Sally López Martínez sentenciada a 9 años en prisión fedeal

SAN JUAN  – El juez federal, Pedro Delgado Hernández, sentenció el jueves, a 9 años de prisión a la exadministradora de la Administración de Desarrollo Laboral (ADL), Sally López Martínez y dos años de libertad supervisada por cometer delitos contra el gobierno de Estados Unidos, anunció la fiscal Federal, Rosa Emilia Rodríguez Vélez.

“Hoy, una ex funcionaria pública fue sentenciada a prisión por usar su posición de poder en el gobierno por enriquecimiento injusto”, dijo Rodríguez Vélez en declaraciones escritas.

“A esta acusada le fue confiada con el desempeño de sus deberes honesta y éticamente. Mientras que cientos de empleados del gobierno cumplen con ese importante deber todos los días, vamos a responsabilizar a los pocos que se oponen a la ley”, añadió.

López Martínez fue declarada culpable el 7 de octubre de 2016, luego de un juicio por jurado de 25 días. Originalmente fue acusada en diciembre de 2015 junto con otros nueve acusados, señalados ​​de conspiración para cometer programas federales de soborno y servicios honestos de fraude telefónico, fraude telefónico, soborno de programas federales, extorsión por miedo a daños económicos, lavado de dinero, declaraciones falsas ante un gran Jurado y obstrucción de la justicia.

Un jurado encontró a López Martínez culpable del Conde Uno, Conspiración para Cometer Fraudes de Programas Federales y Fraude de Alambre; Cuenta Dos, Conspiración para Cometer Servicios Honesto Fraude de Alambre; Cuenta de tres a cinco, servicios honestos Fraude de alambre; Y Conde Once, Recibo de soborno por el Agente de una Organización que Recibe Fondos Federales.

En el mismo juicio, Ivonne Falcón Nieves, su hermana Marielis Falcón Nieves y Glenn Rivera Pizarro fueron declarados culpables de todos los cargos y aguardan sentencia. Antes del juicio, otros seis acusados ​​se habían declarado culpables.

En el juicio, el co-acusado Anaudi Hernández-Pérez testificó que él y sus co-conspiradores utilizaron su influencia gubernamental para recibir una ventaja competitiva injusta sobre sus competidores, obtuvieron muchos contratos con diferentes entidades del Gobierno de Puerto Rico y se enriquecieron.

La investigación fue dirigida por el Escuadrón de Corrupción Pública de la Agencia Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). El caso fue investigado por la División de San Juan del FBI. El caso fue enjuiciado por el primer fiscal auxiliar Timothy Henwood y por José Capó Iriarte, jefe de la División de lo Penal y la fiscal auxiliar Susan Z. Jorgensen.

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