“Ahora todo el mundo sabe que es macho”, dice alcaldesa de San Juan sobre demanda JCF por reducción de jornada

SAN JUAN – Al reaccionar a la demanda de la Junta de Control Fiscal (JCF) contra el gobernador Ricardo Rosselló Nevares por la implantación de la jornada laboral, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto opinó el lunes que el Gobierno de Puerto Rico “está ejerciendo el derecho al pataleo”.

“En el Plan Fiscal del gobernador, se incluía la reducción de jornada. Ese Plan Fiscal que ellos celebraron en el Jardín Hundido. En el presupuesto del país, está incluida esa reducción de nómina. El país tiene una forma muy coloquial de decirlo, pero ahora que se le ve el costo político…cualquiera dice que es macho”, dijo la alcaldesa en conferencia de prensa.

“Por eso es que siempre dijimos que una vez entrara en vigor la Ley PROMESA, quien iba a mandar en Puerto Rico es la Junta y que el gobernador iba a administrar. Ahora se verá la cláusula de supremacía que dice que por encima de cualquier acción del gobierno va lo que diga la Junta de Control Fiscal. De que eso está mal, está mal. Que el gobernador está en lo correcto en pelearlo, si. Pero lo primero que debió haber hecho es no sugerirlo. El gobernador hará un pataleo como nunca, pero se rendirá como siempre”, añadió.

A juicio de  la alcaldesa, la reducción de jornada laboral “que comoquiera se va a implantar”, tendrá un impacto adicional a los municipios y en la empresa privada.

La Junta de Control Fiscal, presentó un recurso de sentencia declaratoria e interdicto contra el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, para que se cumpla con la reducción de jornada laboral para los empleados del Gobierno de Puerto Rico.

Aunque se informó que la reducción afectará unos 135 mil empleados públicos, los componentes de seguridad y educación, están exentos de dicha reducción.

En la alegación del presidente de la JCF, José Carrión, tercero, el gobernador no cumplió con el término de 90 días, a partir del 15 de marzo de 2017, para notificar al Congreso, o al presidente de los Estados Unidos, que no acogería la recomendación de la JCF de reducir la jornada laboral a los empleados públicos.

Según reza la sentencia de 30 páginas, “En ningún momento dentro de los 90 días después del 15 de marzo, el gobernador o la legislatura notificaron a la JCF, al presidente de los Estados Unidos, al líder de la mayoría en el Senado o en el Congreso de Estados Unidos, de una decisión para no adoptar el programa de reducción de la jornada laboral o cualquier otra provisión en el plan fiscal de Puerto Rico”.

Municipios se unen a demandas federales y estatales contra el BGF y la JCF, dice alcaldesa de SJ

SAN JUAN – La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto dio detalles el lunes sobre las demandas estatales y federales contra el Banco Gubernamental Fomento (BGF) y la Junta de Control Fiscal (JCF), por los fondos de la llamada Contribución Adicional Especial (CAE).

“Nuestro llamado al Banco Gubernamental de Fomento, nuestra exigencia al Gobierno es que deje de acelerar las cosas. Que asuma su responsabilidad, que le entregue el dinero a la gente de San Juan y que le ahorremos a la ciudadanía tiempo y dinero y simplemente se cumpla con lo que corresponde”, dijo la alcaldesa de San Juan, en conferencia de prensa, acompañada de los licenciados Charlie Hernández y Frank Torres Viada.

El caso federal, explicó el exrepresentante Hernández pretende que la jueza Taylor Swain detenga el recogido de firmas de los acreedores del BGF sobre el acuerdo bajo el Título 6 de la ley federal PROMESA, sin tan siquiera atender la demanda del Municipio de San Juan.

“Lo que le estamos pidiendo a la jueza es que retenga su jurisdicción, porque una vez se logren estos acuerdos transaccionales, los remedios que le quedan a la juez son más difíciles de poner en vigor. Por eso le estamos pidiendo que detenga la transacción, que la evalúe en sus méritos, que escuche los argumentos del Municipio de San Juan, de que sus fondos se están utilizando para otros fines, que no son servicios esenciales. Que primero adjudique esa controversia y luego evalúe esa transacción”, expuso el abogado del Municipio de San Juan en el caso federal.

En cuanto a la esfera estatal, el licenciado Frank Torres Viada radicó una moción para solicitar documentos, que tienen que ver con el manejo de los fondos del CAE. Lo que se busca es determinar de qué forma el BGF, bajo la pasada administración y la actual, han manejado el sobrante del CAE; cuánto debe el BGF del sobrante del CAE y detalles del acuerdo de restructuración negociado con los acreedores.

La alcaldesa de San Juan alega que se le adeudan 300 millones de dólares por concepto del CAE, y el Gobierno de Puerto Rico establece que son 156 millones de dólares.

Mencionó que 7 municipios se unieron a la demanda en el Tribunal Federal y 11 en el pleito estatal.

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