Comisión de Desarrollo Cooperativo otorgó un contrato por $400,000 para realizar trabajos en tecnología de información sin un estudio de necesidades

SAN JUAN  – La contralora Yesmín Valdivieso emitió el jueves, una opinión adversa sobre el otorgamiento y la administración de un contrato relacionado con servicios de tecnología de la Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico.

Explicó en un parte de prensa, que el Informe revela que la Comisión otorgó el 27 de enero de 2014, un contrato por 400,000 dólares para realizar trabajos en tecnología de información sin un estudio de necesidad y viabilidad.

“La Comisión tampoco preparó una solicitud de propuesta escrita ni solicitó propuestas a otras compañías. Estas situaciones son contrarias a las mejores prácticas para la adquisición y desarrollo de sistemas de información computadorizados. Además, impidió la libre competencia entre proveedores potenciales para así obtener mejores precios”, dijo Valdivieso.

La auditoría de dos hallazgos señala que la compañía contratada había entregado una primera propuesta en abril de 2013 por 262,400 dólares, que contenía los mismos servicios –excepto el desarrollo del portal de la Segunda Conferencia Bienal- que la segunda propuesta de julio de 2013 por $400,000, sin documentos que justificaran el aumento. Además, no se realizó el módulo de Administración que hubiese integrado el registro de escuelas y cooperativas juveniles de la Comisión con el Departamento de Estado, la Compañía de Fomento Industrial y el Departamento de Educación. No obstante, la Comisión pagó 94,800 dólares por esos servicios de interconexión no logrados.

Nuestros auditores detectaron múltiples deficiencias relacionadas con la contratación, la preintervención de los pagos, y el proceso de aceptación de los servicios tecnológicos contratados. Por ejemplo, el contrato no contenía una cláusula que estableciera que los módulos desarrollados son propiedad intelectual del Gobierno de Puerto Rico, ni incluía el periodo de garantía del servicio, ni la obligación de entregar el código fuente de los módulos.

Además, se tramitaron facturas y comprobantes de pago sin las firmas requeridas y la Comisión no suministró evidencia de las pruebas realizadas de los módulos, ni de la aceptación y aprobación de los usuarios de estos. De hecho, los usuarios indicaron que la información que registraban en el módulo se borraba.

El Informe cubre el periodo del 21 de mayo al 13 de noviembre de 2015 y está disponible en  www.ocpr.gov.pr.

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