Desenmascaradas dos de las empresas fantasmas que reclaman deuda del Sistema de Retiro

Por Joel Cintrón Arbasetti CPI

Ethan Corey llegó a su casa en Nueva York después del trabajo y encontró un sobre en su buzón. “Buenas noticias, son los documentos sobre SV Credit, y creo que pueden ayudar a echar luz sobre nuestro misterio”, escribió de inmediato en un correo electrónico. SV Credit es el nombre con el que aparece en los documentos del caso de quiebra del gobierno de Puerto Rico la segunda firma con la mayor cantidad de deuda dentro del grupo ERS Creditors. Esta alianza de ocho firmas de inversión reclama $2 mil millones en bonos del Sistema de Retiro del gobierno.

Ethan Corey es periodista para In These Times, que junto al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) ha trabajado para encontrar la identidad y conocer la trayectoria de los principales bonistas en el caso de quiebra que se ve en el tribunal federal bajo la ley PROMESA.

Lo que dicen los documentos que encontró en su buzón, los cuales obtuvo luego de llamadas y trámites con la división de corporaciones del estado de Delaware, es que el dueño de SV Credit es el fondo de inversión CSCP III Cayman General Partner manejado por Centerbridge, una firma buitre con $30 mil millones en activos bajo gestión y co manejada por Mark Gallogly, quien formó parte de la Junta Asesora de Recuperación Económica del expresidente Barack Obama.

El certificado de incorporación que finalmente aclara el enigma sobre quién estaba detrás de SV Credit está firmado por Susanne V. Clark, directora general senior de Centerbridge.

Como muchos fondos de cobertura, esta firma también administra planes de pensiones de maestros. Entre sus clientes se encuentran la California State Teachers Association, que invirtió $250,000 en la división de deuda de alto riesgo de Centerbridge, y el Oregon State Investment Fund, que puso $500 millones en la misma división. Centerbridge también maneja planes de pensiones de los estados de PennsylvaniaCalifornia y Massachusetts. Por otra parte, a través del Centerbridge Foundation financia organizaciones sin fines de lucro que administran escuelas charter, como New Visions for Public Schools y Uncommon Schools, ambas en Nueva York.

A su vez, Centerbridge tiene participación en Ambac Financial, una aseguradora de $1,996 mil millones en bonos de varias entidades del gobierno de Puerto Rico, y que forma parte del caso de quiebra. Para octubre, la participación de Centerbridge en Ambac era de $28 millones. También es parte de un grupo de fondos buitre dueños del 70% de PRISA, la empresa propietaria del periódico español El País. Ese grupo inversionista de PRISA, que incluye a otras firmas con bonos de Puerto Rico como Angelo Gordon, Och Ziff Capital y Monarch Alternative, rechazó un descuento de 50 millones de euros en la deuda de esa empresa que se encuentra en un proceso de reestructuración. Centerbridge además está en medio de negociaciones para financiar el parque eólico “más grande de Grecia”.

El cofundador de Centerbridge, Mark Gallogly tiene silla en la Junta de asesores de Hamilton Project, un think tank de política económica de The Brookings Institution, así como en la Junta de supervisores del Columbia Business School y la Junta de directores de ROADS Charter High Schools. Desde que fundó Centerbridge en 2005 ha realizado contribuciones políticas que suman $2,180,135.36, en su mayoría a candidatos y comités demócratas.

Jeffrey Aronson, con quien Gallogly fundó Centerbridge, comenzó su carrera como abogado en la firma Stroock & Stroock & Lavan, trabajó en la firma L.F. Rothschild & Co. y antes de cofundar Centerbridge, en 2007, era socio del fondo buitre Angelo, Gordon & Co., actualmente miembro del Ad Hoc Group de acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica. Aronson es jefe de la Junta de directores de Johns Hopkins University y miembro de las juntas de directores de Johns Hopkins Medicine y New York University School of Law. Desde el 2005 ha hecho contribuciones políticas por $377,400.00, en su mayoría a candidatos y comités demócratas.

