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Muchas enmiendas al presupuesto, dice representante Soto Torres

GUAYNABO – El presidente de la Comisión de Hacienda y PROMESA, Antonio “Tony” Soto Torres dijo el viernes que el presupuesto recomendado por el Ejecutivo para el año fiscal 2017-2018 va a sufrir cambios mayores.

“Tanto en forma, como fue presentado, como con las reubicaciones de las partidas de gastos, para satisfacer las inquietudes de la Junta Fiscal”, dijo Soto Torres en conferencia de prensa.

Soto Torres mencionó que posteriormente dará detalles sobre los cambios hechos al presupuesto, específicamente las asignaciones especiales.

“Te puedo dar como ejemplo, que la secretaria de Educación pidió tener dinero disponible para poner las escuelas al día para el próximo semestre escolar y nosotros, tanto en Cámara como en Senado estamos trabajando en conjunto para identificar dinero en el presupuesto que podamos asignar al Departamento de Educación”, sentenció.

En este caso, el dinero se dejará en manos de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, para que ellos le paguen entonces a la Autoridad de Edificios Públicos o a la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas (OMEP).

De igual forma, se identificó dinero no asignado en el presupuesto para las escuelas públicas con currículo Montesorri.

Otra partida que sufrió cambios fue la de las organizaciones sin fines de lucro, que en algunos casos dan servicios a la ciudadanía.

El presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez menciono que la expectativa es aprobar el presupuesto el jueves 22 de junio, lo cual deja fuera del panorama el plazo del 19 de junio, que puso la Junta de Control Fiscal para que le entregaran el documento con las enmiendas.

Mientras, en el Senado, se evaluó el presupuesto consolidado del Departamento de Justicia para el próximo año fiscal 2017-2018 que asciende a 141.8 millones de dólares, de los cuales el 65 por ciento será destinado a gastos de nómina. El presupuesto actual es de 200,078,000 dólares.

El presupuesto consolidado recomendado para el año fiscal 2017-2018 se compone de 90.3 millones de dólares, que provienen del Fondo General, 10.1 millones de dólares de asignaciones especiales, 34.9 millones de dólares de fondos federales y 6.3 millones de dólares de fondos especiales. Este presupuesto refleja una disminución de 58.1 millones de dólares que se concentra en el Fondo General, mayormente en las asignaciones especiales.

Representante asigna miles de dólares para obras en Arecibo y Hatillo

EL CAPITOLIO (CyberNews) – El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José ‘Memo’ González Mercado, anunció el viernes, una asignación presupuestaria de 339,000 dólares para la realización de una serie de mejoras permanentes en los municipios de Arecibo y Hatillo.

“Durante los pasados tres meses nos dimos a la tarea de identificar varios proyectos de infraestructura apremiantes en diversas comunidades de los municipios de Arecibo y Hatillo. Luego de este estudio, logramos, con la ayuda de nuestro presidente de la Cámara de Representantes y un muy buen amigo de la Región Norte, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, localizar unos fondos que vamos emplear para mejorar la calidad de vida de nuestra gente”, comentó González Mercado en declaraciones escritas.

Detalló que, entre las múltiples partidas, asignó unos 25,000 dólares para la repavimentación de calles en varios sectores del Barrio Arenalejos, 10,000 dólares para mejoras permanentes, incluyendo la reparación del estacionamiento, en la Comandancia de la Policía de Puerto Rico y unos 10,000 dólares para la instalación de una unidad de aire acondicionado en el Centro Comunal del Barrio Miraflores; todo en Arecibo.

“Uno de los mayores problemas en toda la zona es la falta de postes de alumbrado, para corregir esa deficiencia, asignamos 85,000 dólares. De esos fondos también utilizaremos algunas partidas para la reforestación de la zona, la protección del ambiente e inversión en proyectos de energía renovables que facilite la transición del uso de combustibles fósiles a energía limpia”, añadió el legislador.

