Un informe acusa al Gobierno de México de espionaje digital contra activistas y periodistas

El reporte documenta 76 nuevos intentos de infección, entre enero de 2015 y julio de 2016

Un informe acusa al Gobierno de México de espionaje digital contra defensores de los derechos humanos y periodistas con un software malicioso (malware), conocido como Pegasus. La investigación, elaborada por The Citizen Lab, la organización internacional Artículo 19 y las mexicanas R3D y SocialTIC, documenta 76 nuevos intentos de infección, entre enero de 2015 y julio de 2016.

“Cuando una persona es atacada con Pegasus, recibe un mensaje SMS en su teléfono, el cual contiene un texto que busca persuadirlo de hacer clic en un enlace infeccioso, haciéndose pasar por una noticia, un aviso o el mensaje de un familiar o amigo”, explica R3D en una nota “Si la persona hace clic en el enlace, su teléfono recibe inadvertidamente un software malicioso que permite al atacante, entre otras cosas, tener acceso a todos los archivos guardados en el dispositivo, así como controlar la cámara y el micrófono del celular”.

El informe, adelantado por The New York Times y Buzzfeed News Mexico, se presentará este lunes. Entre los afectados se encuentran los periodistas Carlos Loret de Mola y Carmen Aristegui, reporteros de Mexicanos contra la Corrupción y personal del Instituto Mexicano para la Competitividad. También representantes del Centro Prodh recibieron intentos de infección en diversas etapas, como el décimo aniversario de la represión de Atenco, la discusión de la Ley General contra la Tortura o la presentación de un informe sobre el caso Ayotzinapa, la desaparición de los 43 normalistas en Iguala.

Según explica R3D, “Pegasus es un sofisticado malware de vigilancia que solamente puede ser comercializado a gobiernos. En los últimos años, se ha reunido evidencia de que al menos tres instancias del gobierno federal lo han adquirido: la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Secretaría de la Defensa Nacional; esta última, sin facultades legales para ejercer acciones de vigilancia”, añade la organización.

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