De la emisión de bonos de Obligación General lanzada por el gobierno de Puerto Rico en 2014 bajo calificación chatarra, Centerbridge solicitó $300 millones y obtuvo $70 millones.

También perteneció al Ad Hoc Group de bonos de Obligación General, pero desde que comenzó el proceso de quiebra no había hecho ninguna aparición; hasta ahora que In These Times y el CPI revelaron que maneja el fondo SV Credit, con el que reclama $389,851,034 en bonos de Retiro.

El CPI identificó que otra de las ocho firmas que integran el ERS Creditors, y que hasta ahora había sido una gran incógnita, Andalusian Global Designated Activity, pertenece al fondo buitre Appaloosa Management. Appaloosa tuvo bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica y solicitó $300 millones de la emisión de bonos de Obligación General de 2014, de los que obtuvieron $50 millones.

Andalusian Global Designated Activity se registró en Irlanda en 2011 como una “casa de corretaje y gestión de fondos”. La dirección de la sede de Andalusian es 51 John F. Kennedy Parkway, New Jersey, la misma de Appaloosa.

Como directores de Andalusian, aparecen James E. Bloin, vicepresidente de Appaloosa desde 2007, Roddy Stafford, quien fue director de Besaya ECA Limited, una subsidiaria de Banco Santander, S.A. incorporada en 2011 en Dublín, Irlanda, y de XELO Public Limited Company, una subsidiaria de Barclays PLC. Para 2016, Stafford era director de al menos 24 compañías registradas en Irlanda entre 2009 a 2015, y de Cardinal Health, registrada en Inglaterra en 2009 como una subsidiaria de la multinacional del mismo nombre. Cardinal Health es una empresa Fortune 500 de servicios de salud, con presencia en Puerto Rico. El tercer director de Andalusian Global es Thomas Geary, quien también es director de otras 55 compañías.

En el documento del caso de quiebra donde las firmas del ERS Creditors revelan las cantidades de deuda que reclaman, Andalusian aparece con la dirección del bufete Matheson, en Dublín, Irlanda, quienes tienen como clientes a “la mayoría de las compañías Fortune 100 y más de la mitad de los 50 bancos más grandes del mundo” que hacen negocios o se registran en ese país. A través de la empresa Andalusian Global, Appaloosa reclama $196 millones en bonos de Retiro.

Appaloosa fue fundado en 2003 por David Tepper y Jack Walton en New Jersey, y tiene en común con Centerbridge su interés en las escuelas charter. Tepper fundó en 2011 la organización Better Education for Kids, un grupo que aboga por las escuelas charter. En 2014, The New York Times nombró a Appaloosa como uno de los 10 fondos de cobertura más grandes que tienen intereses en ese sistema de enseñanza donde una empresa privada administra una escuela pública.

Tepper es miembro del comité asesor del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, que tiene como tarea informar al presidente de la institución. El NY FED, como le llaman,  supervisa el Distrito 2 del Sistema de la Reserva Federal, que incluye a Puerto Rico, y ha producido varios informes sobre la crisis económica de la isla. Tepper es además miembro del fideicomiso del Carnegie Mellon University y fundador del David Tepper Charitable Foundation.

En septiembre, Tepper hizo un donativo de $3 millones a la organización Feeding America para la recuperación de Texas, Florida y Puerto Rico tras el paso de los huracanes Irma y María.

Appaloosa tiene $17 mil millones en activos bajo gestión. Entre sus inversiones principales se encuentra Alibaba Group, conglomerado chino de comercio por internet, donde Appaloosa tenía acciones por un valor de $520 millones en agosto de 2017. Para el mismo mes, tenía $355 millones en acciones de Facebook.

