Frente ciudadano convoca a apoyar investigación independiente sobre rol de los bancos en la deuda pública bajo proceso de quiebra

SAN JUAN – El Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda determinó respaldar la solicitud del Comité de Acreedores no Asegurados en el caso de quiebra del gobierno de Puerto Rico, para que se ordene una investigación independiente del rol del Banco Popular, Banco Santander y BGF en la deuda pública, y rechazó dejar ese proceso en manos de la Junta de Control Fiscal.

“El Frente se reafirma en la urgencia de una auditoría integral de la deuda pública. Por lo que le damos la bienvenida a la solicitud presentada por el Comité de Acreedores no Asegurados sobre la necesidad urgente de hacer una investigación profunda sobre las causas de la deuda, en particular, el rol de los bancos privados y públicos sobre la misma”, expresó Eva Prados Rodríguez, coordinadora del Frente en declaraciones escritas.

Prados Rodríguez sostuvo que hay muchas preguntas sin contestar sobre el desempeño del BGF y la participación de las mencionadas instituciones bancarias en la emisión de esta deuda impagable. Estudios preliminares de la fallida Comisión de Auditoría y otras organizaciones han levantado cuestionamientos serios sobre posible conflicto de intereses, fraude y negligencia que pudieron promover la emisión y venta de deuda ilegalmente emitida y en violación de la reglamentación financiera y constitucional.

“El gobierno no actuó solo. Aquí también se tiene que evaluar el desempeño de la banca y asesores financieros. Aunque nuestra propuesta es una auditoría integral y ciudadana, es indispensable que el Tribunal de Quiebra también ordene se haga una investigación independiente dentro del procedimiento de Título 3, más cuando el gobierno y la Junta se han negado hacer una auditoría integral al eliminar la Comisión creada por la Ley 97 del 2015 y reconocida por PROMESA”,  expresó la portavoz del Frente Ciudadano.

Es por eso que cuestionó la súbita afirmación de la Junta de Control Fiscal de que encomendará una auditoría independiente, después de haber sido rechazada en varias ocasiones. “Nosotros exigimos una investigación independiente, transparente e imparcial y la Junta de Control Fiscal no cumple con los criterios que este tipo de investigación exige”, dijo Prados Rodríguez.

Recordó que dos integrantes de la Junta de Control Fiscal fueron personas involucradas directamente en la toma de decisiones que se pide evaluar y, además, tienen relaciones con los bancos privados que se pide investigar.

Este cambio de posición, comentó, surge más bien para evitar que se haga una investigación independiente y como parte de la oposición de AAFAF, Banco Popular y Banco Santander a que se ordene la investigación dentro del procedimiento de Título III. El propio reglamento de la Junta deja a su completa discreción qué investiga y qué información hace pública, planteando un proceso que resta de ser transparente, independiente y confiable, afirmó la coordinadora del colectivo ciudadano, que desde hace dos años exige la auditoría integral.

Ante esta situación, el Frente convoca, junto a otras organizaciones, a la ciudadanía en general a mostrar su apoyo a que se realice la investigación independiente dentro del propio procedimiento de quiebra, según fue solicitado por el Comité de Acreedores. “Necesitamos mostrarle al Tribunal que esto, además de los méritos legales, es un asunto de justicia y prioritario para el pueblo de Puerto Rico”, declaró, por su parte, Justo Méndez, co-portavoz del Frente, quien invitó al pueblo a unirse a una manifestación el próximo 9 de agosto de 2017 a las 9:00 de la mañana, frente al Tribunal Federal de la Calle Chardón. Allí se celebrará la próxima vista judicial de quiebra y se decidirá sobre si se ordena la investigación o no y/o quién la realizará.

Los portavoces del Frente invitaron también a que aquellas personas que no puedan participar de la concentración frente al Tribunal que también manifiesten su apoyo enviando cartas o emails a la oficina de la jueza Judith Dein (thomas_quinn@mad.uscourts.gov), designada por la jueza Laura Taylor Swain para atender el asunto.

La auditoría de la deuda ha logrado el respaldo de más de 130,000 personas a través de la petición de firmas en www.auditoriaya.org. Además, ha logrado el respaldo público de distintas organizaciones públicas, entre las que destacan la Asociación de Economistas de Puerto Rico, la Asociación de Economía Política, el Colegio de Abogados y Abogadas, la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, Liga de Cooperativas, Empresarios por Puerto Rico, el Movimiento Amplio de Mujeres, la Asociación de Maestros de Puerto Rico, el Instituto Caribeño de Derechos Humanos, el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, VAMOS,  Espacios Abiertos, entre otras.

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