González Mercado además indicó que se consiguieron 45,000 dólares para ayuda directa a los residentes del Distrito, 10,000 dólares para reparaciones, incluyendo un nuevo aire acondicionado, en el Centro Comunal del barrio Dominguito, 4,000 dólares para compra de materiales eléctricos para las facilidades deportivas en el Sector Arvaja, y 5,000 dólares para la repavimentación de varias calles en el Sector Biafara, entre otros.

Llueven las reacciones ante carta enviada a la Administración Rosselló por la JCF

EL CAPITOLIO  – Las reacciones ante la carta emitida por la Junta federal de Control Fiscal (JCF), al gobernador Ricardo Rosselló Nevares y los presidentes legislativos, provocó en la tarde del viernes, las reacciones entre populares e independentistas.

De primer plano, la senadora por el Partido Popular Democrático (PPD), Rossana López León catalogó de bochornosa la “complicidad” entre el ente federal y la Administración Rosselló.

“Espero que sea el fin de esa complicidad bochornosa. Después de aprobarle un plan fiscal y un presupuesto en secreto a Ricardo Rosselló, hoy la Junta de Control Fiscal dice que este no está cumpliendo con PROMESA. Le dieron todo, hasta su cómplice silencio previo al plebiscito y ahora que desde el Congreso les están regañando, entonces sale a flote la realidad de ese vergonzoso concubinato que actuaba de espaldas al pueblo”, dijo López León en declaraciones escritas.

Por su parte, el portavoz de la Minoría de la Cámara Alta, Eduardo Bhatia sostuvo que esa comunicación llegó muy tarde.

“La carta que enviara hoy la JCF al gobernador Ricardo Rosselló llega mes y medio tarde. Puerto Rico atraviesa la peor crisis en su historia, el país fue declarado por Ricardo Rosselló en quiebra y ya no aguanta la falta de transparencia tanto del propio Gobernador y de la Junta de Control Fiscal”, dijo Bhatia en declaraciones escritas.

“En el PPD llevamos meses pidiendo información de ambos y no hemos recibido respuesta. La democracia exige respetar el derecho del pueblo y de las minorías políticas a revisar y cuestionar la información. Sin dicha información se convierte el ejercicio de gobernar en una burla. Además, continuar ocultando información es condenar y dar la espalda a los más vulnerables. Reitero mi exigencia a ambos, al Gobernador y a la Junta a que compartan con el país toda la información que han mantenido y continúan manteniendo oculta.  Llegó la carta pero no la información”, añadió.

Mientras, el portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez señaló que “Transparencia es un principio fundamental de gobierno, NO porque lo exija PROMESA o la Junta de Control Fiscal Federal, sino porque va a la médula del conocimiento, la participación y determinaciones ciudadanas sobre asuntos que le afectan enormemente. Por eso, desde que se inició el proceso de evaluación del presupuesto, he denunciado la falta de información sobre el impacto real de los recortes.

Además de la transparencia, he insistido en la confrontación con la Junta, que lo que está pidiendo, en respuesta a cartas de congresistas, son medidas más severas contra el pueblo de Puerto Rico. Pero el Gobernador no ha sido ni transparente con el país, ni lo suficientemente valiente para hacer frente a los abusos y atropellos que pretende perpetrar la Junta de Control Fiscal, ante la cual se ha doblegado sumisamente.  ¡Esta bueno ya de que el liderato electo del PNP se comporte como subalterno de la Junta!”.

El presidente de la JCF, José Carrión, tercero, envió una carta al gobernador Ricardo Rosselló Nevares y los presidentes legislativos, Thomas Rivera Schatz y Carlos Méndez Núñez, en la que expresó que la administración no ha comunicado correctamente la situación fiscal que enfrenta el país. Además, que no se ha definido con claridad qué servicios son los esenciales, y urgió al Gobierno a comunicar tanto la situación fiscal del país como el estado de situación.

Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia demanda al Municipio de Cabo Rojo

SAN JUAN – La secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, informó el viernes, que la Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM) radicó esta mañana una demanda contra el Municipio de Cabo Rojo por la otorgación de un contrato exclusivo a Consolidated Waste Services, LLC (CWS) y/o Consolidated Waste Managers, Corp. (CWM) para el recogido de los desperdicios sólidos con la venta exclusiva de bolsas plásticas anaranjadas.

“El Departamento de Justicia, en su capacidad fiscalizadora, no va a permitir violaciones a la Ley de Monopolios y Restricción al Comercio. Debe existir la libre competencia y se penalizarán actos que restringen a otros a brindar servicios y fijen precios. Evitaremos que empresas controlen el mercado en perjuicio a los ciudadanos. Las empresas tienen derecho a competir en igualdad de condiciones”, expresó la secretaria de Justicia en declaraciones escritas.

La secretaria auxiliar de la Oficina de Asuntos Monopolísticos, Denise Maldonado Rosa, detalló que la demanda solicita al Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez que emita una sentencia declaratoria, una orden provisional de restricción y prohibición bajo el Artículo 13 de la Ley de Monopolios y un interdicto preliminar y permanente en contra del Municipio de Cabo Rojo, CWS y/o CWM por violación a la Ley 77 del 25 de junio de 1964, conocida como la Ley de Monopolios y Restricción al Comercio.

La jueza Lynette Ortiz Martínez, del Tribunal de Mayagüez, emitió una orden a las partes demandadas para que cesen de forma inmediata la implantación de la ordenanza aprobada el 5 de abril de 2017 y el efecto de las cláusulas contractuales. La misma entró en vigor de inmediato y estará en vigor hasta el lunes, 19 de junio a las 2:00 p.m., fecha en que se convocó a las partes para una vista urgente sobre Remedios Provisionales y sobre Interdicto Preliminar.

Las alegaciones de la demanda aducen sobre la pretensión de los demandados a consumar un contrato cuyo efecto es prevenir la competencia y crear un monopolio en el mercado del recogido de desperdicios sólidos y de las bolsas plásticas al obligar a los ciudadanos a adquirir las bolsas anaranjadas especializadas. Las mismas son distribuidas por CWS y/o CWM para que los comerciantes caborrojeños las vendan a los residentes, comerciantes y/o visitantes para disponer de la basura. Las bolsas anaranjadas no pueden ser sustituidas por ninguna otra bolsa disponible en el mercado.

“Tanto los asuntos concernientes a las restricciones al comercio y los monopolios como los asuntos relacionados a la salud pública de los ciudadanos de Puerto Rico están revestidos de un alto interés público.  En vista de lo anterior, la OAM presentó una Solicitud de Orden Provisional paralice la implantación de la Ordenanza Municipal Núm. 26 de la serie 2016-1017 del Municipio de Cabo Rojo y el contrato perfeccionado el día 10 de abril de 2017 entre el Municipio de Cabo Rojo (MCR), Consolidated Waste Services, LLC (CWS) y/o Consolidated Waste Managers, Corp. (CWM)”, manifestó Maldonado Rosa.

La OAM solicitó al tribunal que emita: una sentencia declaratoria que disponga que la transacción entre el Municipio de Cabo Rojo y CWS y/o CWM viola los Artículos 2 y 4 de la Ley de Monopolios, respectivamente, toda vez que constituye un acuerdo y/o conspiración para restringir irrazonablemente los negocios o el comercio en la industria del recogido de desperdicios sólidos y reciclables; constituye un acuerdo y/o conspiración para monopolizar los negocios o el comercio del recogido de desperdicios sólidos y reciclables; y constituye un intento de reducir sustancialmente la competencia y/o tenderá a crear un monopolio en la industria del recogido de desperdicios sólidos y reciclables. Se solicita además un interdicto preliminar y eventualmente un interdicto permanente que les prohíba a los demandados perfeccionar y hacer efectivo el contrato, que se declare que la Ordenanza 26 viola la Ley de Monopolios. Se solicitó que se emita una orden provisional de restricción y prohibición mediante la que inmediatamente le prohíba a los demandados poner en efecto el contrato; además de que se provea cualquier otro remedio que proceda en ley y equidad.