Las contribuciones políticas de Tepper totalizaron $1,996,000 en 2016. Sus donativos incluyen $500,000 y $250,000 al comité de acción política New Day for America para la candidatura de John Kasich, gobernador republicano de Ohio; $250,000 a Right to Rise USA, creado para apoyar la candidatura presidencial del republicano Jeb Bush; $10,200 a Boehner for Speaker. John Boehner, republicano, fue presidente de la Cámara de Representantes hasta 2015.

En 2011, Tepper ayudó a Matthew Knauer, un ex analista de Appaloosa, y a Mina Faltas, analista de Viking Global, ambos de 33 años, a fundar su propio fondo de cobertura. Lo llamaron Nokota Management. Nokota solicitó $50 millones de la emisión de bonos de Obligación General de 2014 y obtuvo $5 millones. Ahora reclaman $53,675,000 en bonos de retiro.

Ocher Rose es la tercera firma con la mayor cantidad de bonos en el ERS Creditors, pero es todavía una empresa fantasma, como hasta ahora lo habían sido SV Credit y Andalusian Global. Reclama $197,480,174 y fue registrada en el estado de Delaware en 2015 como corporación de responsabilidad limitada. La única información sobre esta empresa en los documentos del Título III es la dirección de su agente incorporador, Corporation Trust Center, ubicado en Delaware.

El CPI solicitó una reacción de Centerbridge y Appaloosa, pero ninguna de las firmas respondió los pedidos de reconfirmación y entrevista.

Con experiencia en Puerto Rico el mayor acreedor del ERS Creditors

La firma con la mayor cantidad de deuda en el ERS Creditors es Oaktree Capital, un fondo buitre que reclama $400 millones a través de siete fondos separados. Las otras firmas del grupo, además de Centerbridge/SV Credit y Appaloosa/Andalusian Global, son Altair Global, Glendon Opportunities, Mason Capital, Nokota Capital y Ocher Rose.

Oaktree Capital conoce bien el terreno de las inversiones en Puerto Rico. Desde el 2013 eran propietarios del 50% del operador del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, Aerostar Airport Holdings; quien adquirió el aeropuerto en 2013 cuando fue privatizado. En mayo de 2017, Oaktree vendió su participación en Aerostar por $430 millones. Además compró $25 millones en la emisión de bonos chatarra de Obligación General que lanzó el gobierno de Puerto Rico en 2014.

Oaktree Capital maneja $100 mil millones a través de varios fondos con intereses en la industria de la infraestructura, energía y las bienes raíces. Oaktree Capital Management, parte de Oaktree Group, tiene 900 empleados, su sede está en Los Ángeles y tiene oficinas en 17 ciudades, entre ellas Londres, Dubai, Hong Kong, Tokio y Sydney. Entre los clientes de Oaktree hay sobre 400 corporaciones, más de 350 fundaciones y 50 planes de retiro de gobiernos de Estados Unidos.

Mason Capital Master Fund, registrado en las Islas Caimán, pertenece a Mason Capital Management, un fondo de cobertura fundado en el año 2000 por Kenneth Mario Garschina y Michael Emil Martino. Tiene intereses en Reynolds AmericanMarathon Petroleum CorporationHRG Group, una compañía de explotación petrolera creada por George H. W. Bush y la farmaceútica Rite Aid. Mason Capital tiene $3,000 millones en activos bajo gestión y reclama $141,056,428 en bonos de retiro.

Glendon Capital Management, que reclama $33,764,239 en bonos de Retiro a través de su fondo Glendon Opportunities Fund, L.P., es un fondo buitre creado en 2013 bajo el patronazgo del banco Barclays por Matthew Barrett, ex jefe de la división de deuda riesgosa de Barclays, y los ex directores ejecutivos de ese banco Holly Kim y Brian Berman. Antes de entrar a Barclays, los tres ejecutivos trabajaban para Oaktree Capital, otro de los integrantes del ERS Creditors Group. Glendon comenzó con $2.8 mil millones en activos bajo gestión que incluían capital de Barclays.

