Legisladores del PIP radican medida para prohibir las cenizas de carbón en suelo puertorriqueño

EL CAPITOLIO  – Los portavoces del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado y la Cámara, Juan Dalmau Ramírez y Denis Márquez Lebrón, respectivamente, anunciaron el jueves, la radicación de varias medidas legislativas con el propósito de aclarar la prohibición de las cenizas de carbón en suelo puertorriqueño.

“En el día de ayer radicamos en Senado y Cámara el PS600 y el PC1160, respectivamente, que buscan restituir el lenguaje eliminado en el proyecto original para remediar la ineficacia de la Ley 40 de 2017, que evidentemente no logra el propósito de prohibir el depósito y disposición de cenizas de carbón o residuos de combustión de carbón. Ha quedado constatado lo que anticipamos, la Ley 40 fue una ley a la medida de los intereses económicos de la empresa carbonera y no de la protección a la salud y calidad de vida de los residentes de la zona sur, en particular los de Peñuelas. Emplazamos al Gobernado a que incluya esta medida en su convocatoria a la sesión extraordinaria que ya ha anticipado. Si para el Gobernador que es científico y dice creer en el derecho a la salud como uno del más alto rango, que lo demuestre con acciones”, manifestó el senador Dalmau Ramírez en conferencia de prensa.

Además del Proyecto del Senado 600 y la Proyecto de la Cámara 1160, los portavoces del PIP en la Asamblea Legislativa anunciaron la radicación en ambos cuerpos de una Resolución (RS 366 y RC 494) que ordena realizar una investigación en torno a la manera en que se deposita y dispone de las cenizas de carbón o residuos de combustión de carbón en Puerto Rico, luego de aprobada la Ley 40-2017.

El representante Denis Márquez anunció, por su parte, el envío de una carta a la Junta de Calidad Ambiental para requerirle que provea toda la información pertinente ante la irregularidad del horario en el que se depositaron las cenizas en la madrugada del miércoles.

“Estamos requiriendo el permiso de operación del vertedero y su horario de operación, cualquier permiso especial vigente de cambios a dicho horario y la justificación para la otorgación de dicho permiso especial de existir alguno. De igual forma, he solicitado la cantidad de cenizas depositadas en la noche del 11 de julio, la forma en que fueron depositadas o utilizadas para solidificar los desperdicios líquidos industriales, si la JCA inspeccionó dicho depósito y cualquier otro documento relacionado al depósito ocurrido esa madrugada”, dijo Márquez.

Márquez Lebrón informó además que dirigió una misiva a la Comisión de Derechos Civiles “para que tome conocimiento público de que en la noche del 11 de julio y la madrugada del 12 de julio de 2017, agentes de la Policía de Puerto Rico utilizaron cámaras fotográficas y de video para capturar las manifestaciones espontáneas suscitadas en Peñuelas como consecuencia de la decisión del Gobierno de movilizar un contingente numeroso de la Policía para viabilizar el depósito de cenizas en ese municipio. Ello con el fin de suplementar la querella que presentamos tanto el senador Juan Dalmau y este servidor el 28 de abril de 2017 por carpeteo cibernético ante este organismo”.

De igual forma, el senador Juan Dalmau indicó que también cursó una comunicación a la superintendente de la Policía, Michelle Hernández de Fraley, emplazándola para que brinde toda la información sobre el costo que implicó la movilización de sobre 300 agentes, escolta de motoras y patrullas a los camiones hacia y desde la planta de carbón en Guayama, uso de helicópteros, división canina, grúas de plataforma del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Fuerza de Choque y Unidad de Arrestos Especiales, entre otros, para el operativo realizado durante estos últimos tres días y los subsiguientes.

“La superintendente tiene que explicar la justificación para la realización de un operativo sin precedentes como el que hasta el momento se continúa realizando y si en efecto se estará llevando a cabo este tipo de acciones cada vez que la carbonera AES decida enviar sus camiones a Peñuelas y Humacao, o cualquier otra parte de Puerto Rico. Debe aclarar además si la Policía continuará sirviendo de alcahuete y guarda espaldas privado de esta millonaria empresa carbonera”, concluyó el pxortavoz del PIP en el Senado.

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