La investigación de este caso continúa activa ante la OAM.

Estudiantes denuncian administración UPR por supuestas negligencias en trámites para recibir fondos federales

SAN JUAN – El Consejo General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (CGE UPR-RP), denunció al cuerpo de decanos y acusó a la decana Gloria Díaz Urbina de “negligente”, trascendió el viernes.

Las acusaciones surgen a raíz de que, supuestamente, aún cuando el campus retomó labores el pasado 12 de junio, hasta el momento los documentos necesarios para la reinstalación de la elegibilidad a fondos federales no han sido enviados.

“Para que la Universidad pudiera llevar a cabo el proceso de reinstalación y accesar nuevamente a los fondos federales era necesario que se retomaran las labores y se hizo. La administración ha tenido tiempo de sobra y exigimos que preparen los documentos pertinentes para que sean enviados lo antes posible. Parecería que están siendo muy selectivos en administración a la hora de dar la cara por la Universidad y tomar acciones para protegerla. Es necesario que el amor por la Institución que profesamos, en este momento más que nunca, no se quede en discursos gastados, sino que se transforme en hechos”, expresó la presidenta del Consejo General de Estudiantes, Wilmarí de Jesús en declaraciones escritas.

Desde el pasado 20 de abril el recinto de Río Piedras perdió la elegibilidad a fondos federales. Esto no significa que la Institución quedó desacreditada, sin embargo, el no hacer los trámites de reinstalación; podría dejar a cerca del 59 por ciento de los estudiantes sin forma de costear sus estudios.

“También emplazamos al cuerpo de rectores para que entreguen los informes auditados de sus respectivos recintos. Esta conducta ha sido una de las observaciones que le ha hecho el Departamento de Educación Federal a la Universidad desde hace ya varios años. De hecho, por este problema persistir es que desde 2013 la UPR ha trabajado bajo una certificación provisional que incluso fue renovada en 2016”, expuso Jorge Rivera, vicepresidente del CGE.

Residentes y comerciantes denuncian pérdidas económicas ante apagones e interrupciones del servicio eléctrico

SAN JUAN  – El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara, Víctor Parés Otero trasladó el viernes, los trabajos de su comisión hasta el centro comunitario del Señorial en Cupey, donde llevó a cabo una vista pública para atender problemas y denuncias de los residentes y comerciantes de la zona.

“Para nosotros es prioridad atender todo problema que incida con el desarrollo económico. Este problema con el servicio eléctrico es constante, casi a diario, se ha tornado un dolor de cabeza para los comerciantes que han tenido pérdidas económicas en sus negocios. De igual manera, vecinos de las comunidades como Crown Hills, El Señorial, y otras urbanizaciones de Cupey han denunciado que llevan mucho tiempo con el problema de las interrupciones de energía, lo que afecta su calidad de vida y les ha causado daños a equipos eléctronicos”, puntualizó el legislador en declaraciones escritas.

Parés Otero, representante por el distrito 4 de San Juan, indicó que ante numerosas llamadas a su oficina denunciando sobre las constantes interrupciones con el servicio de energía eléctrica en zonas residenciales y comerciales en el área, citaron a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para que atendiera los reclamos de la comunidad.

También participaron en la vista funcionarios de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Policía de Puerto Rico y Autoridad de Carreteras.

El legislador mencionó que la resolución 64 faculta investigar sobre todo asunto relacionado a las prioridades económicas y proyectos estratégicos de infraestructura que propendan al desarrollo económico y situaciones de la industria, el comercio, telecomunicaciones, energía, alianzas público privadas y la economía en general.

Por su parte el ingeniero Osvaldo Cruz de la AEE explicó en la audiencia que las interrupciones totales son como consecuencias de falta de personal disponible en la Autoridad para llevar a cabo trabajos de conservación programada en los alimentadores e interruptores.