Entre los clientes de Glendon está el Los Angeles City Employees Retirement System, cuyo consultor financiero les recomendó en 2014 invertir sobre $20 millones en Glendon Opportunities Fund, mientras que la división de inversiones del Departamento de Hacienda de New Jersey, propuso invertir sobre $100 millones en Glendon Opportunities Fund II en 2017. Las inversiones principales de Glendon Capital están en CF Industries Holding, manufacturadores y distribuidores de nitrógeno y fertilizante para la industria agraria. También tiene inversiones en American Realty Capital, Ally Financial y en la petrolera C&J Energy. Con sede en California, Glendon Capital Management solicitó $15 millones de la emisión de bonos de Obligación General de 2014 y obtuvo $2,500,000.

Altair Global Credit Opportunities Fund (A) es una división de First Republic Investment Management administrada por Hezy Shalev, abogado corporativo de este fondo que se especializa en inversiones privadas y está registrado como fondo de cobertura en la SEC. Está incorporado en Delaware y tiene otro fondo del mismo nombre, identificado como (D), incorporado en el paraíso fiscal de las Islas Caimán. Reclama $12,735,516 en bonos de Retiro.

Mientras el ERS Creditors cuenta con la representación de Jones Day, descrito por Bloomberg como “la firma legal favorita de Trump” ya que al menos 14 abogados de la firma fueron reclutados para el equipo del presidente de Estados Unidos, el Comité de Retirados tiene en el Título III la representación de Robert Gordon, del bufete Jenner & Block, quien fue asesor de los sistemas de retiro de Detroit durante su reestructuración. En esa ciudad, las pensiones de 12,000 empleados públicos se redujeron en 6.7%. También contrataron a Héctor Mayol Kauffmann, de la firma Benazar García & Millán, quien dirigió el Sistema de Retiro de Puerto Rico desde 2009 hasta 2013.

Un sistema de retiro en ruinas

El edificio de 15 pisos que era sede de la Administración de Sistemas de Retiro (ASR) en Hato Rey está clausurado por los daños que le causó el huracán María. Desde la avenida Ponce de León y las calles que los circundan se ven ventanas rotas y el interior de algunas oficinas que quedaron destripadas como si allí hubiese estallado una bomba. Según el oficial de prensa del sistema de retiro, Carlos Ramos, se está preparando un informe para determinar si la estructura fue “pérdida total”.

“Nosotros llegamos ahí (al edificio) en mayo 28 de 1978. Yo entré el 27 de agosto del 73’, cuando era en la calle Fortaleza, y de ahí nos mudamos a Santurce, y de ahí pasamos acá, que murió ahora, porque dicen que eso está…”, cuenta Nora Betancourt, quien vio el edificio en fotografías, pero no ha querido ir a verlo en persona, a pesar de que trabaja una calle más abajo, en la Asociación de Pensionados del gobierno. Ella es pensionada del Sistema de Retiro, donde trabajó 32 años, hasta el 2005.

Sentada en uno de los cubículos donde atiende a los pensionados en la sede de la Asociación, con el ruido de una planta que energiza a la oficina de fondo, repasó los beneficios que tiene como pensionada, y que no tendrán quienes entren a trabajar en el gobierno de ahora en adelante: “aportación al plan médico, bono de verano y $200 del bono de navidad, que llegó a ser de $600, y $1,000 de defunción para gastos funerarios, para el futuro eso se está eliminando”.

La Asociación de Pensionados, que ofrece servicios legales, tiene una farmacia y sirve a 52,000 miembros, está funcionando solo hasta el mediodía por la falta de energía. En medio de la entrevista con Betancourt, la planta se apagó, la oficina quedó semioscura, e inmediatamente la temperatura subió. Afuera, luego de que los empleados habían abandonado la oficina, seguían llegando personas mayores que se marchaban al ver el lugar cerrado.

