¿Podría ser el gobierno de Venezuela procesado por la Corte Penal Internacional?

Esta semana, la OEA dará inicio a una serie de audiencias en las que se investigará al gobierno de Venezuela y su papel en cuanto a los derechos humanos en el país suramericano. El objetivo es ver si hay méritos para acusarlo de crímenes de lesa humanidad

(CNN Español) – Esta semana, la Organización de Estados Americanos (OEA) dará inicio en Washington a una serie de audiencias en las que se investigará al gobierno de Venezuela y su papel en cuanto a los derechos humanos en el país suramericano. En concreto, se debatirá si hay méritos para acusar al Ejecutivo de “comisión de crímenes de lesa humanidad”, y los resultados le serán entregados tanto al Consejo Permanente de la OEA como a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).

Según la hoja informativa de la OEA remitida a CNN en Español, estas sesiones estarán a cargo del exfiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo, quien fue nombrado en julio pasado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, precisamente para ese propósito.

Moreno Ocampo, quien se desempeñó en la CPI entre 2003 y 2012, “facilitará, a través de un proceso imparcial e independiente, la recolección de evidencia que permita acreditar en forma razonable la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, la identificación de sus posibles autores, la existencia de procedimientos nacionales de investigación y los demás elementos requeridos por el Estatuto de Roma”, según lo asegurado por la OEA.

El 17 de julio del 2017, Almagro aseguró en su tercer informe sobre Venezuela que existen evidencias que “apuntan al uso sistemático, táctico y estratégico del asesinato, encarcelamiento, tortura, violación y otras formas de violencia sexual como herramientas para aterrorizar al pueblo venezolano”, lo que podría configurarse en crímenes de lesa humanidad que podrían ser investigados por la CPI.

Durante estas sesiones, se investigará si hubo privaciones ilegales de libertad, torturas y violaciones que se demuestren que hayan obedecido a un plan sistemático, y homicidios que tengan la misma característica. Además, también se tratará de identificar a personas o grupos responsables de los crímenes, y comprobar “la existencia de investigaciones judiciales genuinas sobre las personas identificadas”.

Un panel de expertos analizará la investigación antes del 30 de octubre y dictaminará si hay méritos para que el secretario Almagro la presente ante la CPI.

¿Qué pasa si la investigación llega a la CPI?

Una vez el caso pase los filtros establecidos en el Artículo 15 del Estatuto de Roma y pase a ser investigado en propiedad por la CPI, el acusado (en este caso el gobierno venezolano) podría enfrentar toda la etapa procesal, si así lo estiman los jueces.

La etapa procesal comprende investigaciones adicionales, fase prejuicio, juicio, apelaciones y sentencia. En la primera instancia, el acusado puede ser absuelto de culpa si el acusador no puede seguir reuniendo más evidencias que lo inculpen de la conducta señalada. También se puede mandar a arrestar o convocar al acusado a que comparezca ante los jueces.

La CPI tiene jurisdicción en casos de genocidio, crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra hayan sido cometidos a partir del 1 de julio de 2002.

Defensa del ministro Arreaza

El ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, aseguró durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra (Suiza), que “los recientes intentos de informes contra Venezuela carecen de rigor metodológico, son infundados, inducidos y direccionados para perturbar la soberanía, la paz y la estabilidad de nuestro pueblo”.

LEE: Así reaccionó el mundo a la destitución de la fiscal general de Venezuela

La anterior afirmación se dio tras un pronunciamiento del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, en el que instaba a “que se establezca una investigación internacional sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela”.

La excanciller venezolana y actual presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez, aseguró el pasado julio que “hoy (haciendo una comparación con la Cuarta República) no se persigue la posición política sino la comisión de delitos graves, crímenes horrendos. Hay una gran diferencia y sobre todo un gobierno y una revolución comprometidos con el respeto a los Derechos Humanos y esa es la diferencia entre el pasado y el presente”.

Los comentarios para este artículo han sido cerrados.