“Los sectores mencionados se sirven de la Subestación 1303, conocida como la Subestación de Villa Betina, ubicada en la PR 176 en Cupey Alto. Es importante mencionar que la referida subestación y varios de sus alimentadores sufren distintas fallas por la falta de control de vegetación de los dueños de los predios por los cuales discurren las líneas eléctricas, a dificultad de la Autoridad de llevar a cabo el desganche efectivo, que según indicamos, por la falta de personal disponible”, dijo el ingeniero Cruz.

Añadió que las interrupciones parciales del servicio eléctrico en los sistemas soterrados de varias urbanizaciones y sectores están diseñados y construidos directo a tierra o sin tuberías, “cuando se dañan los cables que discurren por ellos no se pueden reemplazar porque no pasan por tubos PVC. Por lo cual, la única alternativa en estos casos es construir un sistema aéreo de forma provisional para continuar proveyendo el servicio”.

Mencionó que como alternativa a largo plazo la AEE considera incluir en su Programa de Mejoras Capitales de los próximos cuatro años, un proyecto para reconstruir todo el sistema soterrado averiado. A corto plazo, dijo la Autoridad llevará a cabo mantenimientos preventivos en las instalaciones provisionales aéreas y que la agencia trabaja, además, para reclutar o contratar personal adicional para subsanar la falta de personal a causa de jubilaciones y renuncias en los pasados años.

De otra parte, Emilio Reyes, presidente de las Farmacias Reyes denunció que la fluctuación de energía eléctrica y los apagones afectan los equipos electrónicos, especialmente los más delicados como el robot del recetario en su farmacia. “Aunque la Ley de Farmacia de Puerto Rico exige a las farmacias generadores de energía para conservar los medicamentos, en mi caso lo tengo y podemos operar, pero los equipos se afectan”, aseguró.

La presidenta de la Asociación de Residentes de Crown Hills, María Fernández también presentó las denuncias y preocupaciones de los residentes sobre los apagones constantes, la ausencia de servicios municipales y estatales a la comunidad.

Secretario del DRD firma acuerdo colaborativo para impulsar desarrollo del tenis de mesa en la isla

SAN JUAN  – El secretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), Andrés Waldemar Volmar Méndez, en unión al presidente del Club de Tenis de Mesa, Águilas de la Montaña en Utuado, Bladimir Díaz Nieves, y el presidente de la Federación de Tenis de Mesa, Iván Santos Ortega, firmaron el viernes, el acuerdo colaborativo para que el Gobierno de Puerto Rico, por vía de dicha agencia, continúe apoyando el desarrollo del tenis de mesa en la Isla.

La determinación surgió luego que el titular del DRD informara recientemente al secretario de la Gobernación, William Villafañe, que el destaque con el que Bladimir Díaz laboraba como entrenador mientras que es empleado de carrera de la agencia, se otorgó de manera irregular durante la pasada administración.

Díaz es el entrenador de la reconocida tenimesista olímpica, Adriana Díaz.

“Este acuerdo colaborativo surge a tono con la política pública del gobernador Ricardo Rosselló Nevares de hacer un Gobierno más eficiente, en este caso facilitando el desarrollo del deporte con los recursos gubernamentales del DRD, pero a la vez, velando que los procesos se lleven a cabo bajo el marco de la ley”, agregó el funcionario en declaraciones escritas.

Como parte del acuerdo, el Departamento de Recreación y Deportes, en conjunto con el Club y la Federación de Tenis de Mesa, desarrollarán un plan de trabajo dirigido a cumplir con los objetivos establecidos en el documento. También se identificarán los recursos a destinarse al Club, así como un itinerario dirigido a establecer un máximo de horas contacto semanales para asegurar que se cumplan con los propósitos del acuerdo, y que se le dé fiel cumplimiento a las leyes laborales aplicables a los recursos identificados.