La ASR incluye los planes de pensión de los empleados del gobierno central (agencias y corporaciones), de los maestros y los de la judicatura. La Policía, la Autoridad de Energía Eléctrica y la Universidad de Puerto Rico tienen planes de pensiones separados.

Los bonos que reclaman las firmas del ERS Creditors fueron emitidos en 2008 específicamente a nombre del Sistema de Retiro del gobierno central. La emisión se dividió en tres series que totalizaron $3,000 millones con las aportaciones patronales futuras como garantía de pago a los bonistas

El administrador de la ASR en ese momento, Juan Cancel Alegría, dijo en un comunicado de 2008 que la emisión de bonos se hizo para “fortalecer la capacidad financiera, económica y fiscal del Sistema; así como atender el déficit actuarial, alargando la vida de este beneficio para cumplir con el compromiso con los empleados del gobierno que cotizan a este plan de pensiones”.

Ocho años después de la emisión, la ASR enfrentaba un déficit de $48 mil millones, según el último informe financiero del gobierno publicado en 2016. Ahora se encuentra en proceso de quiebra bajo el Título III de PROMESA, donde el grupo de fondos buitre que compone el ERS Creditors busca cobrar la mayor parte de esa emisión de 2008. Pero en agosto de 2017, el gobernador Ricardo Rosselló firmó la “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos”, que prácticamente elimina el Sistema de Retiro.

Esa ley eliminó las aportaciones patronales que pagaban parte de las pensiones y que a la vez eran la garantía de pago para los bonistas, y estableció un sistema donde los empleados hacen una aportación específica a una cuenta personal, similar a los planes 401(K) del Código de Rentas Internas federal. Bajo este esquema, las aportaciones son de propiedad exclusiva de los participantes, no están sujetas a contribuciones ni a embargo y quedan exentas de reclamaciones de acreedores del participante, exceptuando las deudas que tenga con el Sistema de Retiro o con el gobierno. Los activos que se liquiden del Sistema de Retiro pasarían al Fondo General, desde donde se pagarán las pensiones acumuladas.

“La liquidación de los activos de ASR ya comenzó y está en proceso. Ante el paso del huracán María el edificio sufrió daños significativos y se está trabajando con las reclamaciones a los seguros en estos momentos”, dijo Anita Gregorio, oficial de prensa de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), dependencia que tiene a su cargo la liquidación de la ASR.

Según la ley “para este año fiscal 2017-­2018, el Fondo General estará desembolsando aproximadamente $2,000 millones para el pago de las pensiones acumuladas”. La ley para manejar las pensiones también establece que se creará una nueva Junta de Retiro, que aún no ha sido nombrada, y sugiere una privatización parcial del plan de pensiones, pues la Junta de Retiro tendrá que contratar a una “entidad administradora” que maneje el nuevo plan de aportaciones definidas. Esta ley responde en parte a las exigencias del plan fiscal certificado por la Junta de Control Fiscal, que sustituye los planes definidos de retiro en los que el patrono aporta a la pensión, por planes de contribución definidos, donde solo el empleado aporta a lo que será su pensión.

“La Administración de los Sistemas de Retiro desapareció para todos los efectos. El director nuevo (Luis M. Collazo) es una figura… Realmente (el Sistema) se convirtió en un equivalente a la 401K. La 401K es de por vida, pero con esta modificación nueva no es de por vida, es hasta que se acabe el dinero que tú tienes acumulado; eso es una gran diferencia. Si se te acabó cuando tenías 70 o 75 años y duras 90 años, pues no tienes más chavos, de los 75 a los 90 tienes que buscarte los chavos en cualquier otro lado que no sea la pensión, ese es el sistema nuevo”, dijo Roberto Aquino García, actual presidente de la Asociación de Pensionados y expresidente de la Junta de Síndicos de la ASR.

