Proyecto busca establecer salas para atender casos de confinados sumariados dentro de las cárceles

EL CAPITOLIO  – La Comisión de lo Jurídico, presidida por la representante María Milagros Charbonier Laureano, inició el miércoles, la evaluación del Proyecto de la Cámara 111, que tiene como objetivo enmendar la “Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 2003”, con el fin de establecer salas para atender los casos de confinados sumariados en las propias instituciones correccionales, para disminuir gastos en el traslado de estos acusados.

Explicó que con esta iniciativa también se busca agilizar los procesos que son llevados contra éstos, garantizándoles a las personas sumariadas, que no han podido prestar la fianza, su derecho constitucional a un juicio rápido.

A la vista pública compareció la licenciada Luccianna Rechany, en representación de Sigfrido Steidel Figueroa, director administrativo de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), quien recomendó que en su defecto establecer la reglamentación pertinente para que estas comparecencias se realicen por el método de videoconferencia en coordinación con el Departamento de Corrección.

La funcionaria señaló, que en la actualidad existe un acuerdo de colaboración con el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) para la celebración de vistas mediante el antes mencionado sistema en casos sencillos tales como peticiones de rebaja de fianzas, mandamus y recientemente se ha expandido para atender de forma experimental  de entrevistas psiquiátricas para determinar si el acusado es procesable.

Mientras que la licenciada Mónica Ribas, en representación de la Secretaria del Departamento de Justicia (DJ), licencaida Wanda Vázquez Garced, sugirió a la Comisión analizar el impacto económico, de seguridad y salud ocupacional que conllevaría el traslado de personal tanto de los tribunales, como de los fiscales. Recomendó que se consulte tanto con la OAT, DCR, el Departamento de Hacienda (DH) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).

Por su parte, el licenciado Félix Vélez Alejandro, director ejecutivo de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), mostró reservas ya que entiende hay que asegurar los derechos tanto del imputado, de carear a los testigos, como de los testigos a estar en un ambiente seguro.

Ante ello, el presidente incidental, el representante Enrique “Quiquito” Meléndez Ortiz, les solicitó someter para el récord de la discusión de la medida, una ponencia en la que expliquen sus posiciones en torno a la utilización de la video conferencia para atender las vistas para determinación de causa probable para arresto, revisión de fianza y otras que tienen que enfrentar los sumariados.

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