo que el presidente de la Comisión, Morales Rodriguez, le concedió al Comisionado un plazo de cinco (5) días para que someta el documento para compararlo con el proyecto legislativo en discusión.

Por su parte, la portavoz de la Alianza Pro Acceso a Medicamentos, la licenciada María Cristy, reveló que la Oficina del Procurador del Paciente recibe cerca de 5 mil querellas de pacientes al año. De estas, el 80% está relacionada a la limitación en el acceso a medicamentos. “Otro dato importante es que la Oficina del Procurador recibe cerca de 33,000 llamadas de pacientes a través de su “call center”, sobre quejas en lo que respecta a acceso de medicamentos, especialmente los más costosos”.

Indicó, además, que estas empresas obtienen sus ganancias dentro de la cadena de medicamentos, por lo que generan en Puerto Rico cerca de 525 millones de dólares al año. Alegó, que las principales fuentes de ingresos de este sector provienen de la aplicación de descuentos o los conocidos “rebates”. “Ante la falta de regulación en la Isla no existe evidencia o fiscalización que garantice que estas cantidades por concepto de descuentos negociados con el manufacturero redunden en ahorros al consumidor”.

Al sostener que no existe transparencia al respecto, la funcionaria expresó que “el ‘Spread Pricing’ a través de la cual el PBM cobra al asegurador una cantidad mayor al costo real de medicamentos, está produciendo así una ganancia significativa desconocida”.

A esos efectos, la presidenta de la Asociación de Farmacias de la Comunidad, Vicmarie González Rivera, agregó que en Puerto Rico entre un 88 por ciento a un 90 por ciento de la población son beneficiarios de una aseguradora que tiene contrato con un PBM.  Se expuso además que según el informe del Senado, para el 2015 el mercado de los PBM se estimó en 263 mil millones de dólares.

De igual manera, el asesor legal de la Asociación de las Compañías de Seguros de Puerto Rico, el licenciado Juan González aseguró que “las farmacias no tienen la capacidad de negociar precios con las PBMs, adjudicando que les pagan los medicamentos a las farmacias muchas veces por debajo del costo adquirido y bajo la amenaza que de no aceptar sus precios, los eliminarían de la lista de proveedores”.

Mientras que la presidenta de Asociación de Compañías de Seguros (ACODESE), licenciada Iraerna Pernas, planteó que no está en contra de que se regule a las PBMs, sino que se debe regular acorde con la “National Association of Insurance  Commissiones” (NAIC, por sus siglas en ingles), que es la entidad que agrupa la industria de seguros en los 50 estados y territorios de Estados Unidos.

Luego de escuchar las opiniones de las partes, el representante expresó que “esta evaluación del Proyecto me lleva a concluir que hoy más que nunca estoy a favor de que se regulen los PBM, ya que lo que provocan es que los pacientes no reciban sus medicamentos a tiempo o los adecuados para sus tratamientos. Esta Asamblea Legislativa va a evaluar y aprobar este proyecto de regulación de PBM. Los PBM no pueden seguir cometiendo las injusticias que ellos quieran mientras nuestros pacientes no tienen donde ir a quejarse y no hay ninguna agencia de gobierno que pueda obligar a los PBM a cumplir con la Ley o los contratos que ellos tienen. Por lo que adelantó que estará citando a vistas públicas a las PBM próximamente.

 

Rosselló Nevares enmienda Ley del Puerto de Ponce para fortalecer cooperación entre el Gobierno central y municipal

PONCE  – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó el jueves, el Proyecto de la Cámara 714 que enmienda la Ley de la Autoridad del Puerto de Ponce para fortalecer la cooperación entre el Gobierno central y el municipal.

“Con esta ley dejamos clara la política pública de que el Puerto de las Américas es una herramienta fundamental en cualquier proyecto económico para el futuro de Puerto Rico. Asimismo, se establece que es un espacio para proveer seguridad estratégica en el suministro de bienes importados”, expresó el primer mandatario en conferencia de prensa.

Rosselló Nevares añadió que “esta infraestructura portuaria y las actividades de valor añadido que se generan a su alrededor son pieza clave en el desarrollo económico de Ponce y la región sur”.

Estas enmiendas —que contaron con el aval del Municipio Autónomo de Ponce— parten de la necesidad de que debe devolverse al municipio una función central en el futuro de las operaciones del puerto con el propósito de promover el desarrollo económico para Ponce y la región Sur.

La participación del Gobierno central se limitaría a la fase preliminar del proyecto para impulsar su desarrollo en sus primeros diez años.

Por su parte, la alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez, destacó que “la aprobación de las enmiendas a la Ley del Puerto es crucial en este momento en el que nos enfrentamos a tantos desafíos. Estamos hablando de una redefinición del rol del Municipio de Ponce, ahora como titular de gran parte de las propiedades y socio del Gobierno central en esta iniciativa de desarrollo económico”.

Explicó que las enmiendas permiten que se redefinan los objetivos de la Autoridad del Puerto de Ponce, se aclaren diversas disposiciones de la Ley y se reestructure su Junta de Directores, para lograr un balance entre los miembros que nombró el gobernador y los que nombró la alcaldesa.

De igual forma, la ejecutiva municipal añadió que “tras la emergencia, demostramos la capacidad del Puerto de Ponce para manejar carga doméstica. Hemos recibido con éxito varios cruceros. Los que vivimos en el Sur estamos listos para contribuir al desarrollo económico de nuestro País. Tenemos el profesionalismo y las ganas de hacerlo”.