Appaloosa y Mason Capital, ambos del grupo de firmas que exige el pago de bonos de retiro desde el ERS Creditors en el Título III, están en una lista de fondos de inversión cuyos ejecutivos forman parte de juntas directivas de organizaciones que abogan por la implementación de este tipo de planes de pensión parecidos a los planes 401K. En la misma lista, elaborada por American Federation of Teachers en 2015, también aparece Third Point, fondo buitre que ha tenido bonos de Puerto Rico.

Sin embargo, el 9 de junio, antes de que se firmara la nueva de ley de retiro, el abogado del ERS Creditors, Bruce Bennett, del bufete Jones Day, envió una carta Paul V. Possinger, abogado de la Junta de Control Fiscal, donde expresa su preocupación por los cambios al Sistema de Retiro. Argumenta que el Sistema es una entidad aparte del gobierno central, y que PROMESA y ninguna ley permiten ignorar esa separación.

“Algunos de los cambios van a afectar las propiedades del Sistema de Retiro… Nuestras preocupaciones se intensificaron cuando nos enteramos de cómo se están manejando los asuntos de Sistema de Retiro hoy… Cuando preguntamos por el rol de la Junta de directores del Sistema de Retiro, Suzanne Uhlan (abogada de AAFAF), dijo que esa Junta no tiene ningún rol”, dice la carta.

Aquino se retiró después de 30 años de servicio como auditor de la Oficina del Contralor, y era presidente de la Junta de Síndicos de la ARS cuando se hizo la emisión de bonos de 2008 que ahora está en disputa bajo el Título III de PROMESA.

“Esa emisión se hizo con el propósito de mejorar la situación del Sistema de Retiro, porque el dinero que se iba recibiendo era muy poco para poder pagarle a los pensionados. Habíamos hecho una solicitud de $2,000 millones a la legislatura PNP del tiempo de Aníbal [Acevedo Vilá]. El senado de [Kenneth] McClintock lo había aprobado, pero la Cámara no; ahí hubo un tranque. El Sistema siguió pagando las pensiones, pero llegó a descapitalizar mucho y empezamos a ver el futuro este que está sucediendo hoy”, dijo Aquino, quien también presidió la Asociación de Empleados de ELA.

Aquino, explicó que antes de que comenzara el proceso de quiebra, el Movimiento Pro Pensionados unió a todas las instituciones bonafide que representan pensionados del gobierno que quisieran defender sus beneficios. Al comenzar el proceso de quiebra, nueve miembros del Movimiento Pro Pensionados y Blanca Paniagua, presidenta del capítulo de retirados del sindicato Servidores Públicos Unidos (SPU), fueron nombrados por el síndico (trustee) del caso como el Comité Oficial de Retirados. Según Aquino, el Movimiento representa a casi 100,000 pensionados de varias organizaciones.

“Nosotros nos vamos a oponer a cualquier ajuste que sea desmedido, pero si es un ajuste limitado que nosotros podamos afrontar, pues lógicamente queremos cooperar con el país, no queremos ser óbices, no queremos ser una molestia… La representación ha ido haciendo todo lo posible para que la jueza quede convencida de que no puede ajustarnos las pensiones, porque nos causaría un daño tan y tan grave que puede causarnos una crisis humanitaria más de la que tenemos ya, aparte de (el huracán) María, porque María es una crisis enorme. Lo que yo no entiendo es cómo un país en esta situación, devastado, pueda pagar ninguna deuda. Eso a mí me crea una incertidumbre enorme y se la crea a muchos pensionados que piensan como yo, y les crea una angustia… Si nosotros estamos en esas condiciones, con qué dinero vamos a pagar la deuda”.

“Los bonistas lógicamente quieren sus chavos pero el bonista sabía que cuando invertía llevaba dos bolsas: la de ganar y la de perder. Nosotros no. Nosotros trabajamos 30 años mínimo para tener una pensión, aportando dinero de nuestro bolsillo y no solamente eso, con el compromiso del gobierno de que nos iba a pagar una pensión en el futuro y que esa pensión era hasta que uno muriera”, dijo Aquino.

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