Gobernador Rosselló Nevares

Rosselló Nevares presenta Programa de Transición Voluntaria

LA FORTALEZA  – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares informó el jueves, que estableció el Programa de Transición Voluntaria por medio de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).

“Nos comprometimos con el Pueblo para hacer los ajustes fiscales necesarios sin despedir empleados públicos. Por ello, la Ley 8-2017 estableció el empleador único, que ubica el recurso humano donde hace falta sin despedir a nuestros servidores públicos”, expresó el gobernador en declaraciones escritas.

Explicó que, este programa —que es voluntario y son los empleados públicos quienes decidirán si participan— funge como alternativa para los servidores que quieran acogerse al retiro; moverse al sector privado o a una entidad sin fines de lucro; o perseguir otras oportunidades, como comenzar una nueva empresa.

Asimismo, el primer mandatario añadió que “con esta medida, ayudamos a empleados que quieren buscar otras oportunidades fuera del Gobierno y reducimos el gasto público a largo plazo sin despedir a nadie”.

Rosselló Nevares también detalló que se les pagarán sus balances de licencia de vacaciones para que cuenten con esa ayuda económica que necesitan a fin de hacer la transición hacia nuevas oportunidades.

“Este programa, incentiva a los servidores públicos del Gobierno central y de las corporaciones públicas que quieran hacer una transición al sector privado o al tercer sector, mientras reciben un incentivo económico equivalente a su salario por el resto del año fiscal que termina el 30 de junio de 2018”, explicó el primer mandatario.

Mencionó que los empleados que se acojan al programa recibirán un incentivo mensual de 100 dólares para costear un plan de salud de su elección hasta el 30 de junio del 2018. Estos incentivos estarán exentos del pago de contribución sobre ingresos.

De igual forma, los empleados que tengan derecho a retiro también podrán acogerse al programa y posteriormente comenzarán a recibir su pensión. Además, aquellos que hayan cotizado cinco años o menos en el Sistema de Retiro o cuyas aportaciones no excedan los 10,000 dólares podrán retirar sus aportaciones.

Expuso que al acogerse al Programa de Transición Voluntaria, los servidores públicos podrán registrarse en el banco de talentos que maneja el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).

Señaló que el mismo estará disponible para patronos privados y sin fines de lucro, y contendrá la información de contacto, el trasfondo educativo, la experiencia laboral, así como las destrezas y los intereses profesionales de los participantes.

Sostuvo que, aquellos empleados elegibles interesados en participar del Programa de Transición Voluntaria deberán presentar su solicitud electrónicamente. Los distintos jefes de agencia y la Oficina de Gerencia y Presupuesto la evaluarán de manera expedita. El periodo de elección comenzará el próximo 15 de noviembre y la solicitud estará disponible en www.pr.gov próximamente.

“El Programa de Transición Voluntaria adelanta nuestra política pública de reducir el tamaño del Gobierno de manera responsable y sin despedir empleados públicos. Además, brinda a nuestros servidores públicos la oportunidad de continuar aportando a Puerto Rico desde el sector privado o desde el tercer sector”, enfatizó Rosselló Nevares.

Por su parte, el director ejecutivo de la AAFAF, Gerardo Portela Franco, concluyó que “con el Programa de Transición Voluntaria continuamos adelantando el cumplimiento con el Plan Fiscal certificado y llevando a Puerto Rico hacia la recuperación fiscal con la que nos comprometimos”.

Gobernador firma órdenes ejecutivas en apoyo a las PyMES

“Será de gran alivio tanto para la ciudadanía así  como un instrumento positivo para estos pequeños y medianos comerciantes. Ciertamente han tenido un espacio de dificultad muy amplio y esperamos que esta medida les permita operar efectivamente y les permita ser competitivos,”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

La primera orden ejecutiva vinculada al desarrollo económico exime a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) del cobro del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) en la venta y compra de inventario.

De otra parte, la orden ejecutiva (OE 2017-068) establece que la exención para las PYMES —empresas que reportan ventas de 1 millón de dólares o menos al año—estará vigente del 20 de noviembre al 31 de diciembre y tiene como propósito incentivar su restablecimiento y que puedan retener los empleos.

Asimismo, en diciembre de 2017 se concederá un crédito reembolsable de diez por ciento a las PYMES que cumplan con su obligación de radicación y pago del IVU correspondiente a los periodos de agosto, septiembre, octubre y noviembre.

Mediante el Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI) del Departamento de Hacienda, se identificarán los comercios a los cuales aplicará la exención; estos recibirán un certificado que debe estar visible en su establecimiento.

La Sección 6054.01(a)(2) del Código de Rentas Internas ya autoriza al secretario del Departamento de Hacienda a establecer determinaciones administrativas sobre las condiciones para el otorgamiento de certificados de exención del pago o retención del IVU.

El pasado 18 de septiembre, el Departamento de Hacienda emitió una determinación administrativa para eximir del IVU a los alimentos preparados, tras declaración del estado de emergencia ante el paso del huracán María, que al momento sigue vigente.

Los comerciantes que no estén cobijados bajo esta determinación deberán retener el IVU y remitirlo al Departamento de Hacienda.

De igual forma, el primer mandatario emitió una orden a fin de eliminar penalidades para el retiro de dinero de planes de retiro y cuentas de retiro individual (IRA, por sus siglas en inglés) y extender el tiempo para utilizar el exceso acumulado de días por vacaciones.

