Jueza presidenta del Supremo insiste Ley 120 “no es bueno para Puerto Rico”

SAN JUAN  – La jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz Rodríguez rechazó el viernes, la firma del gobernador que dio paso a la Ley 120-2017 de Reforma Judicial.

“Es desafortunado que no se haya escuchado el parecer de la Rama Judicial y de la comunidad jurídica antes de aprobar una ley contraria a nuestra Constitución y que trastoca el funcionamiento de una de las tres ramas de gobierno, como ocurriría en cualquier país democrático que valore la separación de poderes. Esta actuación pone en entredicho la tradición democrática del país en momentos en que Puerto Rico necesita credibilidad y estabilidad”, dijo Oronoz Rodríguez en declaraciones escritas.

“Reitero que esta ley no es buena para Puerto Rico, atenta contra la independencia judicial, mina la credibilidad del sistema de justicia, le resta certeza jurídica a nuestros procesos y traerá ineficiencia a los trámites administrativos”, añadió.

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó los dos proyectos relacionados a la Rama Judicial que aprobó la Asamblea Legislativa. Estos son los proyectos del Senado 728 y 775 de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

“Es importante conocer la verdad de estos proyectos, pues varias personas han estado publicando información incorrecta de las medidas. La ahora Ley 120-2017 dispone como sugerencia a la Rama Judicial que la asignación de jueces del Tribunal de Apelaciones, de los casos electorales y de las salas de recursos extraordinarias se hagan por mecanismos aleatorios y al azar”, dijo en declaraciones escritas, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario Cortés.

“Estos mecanismos de selección de jueces imparciales ya habían sido avalados por el Tribunal Supremo para los casos electorales pero la pasada Administración eliminó dicho proceso objetivo en contra de la independencia judicial. Con esta medida, las partes en un pleito sabrán el método imparcial y automatizado utilizado para determinar el juez que examina su caso. Hoy, nadie conoce las razones o motivaciones para que determinado juez vea un caso en particular”, añadió.

Además, explicó que la Ley 120-2017 devuelve al pleno del Tribunal Supremo el poder de nombramiento de los miembros de la Comisión de Evaluación Judicial.

Por último, mencionó que la Ley 120-2017 ajusta el marco de ley al derecho constitucional al devolverle la jurisdicción del Tribunal Supremo para ver recursos de certificación procedentes de foros inferiores.

Los comentarios para este artículo han sido cerrados.