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Gobernador realiza nombramientos a la Junta de Gobierno de la UPR

LA FORTALEZA  – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares hizo el martes, varios nombramientos a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR), quienes comenzarán a ejercer sus funciones como nombramientos de receso.

El gobernador nominó formalmente a los licenciados Antonio Monroig y Luis Berríos Amadeo a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR), que contará ahora con 10 de sus 14 miembros.

“Luego de una ponderada y minuciosa evaluación sobre las credenciales de varios candidatos para llenar las vacantes disponibles en la Junta de Gobierno de la UPR, estoy nominando a personas que estoy seguro que con sus experiencias y sensibilidades podrán encaminar a la Universidad hacia un mejor porvenir”, sostuvo Rosselló Nevares en declaraciones escritas.

Durante las pasadas semanas, varios líderes estudiantiles y profesores han solicitado al gobernador que haga designaciones adicionales a la Junta de Gobierno de la UPR. El día de ayer, la Junta de Gobierno de la UPR solicitó de forma unánime y con el voto de los representantes estudiantiles y claustrales la designación de miembros adicionales.

El licenciado Antonio Monroig cuenta con una extensa trayectoria profesional tanto en el sector público como en el privado, que incluye haber fungido como subsecretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, presidente de la Junta de la Autoridad de Desperdicios Sólidos de Puerto Rico, asesor general de la Administración de Fomento Cooperativo de Puerto Rico y director adjunto de los Servicios Legales de San Juan.

Monroig ejerció como educador en el Sistema de Educación Pública desde 1968 al 1971 y fue profesor en el programa de la Universidad Inter Americana en Bases Militares (Fuerte Buchanan) del 1972 al 1975. Del 1976 al 1981 fue miembro del Comité Educativo de la Comunidad de Fairfax County, estado de Virginia y del 1981 al 1985 fue miembro de la Junta de Directores de la Escuela de Derecho de la Universidad de Antioch en Washington, DC.

A nivel nacional, el licenciado Monroig ha tenido grandes aportaciones en el desarrollo comunitario de la diáspora, sirviendo como presidente del Grupo de Trabajo del Presidente Ronald Reagan para asuntos hispanos y otros grupos que promueven la agenda latina en los Estados Unidos. Además, ejerció como miembro de la Comisión de los Pequeños y Desventajados Negocios del condado Fairfax en Virginia y ha participado como director de varias juntas de organizaciones culturales y educativas.

Por su parte, el licenciado Luis Berríos Amadeo fue presidente de la entonces Junta de Síndicos de la Universidad, ha sido un profesional destacado en el derecho y es egresado de la UPR de la Facultad de Administración de Empresas.

En su carrera pública trabajó en el Departamento de Justicia en la División de Litigios Generales, fue presidente de la Comisión de Servicios Público, miembro de la Junta de Relaciones del Trabajo y miembro de la Junta de Directores de la Autoridad de las Alianzas Pública Privadas, entre otras posiciones públicas y privadas.

El licenciado Berríos Amadeo es coronel retirado de la Reserva del Ejercito de los Estados Unidos y ha trabajado en la práctica del derecho civil por más de 45 años.

El primer ejecutivo agradeció el desprendimiento y disponibilidad de los nominados para servir a la Universidad en tiempos de grandes retos.

“Gracias a estos servidores por aceptar formar parte del máximo organismo rector de nuestra universidad cuando más se necesitan personas íntegras, sensibles y capacitadas. La Universidad contará con el apoyo del Gobierno y seguiremos cumpliendo nuestros compromisos para que pueda seguir dando sus importantes servicios educativos en momentos de grandes retos fiscales”, expresó Rosselló Nevares.

El 23 de mayo de 2017, el gobernador designó al profesor Walter Alomar Jiménez y a la licenciada Zoraida Buxó Santiago, quienes fueron confirmados por el Senado de Puerto Rico. El profesor Alomar fue seleccionado de forma unánime como presidente interino de la Junta de Gobierno y la licenciada Buxó como vicepresidenta.

Rosselló Nevares convierte en ley medidas para desarrollo económico

SAN JUAN  – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó el martes, tres medidas legislativas que buscan incentivar la economía y crear nuevos empleos en Puerto Rico, con especial énfasis en las pequeñas y medianas empresas (PYMES).

“En el Plan para Puerto Rico nos comprometimos con incentivar a las PYMES y a impulsar la innovación y la tecnología. Con la firma de estas medidas seguimos fortaleciendo a Puerto Rico como un destino de inversión y fomentamos la exportación de servicios”, expresó el primer mandatario en conferencia de prensa.

Explicó que estas medidas —todas presentadas por el Ejecutivo— son el Proyecto de la Cámara 878 que enmienda la Ley 20 de 2012; y los proyectos del Senado 369 y 284 que enmiendan la Ley 22 de 2012; y la Ley 73 de 2008, respectivamente.