De otro lado, el primer ejecutivo firmó la Orden Ejecutiva 2017-067 que permite que empleados que tengan un plan de retiro privado 401k puedan retirar hasta 10 mil dólares libres de impuestos; y hasta 100 mil dólares con una tasa preferencial de 10 por ciento.

También se elimina la penalidad por retiro (hardship withdrawal penalty) de 20 por ciento.

En el caso de las IRA, se permitirá su retiro sin penalidad y sin contribuciones hasta 10 mil dólares. Esto solo estará disponible para los residentes de Puerto Rico.

Esta orden promueve la reparación de hogares y la disponibilidad de liquidez a personas para subsanar la pérdida de ingresos y para que aquellos ciudadanos, que hayan sufrido daños, puedan lidiar con su situación.

Asimismo, esta misma orden extiende el término que tienen los empleados públicos para agotar el exceso acumulado sobre 60 días de su licencia de vacaciones.

El decreto extiende el término para agotar los excesos hasta seis meses luego de concluida la emergencia, para así mantener a los empleados en sus funciones con la seguridad de que no perderán su derecho a tomar los días de vacaciones acumulados.

Según se dispone en la Ley 26-2017, para el 31 de diciembre los empleados deben agotar el exceso acumulado sobre 60 días de esta licencia, de lo contrario no podrán disfrutar de esos días.

Sin embargo, tras la emergencia ocurrida por el paso de los huracanes Irma y María, muchos funcionarios no han tenido la oportunidad de agotar esos balances por la necesidad de ofrecer su servicio y evitar retrasos en los trabajos de recuperación.

Por último, el primer ejecutivo firmó la OE-2017-066 que designa un síndico para la División de Suministros y Compras de la AEE y de cualquier otra división u oficina cuyas funciones incidan sobre los procesos de adquisición de bienes y servicios de la AEE.

La orden además delega la designación del síndico a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AFAAF).

Esta orden se establece para que todos los procedimientos de adquisición de bienes y servicios de la AEE, particularmente aquellos relacionados al restablecimiento del servicio eléctrico, sean ágiles, íntegros, efectivos, transparentes y estén en cumplimiento con todas las leyes estatales y federales aplicables.

El síndico tendrá la responsabilidad de fiscalizar y reformar los procedimientos de adquisición de bienes y servicios de la AEE. Asimismo, se establecerá una división administrativa dentro de la AEE que se conocerá como la Oficina de Cumplimiento en las Contrataciones y Compras (OCCC), la cual será dirigida por el síndico.

Entre las facultades del síndico estará evaluar los reglamentos y procedimientos y velar por el cumplimiento con las leyes y normas aplicables relacionadas a la adquisición de bienes y servicios por la AEE.

Rosselló Nevares dirá el martes al Congreso, por qué no hay que darle mas poderes a la JCF

LA FORTALEZA – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares insistió el miércoles en cuestionar las motivaciones de la Junta de Control Fiscal (JCF) de pedir mayores poderes al Congreso.

“El venir a solicitar más poderes y a solicitarlos, vinculando lo que seria los fondos que vinieran a Puerto Rico o condicionando esos fondos para Puerto Rico por catástrofe, simplemente se queda uno sin palabras. Ir al Congreso y en dos ocasiones decirles que condiciones los fondos para la recuperación de Puerto Rico a la determinación de que la Junta tenga más poderes- poderes que ya reconocen que no tienen porque si no, no los estarían pidiendo- es inconcebible”, dijo Rosselló Nevares en conferencia de prensa.

“La premisa insulta. Que condicionen los fondos de la catástrofe a que se le otorguen unos poderes adicionales, simplemente para mí es inaceptable”, añadió.

Rosselló Nevares anticipó que el martes cuando comparezca en las vistas publicas que realiza la Cámara de Representantes de Estados Unidos, presentará sus argumentos al pedido de la JCF.

“Yo voy a estar defendiendo y luchando por el derecho de lo que es el gobierno electo de Puerto Rico para seguir administrando, con la disposición de seguir cooperando con la JCF. Te adelanto que le diré al Congreso que no debe haber ningún cambio”, sentenció.

Los presidentes legislativos Carlos Johnny Méndez Núñez y Thomas Rivera Schatz respaldaron las expresiones del primer ejecutivo.

“La Junta ha demostrado todo el tiempo una inconsistencia fatal. Tanto es así, que nos afecto el huracán Irma, el huracán María y la Junta desapareció, ni hablaban. No es hasta que llega el momento de la oportunidad de Puerto Rico de recibir fondos federales para la reconstrucción del país, que la Junta aparece nombrando a una persona para la AEE. Y nosotros le dijimos que no tienen la autoridad legal ni moral para hacer eso. Y ayer tuvieron que ir a pedir que enmendaran la ley para poderlo nombrar. Uno de sus roles es ayudar a Puerto Rico a conseguir la ayuda que Puerto Rico necesita y ahí también han fallado malamente”, expresó por su parte el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez.

“Nosotros trabajamos para el pueblo, no para la Junta de Control Fiscal”, expuso el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

El martes, la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko, testificó en una vista del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, donde hizo un llamado para obtener apoyo congresional para clarificar el lenguaje de la Ley federal PROMESA y los alcances de dicho estatuto en  la toma de decisiones en Puerto Rico.

 

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