Gobierno se une a petición de ex gobernador Rosselló para realizar investigación in situ de la privación de derechos en la isla

WASHINGTON D.C.  – Luego de once años de haber sometido su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA)) y lograr que el mismo fuera admitido, el ex gobernador Pedro Rosselló González y el Gobierno de Puerto Rico peticionaron a la CIDH que realice una investigación in situ de la privación de derechos humanos en la isla, se informó el domingo.

“El caso, radicado el 17 de octubre de 2006 pide que la Comisión declare que Estados Unidos, al negarle a los puertorriqueños el derecho al voto por el Presidente, el Vicepresidente, y por Representantes y Senadores con voto ante el Congreso están violando los derechos humanos de los ciudadanos en Puerto Rico, bajo la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre,” detalló el ex gobernador en declaraciones escritas.

Explicó que el 27 de enero de 2017 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA admitió el caso No. 13.326, sometido por el ex gobernador Pedro Rosselló González y el Comité del Asunto Inconcluso de la Democracia Americana en el año 2006.

El pasado 9 de octubre el ex gobernador Rosselló, en compañía del Secretario de Estado de Puerto Rico, Luis Gerardo Rivera Marín, presentaron a la Comisión una invitación formal por parte del gobierno de Puerto Rico a invocar el artículo 39 de las reglas de procedimiento de la Comisión y llevar a cabo en Puerto Rico, el año próximo una investigación in situ sobre la privación del derecho al voto a nivel federal a los millones de ciudadanos americanos que residen en la isla.

“Hemos presentado una petición formal a la Comisión para que sesione en la Isla y puedan realizar una investigación de los hechos que hemos presentado en nuestra petición, A través de los años, el gobierno de los Estados Unidos ha realizado varias presentaciones en oposición a nuestros argumentos y cada una ha sido contestada logrando que se acogiera nuestro caso,” señaló Rosselló González.

En su declaración de admisibilidad la Comisión establece “que los hechos alegados, de ser probados, podrían llegar a caracterizar violaciones de los derechos enunciados en los artículos II (derecho de igualdad ante la ley) y XX (derecho de sufragio y de participación en el gobierno) de la Declaración Americana de Derechos Humanos.”

Además, explicó Rosselló González que la Comisión declaró que “considerará asimismo, en la etapa de fondo, si la situación presentada podría constituir una violación del artículo XVII (derecho de reconocimiento de la personalidad jurídica y de los derechos civiles) de la Declaración Americana.”

Según establece el reglamento, explicó por su parte el licenciado Orlando Vidal del Bufete Norton Rose Fulbright, quien ha estado encargado de llevar el caso ante el organismo, la Comisión se puso a la disposición de las partes para resolver el asunto amistosamente, antes de realizar una declaración a fondo.

“El 31 de julio el gobierno de los Estados Unidos rechazó la posibilidad de una solución amistosa en el asunto, por lo que los peticionarios radicaron su presentación a fondo el 3 de octubre de este año.  La presentación del gobierno de los Estados Unidos se debería radicar en o antes de abril de 2018”, explicó el licenciado Vidal.

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