Sostuvo que las enmiendas a la Ley 20-2012 permiten que más personas puedan invertir en Puerto Rico al flexibilizar los requisitos para obtener decretos. También se elimina el requisito de un mínimo de cinco empleados para exportar servicios desde Puerto Rico con empresas locales, lo que permite que las pequeñas y medianas empresas puedan cualificar. Asimismo, faculta que los médicos puedan utilizar los incentivos para ofrecer servicios de telemedicina y turismo médico, lo que hace más atractivo para la clase médica ejercer su profesión en la Isla.

En la conferencia estuvieron presentes el arquitecto Ricardo Álvarez-Díaz y Cristina Villalón, propietarios de una empresa en la industria de la construcción, el diseño y la arquitectura que mediante la Ley 20 ha podido exportar servicios a Medio Oriente, Panamá y Nueva York, entre otros lugares; además de aumentar su plantilla de empleados de 7 a 15.

“Para nosotros la Ley 20 sirvió como mecanismo de reenfoque para así redirigir nuestras energías hacia exportar nuestros servicios. Sin embargo el requerimiento mínimo de empleados desanimaba a muchos profesionales, ya que la mayoría son practicantes individuales. La enmienda aprobada abre las puertas a la mayoría de estos para que creen nuevas oportunidades profesionales en vez de convertirlos en otra estadística más de las personas que se van de Puerto Rico”, manifestó

De otro lado, mencionó que las enmiendas a la Ley 22-2012 buscan que individuos residentes inversionistas aporten 5,000 mil dólares anuales a organizaciones sin fines de lucro que operen en Puerto Rico. Además, eliminan requisitos burocráticos que entorpecían la solicitud de los incentivos que ofrece la ley.

Por su parte, Yadira Valdivia, portavoz de los Centros Sor Isolina Ferré —entidad sin fines de lucro dedicada a trabajar con las comunidades más desventajadas— resaltó que las enmiendas a la Ley 22 establecen un mecanismo formal para que este grupo pueda canalizar su sentido de responsabilidad social y contribuir así al desarrollo socioeconómico de Puerto Rico mediante el fortalecimiento de las organizaciones sin fines de lucro.

Finalmente, las enmiendas a la Ley 73-2008 fomentan la inversión económica en el área de investigación y desarrollo (R&D, por sus siglas en inglés) al permitir que empresas que operan con propuestas (grants) de fondos federales —especialmente las PYMES y startups— puedan obtener los créditos contributivos que ofrece la ley.

Además, la Ley 73-2008 faculta para que el diez por ciento del dinero que ingrese al Fondo Especial para el Desarrollo Económico (FEDE) sea utilizado para proveer incentivos especiales en el establecimiento de programas para incentivar y promover inversión en innovación, ciencia, tecnología; exportación de bienes y servicios relacionados a la innovación, ciencia y tecnología; y capacitación de pequeñas y medianas empresas.

El secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy Rivera, expresó que “estas enmiendas están dirigidas a crear un programa para dirigir incentivos y esfuerzos para desarrollar una clase empresarial local de alto impacto y con potencial de exportación en sectores estratégicos tales como manufactura avanzada, aeroespacial y aeronáutica. Por esto, se reserva un 10% de los incentivos económicos para empresas locales y PYMES en el Fondo de Desarrollo Económico de Puerto Rico”.

“Al mismo tiempo, se impulsará la transición de Puerto Rico hacia un modelo de desarrollo económico basado en la economía del conocimiento y la innovación, utilizando el incentivo más atractivo que ofrece Puerto Rico: el crédito contributivo por investigación y desarrollo bajo este estatuto”, añadió Laboy Rivera.

Asimismo, Rosselló Nevares afirmó que “estas tres medidas propician la inversión, el desarrollo y la actividad económica en Puerto Rico. En estos primeros seis meses de nuestra administración, además de atender la crisis fiscal heredada, nos hemos enfocado en el desarrollo económico y en hacer reformas que hagan a Puerto Rico más competitivo para atraer inversión y fomentar que nuestros empresarios crezcan en su Isla”, afirmó el primer ejecutivo.

El gobernador añadió que estas medidas se unen a otras que ya han sido aprobadas, como las enmiendas a la Ley de las Alianzas Público Privadas, el Destination Marketing Organization (DMO), Enterprise PR, la Reforma Laboral y la Reforma de Permisos, entre otras. También indicó que ya están en vías de anunciar la Reforma Contributiva y encaminar la Reforma Energética para que la Isla vuelva a ser un atractivo de inversión para los de aquí y de afuera.

Durante la firma de la ley, acompañaron al gobernador las senadoras Zoé Laboy y Migdalia Padilla; los representantes Antonio “Tony” Soto y Víctor Parés; el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Laboy; así como el director ejecutivo de la Compañía de Comercio y Exportación, Ricardo Llerandi.

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