Mientras, el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, opinó que “esta nueva ley es una de avanzada que persigue el uso de todas las instalaciones portuarias en Ponce para el beneficio de los residentes de la región sur y de todo Puerto Rico”.

“Esta iniciativa permite establecer un verdadero plan para el desarrollo del Puerto, fuera del marco político partidista, lo que le brinda continuidad a esta obra, una de las más grandes a realizarse en Puerto Rico este siglo. Con esta firma, Ponce tendrá el rol protagónico en la nueva economía de la Isla tras María, como debió ser. Agradezco al gobernador por convertir este proyecto en ley”, agregó el líder cameral.

Por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad del Puerto de Ponce, Ian Carlo Serna, expresó que “las enmiendas hoy aprobadas resuelven asuntos inconclusos de pasadas enmiendas, a la vez que se clarifica la función de la Autoridad de cara al futuro”.

Asimismo, reiteró que “seguimos enfocados en los esfuerzos de comercialización para dar continuidad a los negocios que puedan desarrollarse desde las instalaciones”.

También se anunció que este año arribará por primera vez al puerto de Ponce el crucero Serenade of the Seas de Royal Caribbean.

Este barco estará en tránsito en el puerto sureño seis veces durante el año.  Cada visita del crucero contará con hasta 3,335 pasajeros y tripulantes, quienes podrán disfrutar de las atracciones del municipio como el Museo de Arte de Ponce, el casco histórico de la ciudad y la isla Caja de Muerto, lo cual proveerá una inyección económica a la región.

Además, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) mercadeará los rones de Puerto Rico y las piezas de los artesanos adscritos a la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO, por sus siglas en inglés) en cada arribo.

Al mismo tiempo, el puerto de Ponce puede proveer las condiciones que fomenten nuevas y más eficientes cadenas de suministros que reduzcan los costos de logística. La emergencia causada por el huracán María evidenció que es indispensable contar con alternativas para la llegada de suministros a la Isla.

Se anticipaba ya desde hace décadas que el puerto de San Juan, siendo el puerto con mayor volumen de tráfico naviero en Puerto Rico, llegaría a su capacidad máxima. Estudios realizados recomendaron favorablemente el desarrollo de un puerto de trasbordo en el área sur de Puerto Rico.

A esos fines se invirtió en el desarrollo del Puerto de las Américas, que hoy lleva el nombre de uno de sus promotores, el difunto alcalde ponceño Rafael Cordero Santiago.

Cámara investiga los efectos sociales de la región oeste tras el paso de María

EL CAPITOLIO  – La Comisión de Desarrollo Integrado del Oeste de la Cámara, que preside la representante Maricarmen Mas Rodríguez, inició el jueves, una investigación sobre la emigración de los puertorriqueños de la región oeste de la Isla hacia los Estados Unidos tras el paso del huracán María.

Investigarán proceso de calibración en lectores de los peajes

Esto, dado el problema con las multas de peaje que reciben miles de usuarios del sistema AutoExpreso, siendo la mayoría de éstas expedidas en las autopistas que administra la compañía Metropistas.

Ante cuestionamientos de Rivera Guerra en una vista pública de la Comisión que atiende una investigación ordenada en la Resolución de la Cámara 67, el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Carlos Contreras, indicó que hay dos compañías diferentes que trabajan con la calibración de los lectores en los peajes.

“El sistema de calibración de los lectores lo realizan dos compañías diferentes, en el caso de la PR-22 y PR-5, que son carreteras privatizadas y administradas por Metropistas, tienen una compañía distinta a la que administra los peajes de la Autoridad de Carreteras”, reveló Contreras.

Rivera Guerra manifestó que la información brindada por el secretario del DTOP “valida y amplía mi posición sobre las multas que se emiten en el área norte, que es el área privada y con mayor por ciento de multas emitidas. Metropistas tiene una compañía distinta de calibración a la compañía que calibra los peajes de la Autoridad de Carreteras que tiene menos multas”.

A petición de los legisladores que participaron en la vista, el DTOP debe entregar a la Comisión el protocolo de calibración de los lectores en los peajes.

El presidente de la Comisión mencionó que las quejas más comunes que han presentado los ciudadanos en vistas públicas es que no reciben una alerta o mensaje sobre fondos insuficientes en el periodo establecido. También insistió en que ante la eliminación de los semáforos en los peajes y la ineficiencia del sistema de envío de mensajes por parte de las compañías de celulares, las multas a los conductores se han elevado.

Rivera Guerra urgió al secretario a reinstalar los semáforos que alertan a los usuarios del sistema AutoExpreso sobre sus balances, según se establece por ley.

Otra situación planteada por el legislador en la vista, son las multas que reciben las personas con fotos de vehículos que no les pertenecen, en instancias con el mismo número de tablilla. A preguntas del representante, Contreras indicó que se puede estar dando la clonación de tablillas, pero que son situaciones que se tienen que investigar.

En la vista también participó el director ejecutivo interino de la Autoridad para la Administración de Alianzas Público Privadas (AAPP), Ernesto Rivera Umpierre, quien indicó a la Comisión que no tienen inherencia en el contrato entre la ACT y Metropistas.

“La Autoridad de Carreteras y Transportación tiene la responsabilidad de supervisar el desempeño de Metropistas como parte contratante, y de velar por el cumplimiento de Matropistas con sus obligaciones bajo el contrato”, declaró Rivera Umpierre.

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