Acudirán a los tribunales si MSJ pretende cobrar por basura a los residenciales públicos

SAN JUAN  – El secretario del Departamento de la Vivienda (DV), Fernando Gil Enseñat, dijo el martes que su agencia no va a aceptar cualquier imposición de cobro por el recogido de la basura en los residenciales públicos de San Juan.

“Nosotros vamos a ir al Tribunal y que sea el Tribunal el que nos ordene que es lo que hay que hacer. Porque hay un contrato vigente y yo no me puedo ir en contra del contrato. De la única forma en que ellos podrían justificar eso es si tratan a todo el mundo por igual”, dijo el secretario de la Vivienda a preguntas de la prensa.

El funcionario mencionó que ya el Municipio de San Juan (MSJ) dejó de recoger la basura en el residencial Las Camelias. A esos fines, radicará en los Tribunales un recurso para la restitución del servicio.

Según el secretario, varios municipios de Puerto Rico acordaron hace muchos años con el Departamento de Vivienda Federal que a cambio de que les construyera en sus pueblos los residenciales públicos, los municipios se comprometían, entre otras cosas, al recogido de los desperdicios sólidos.

La Legislatura Municipal de San Juan evalúa los contratos de las empresas que administran los 46 residenciales públicos para ver si les pueden cobrar por el recogido de basura.

Según la alcaldesa, Carmen Yulín Cruz Soto, la iniciativa se dio a raíz de los recortes que recibieron los ayuntamientos, que a su vez, los llevó a algunos a inquirir sobre la posibilidad de cobrarle a los privatizadores.

A esto, el secretario del DV respondió que los municipios no tienen autoridad para requerir información a los privatizadores.

Según Gil Enseñat, el municipio de Aguadilla llevó un reclamo similar a los tribunales y no prosperó. Mientras que el alcalde de Carolina, José Carlos Aponte Dalmau, desistió de la idea una vez se le explicó los pormenores del contrato vigente.

En el caso del municipio de Gurabo, se aceptó el retiro del ayuntamiento del recogido de desperdicios sólidos en sus residenciales públicos porque no existe un acuerdo de colaboración vigente con la Administración de Vivienda Pública.

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