Mayor asignación de recursos y de jurisdicción a las autoridades federales como parte del plan anticrimen

LA FORTALEZA – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares resumió el jueves varias iniciativas de seguridad pública,  que incluyen ampliar la jurisdicción de las autoridades federales.

“Por primera vez la División Criminal de la Fiscalía Estatal y la jefa de fiscales están trabajando en total coordinación con la División Criminal de la Fiscalía Federal”, sostuvo Rosselló Nevares en conferencia de prensa.

Alfonso Orona, principal asesor del gobernador, explicó que como parte del plan, se aumentara el número de fiscales asignados a la fiscalía federal, y se le añadirá jurisdicción federal a otros delitos.

“Antes habían 6 fiscales, se aumentaron a 10. En términos del acuerdo de jurisdicción, a través del proceso de investigación es que se va a decidir, cuál de las dos jurisdicciones va a atender los casos contenidos en el acuerdo. Pero también, se van a incluir delitos como la corrupción gubernamental, lo que se llaman crímenes de cuello blanco, la explotación sexual de menores, trata humana y el trato cruel a animales, donde habrá coordinación en la investigación y el procesamiento con las agencias locales y federales”, dijo Orona en conferencia de prensa.

Orona añadió que  justicia federal retiene jurisdicción primaria en ciertos casos de narcotráfico, como son grandes cantidades de droga a través del aeropuerto o cargamentos de droga que llegan a Puerto Rico a través de distintos medios. Asimismo, son los investigadores primarios en los delitos de ‘carjacking’, ciertos tipos de robos a bancos y violaciones al comercio interestatal, como robo a mano armada a negocios.

“La determinación final de donde se va a encausar se tomará a base de los resultados de las investigaciones”, mencionó.

De otra parte, el primer ejecutivo enumeró varias iniciativas de su administración sobre seguridad.

Destacó por ejemplo la  firma de una enmienda a la Ley 54 que permite la presencia de intercesores o intercesoras, técnicos de asistencia a víctimas y testigos y, a discreción del Tribunal, personas de apoyo durante el testimonio de la víctima de incidentes de violencia doméstica.

Añadió la firma de la Ley 20, la cual crea el Departamento de Seguridad Pública;  la Ley 27-2017, enmendó varias disposiciones del Código Penal y la Ley 68-2017, que dispuso que será un agravante disparar en una zona escolar o zona universitaria.

Superintendente de la Policía tiene la confianza del gobernador Rosselló Nevares

LA FORTALEZA – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares  rechazó el jueves que la superintendente de la Policía, Michelle Hernández de Fraley vaya a ser destituida.

“Esto es un equipo de trabajo. Este equipo tiene una sola misión y se van a ejecutar en coordinación. Rechazamos de plano, esa premisa. Estoy satisfecho con la labor de la superintendente”, dijo el gobernador en conferencia de prensa, con el gabinete de seguridad.

Rosselló Nevares resumió varias iniciativas de seguridad pública,  que incluyen ampliar la jurisdicción de las autoridades federales.

“Por primera vez la División Criminal de la Fiscalía Estatal y la jefa de fiscales están trabajando en total coordinación con la División Criminal de la Fiscalía Federal”, sostuvo Rosselló Nevares en conferencia de prensa.

Alfonso Orona, principal asesor del gobernador, explicó que como parte del plan, se aumentará el número de fiscales asignados a la fiscalía federal, y se le añadirá jurisdicción federal a otros delitos.

“Antes habían 6 fiscales, se aumentaron a 10. En términos del acuerdo de jurisdicción, a través del proceso de investigación es que se va a decidir, cuál de las dos jurisdicciones va a atender los casos contenidos en el acuerdo. Pero también, se van a incluir delitos como la corrupción gubernamental, lo que se llaman crímenes de cuello blanco, la explotación sexual de menores, trata humana y el trato cruel a animales, donde habrá coordinación en la investigación y el procesamiento con las agencias locales y federales”, dijo Orona en conferencia de prensa.

Orona añadió que  justicia federal retiene jurisdicción primaria en ciertos casos de narcotráfico, como son grandes cantidades de droga a través del aeropuerto o cargamentos de droga que llegan a Puerto Rico a través de distintos medios. Asimismo, son los investigadores primarios en los delitos de carjacking, ciertos tipos de robos a bancos y violaciones al comercio interestatal, como robo a mano armada a negocios.

“La determinación final de donde se va a encausar se tomará a base de los resultados de las investigaciones”, mencionó.

De otra parte, el primer ejecutivo enumeró varias iniciativas de su administración sobre seguridad.

Destacó por ejemplo la  firma de una enmienda a la Ley 54 que permite la presencia de intercesores o intercesoras, técnicos de asistencia a víctimas y testigos y, a discreción del Tribunal, personas de apoyo durante el testimonio de la víctima de incidentes de violencia doméstica.

Añadió la firma de la Ley 20, la cual crea el Departamento de Seguridad Pública;  la Ley 27-2017, enmendó varias disposiciones del Código Penal y la Ley 68-2017, que dispuso que será un agravante disparar en una zona escolar o zona universitaria.

Hasta la fecha, se han reportado 423 asesinatos, dos menos que los informados para la misma fecha el año pasado.

Documento: 08-17-17_INCIDENCIA_CRIMINAL_AL_16_DE_AGOSTO_DE_2017_PPR.pdf

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