Federales sentencian abogado por ocultar acusado

SAN JUAN – El magistrado federal del Distrito de Puerto Rico, Daniel Domínguez, condenó el martes al abogado Lemuel Velilla Reyes a 18 meses de prisión, un año de libertad supervisada y una multa de 20 mil dólares por ocultar a un fugitivo, tratando de obstruir, influenciar e impedir la debida administración de justicia, y la manipulación de los procedimientos oficiales, según anunció la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Vélez.

“Las acciones cometidas por este abogado y sus esfuerzos para ocultar a un fugitivo federal de detención a través de una conducta ilegal, minaron la confianza del público en el sistema judicial. La confianza del público en la integridad del sistema de justicia criminal y las personas que trabajan dentro de ese sistema es de suma importancia para mantener la ley y el orden en nuestra sociedad. Vamos a seguir trabajando con las autoridades locales, estatales y otras agencias de aplicación de la ley federal para reforzar la confianza del público en nuestro sistema de justicia “, dijo Rodríguez Vélez, en declaraciones escritas.

Relató que Velilla Reyes fue encontrado culpable el 12 de octubre de 2016, después de un juicio por jurado de 20 días. Fue acusado originalmente el 16 de septiembre de 2014, bajo los cargos de albergar y ocultar a la detección de una persona que haya de arrestar una orden había sido emitida bajo las disposiciones de una ley de los Estados Unidos bajo el cargo de delito grave. El 9 de julio de 2015, una segunda acusación formal fue emitida contra Velilla Reyes y Wilfredo Rodríguez Rodríguez, acusado de esforzarse para obstruir, influenciar e impedir la debida administración de justicia, y la manipulación de los procedimientos oficiales.

Los hechos probados en el juicio demostraron que el 14 de julio de 2011, Velilla Reyes representado fugitivo federal Wilfredo Rodríguez Rodríguez, también conocido como “Fredo”, también conocido como “Cabo”, también conocido como “Capellán,” bajo el falso nombre de “Felix Otero Torres” por cargos de drogas y de armas blancas locales en un tribunal estatal.

En ese momento, Wilfredo Rodríguez Rodríguez tenía una orden de detención pendiente desde el 14 de julio del 2010, en el caso federal de Estados Unidos v. José Colón-de Jesús, et. Alabama. Crim. No. 10-251 (JAF), donde fue clasificada como la quinta persona en el auto de procesamiento 110-acusado. Fue acusado de participar como líder en una conspiración para distribuir el tráfico de drogas sustancias controladas en el Virgilio Dávila, Las Gardenias, Brisas de Bayamón, y proyectos de vivienda Falin Torrech, y otras áreas dentro del Municipio de Bayamón.

Velilla Reyes fue el abogado de muchos de los miembros de la organización de tráfico de drogas, del cual Rodríguez Rodríguez era una parte, y legalmente le había representado en un caso penal antes en 2006.

En las primeras horas de la mañana del 14 de julio del 2011, la Policía de Puerto Rico arrestaron a  Rodríguez Rodríguez en Toa Baja.

Velilla Reyes llegó a la estación de Policía para proporcionar la representación legal de Rodríguez Rodríguez bajo el nombre falso que había proporcionado. El abogado se mantuvo al margen mientras los cargos contra su cliente se presentaron bajo el nombre falso. A continuación, apareció en la corte durante el procedimiento de causa probable y falsamente representado a la corte que su cliente Félix Otero-Torres no podía recordar su número de seguridad social o su dirección completa. Velilla Reyes solicitó que la fianza se establecerá sin vigilancia electrónica y dijo a la corte que continuaría representar a su cliente a través de todas las actuaciones. Rodríguez Rodríguez, quien fue identificado positivamente durante los días que siguieron, no se presentó en la comisaría para la reserva y no volvió a ningún otro procedimiento judicial. Velilla Reyes continuó como el abogado del caso, pero no apareció en ninguna de las audiencias judiciales posteriores. Como consecuencia de las acciones anteriores, el bono fue ordenado perdido y la compañía de bonos tuvo que pagar 24,000 dólares.

“A medida que la evidencia en este caso demuestra, este acusado abusó de su condición de funcionario de confianza de la corte para corromper el sistema judicial, y al hacerlo, puesto en peligro al público mediante el establecimiento de una conexión fugitivo,” dijo Douglas Leff, agente especial a cargo del FBI.

El consejero litigante principal José Ruiz Santiago, el fiscal federal adjunto Jenifer Hernández, y Víctor O. Acevedo Hernández estaban a cargo del procesamiento del caso.

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