El Club y la Federación se encargarán de proveer los planes de trabajo debidamente certificados en los cuales se soliciten los recursos y se establezcan las horas contacto necesarias para cumplir con dichos planes.

“Reconociendo lo importante que es Adriana y muchos otros jóvenes, como atletas puertorriqueños, estamos dando paso a este mecanismo para asegurar que no se interrumpa su desarrollo deportivo. Esta administración y yo, como secretario de Recreación y Deportes, jamás pondremos trabas para el crecimiento de nuestra niñez y juventud. Vamos a corregir las deficiencias y las actuaciones realizadas por la pasada administración, pero a la vez seguiremos impulsando más y mejores alternativas de recreación y de desarrollo para ellos. Somos un gobierno de transparencia y no vamos a repetir los errores del pasado”, sostuvo el secretario Volmar Méndez.

“Insuficiente” para Justicia presupuesto consolidado designado de $141.8 millones

EL CAPITOLIO  –  La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced dijo el viernes que el presupuesto que se le asignará a esa agencia de gobierno para el próximo año fiscal, es insuficiente.

“Tomando las situaciones antes descritas la secretaria denunció que el presupuesto recomendado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) es insuficiente para el cumplimiento de los compromisos programáticos, particularmente la lucha contra la criminalidad y para el cumplimiento de nuestras obligaciones delegadas en ley. Una vez recibimos el presupuesto recomendado por OGP presentamos nuestras preocupaciones con relación al mismo y tenemos el compromiso de OGP en colaboración y comunicación de la Asamblea Legislativa de enmendar el mismo”, dijo Vázquez Garced en declaraciones escritas.

Informó que OGP identificó a esos fines 6.8 millones de dólares a pesar de que necesita 12 millones de dólares.

En vista pública, la funcionaria describió la agencia como en pésimas condiciones de la planta física, pagos atrasados, una deficiencia en la partida de nómina de dos millones de dólares, múltiples contratos por servicios profesionales con fecha de vencimiento al 31 de diciembre pasado y sin presupuestar fueron algunos de los hallazgos que encontró la actual secretaria de Justicia Wanda Vázquez Garced a su llegada a la agencia el 3 de enero pasado.

A esto se suma una “disminución considerable” en el Fondo de Compensación a Víctimas y Testigos de 9,598,400 dólares en el 2012 a 4,550,279 dólares en el 2016. También, sobre 700 mil dólares de pagos contra salarios de personas que no tenían balances de vacaciones ni de enfermedad, la desarticulación del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) por el pre-retiro de empleados y la puesta en sindicatura de fondos federales por 20 hallazgos “medulares” por el incumplimiento del manejo de fondos.

Así lo informó Vázquez Garced en una vista pública de la Comisión de Hacienda del Senado, que preside la senadora Migdalia Padilla Alvelo, en la que se evaluó el presupuesto consolidado de Justicia para el próximo año fiscal 2017-2018 que asciende a 141.8 millones dólares, de los cuales el 65 por ciento será destinado a gastos de nómina. El presupuesto actual es de 200,078,000 dólares.

El presupuesto consolidado recomendado para el año fiscal 2017-2018 se compone de 90.3 millones de dólares que provienen del Fondo General, 10.1 millones de dólares de asignaciones especiales, 34.9 millones de dólares de fondos federales y 6.3 millones de dólares de fondos especiales. Este presupuesto refleja una disminución de 58.1 millones de dólares que se concentra en el Fondo General, mayormente en las asignaciones especiales.

Otro concepto que disminuyó “significativamente” al compararlo con el año fiscal vigente es el de “nómina y gastos relacionados”. Según informó la secretaria Vázquez Garced la reducción será de $5.5 millones e impactará la partida de salarios de puestos regulares, que entre otros, cubre los nombramientos por ley, salarios de puestos transitorios y salarios de puestos de confianza. Por esta razón, solicitó que se evalúe la asignación propuesta de 87,660,000 dólares porque “la misma no podrá cubrir el aumento de 7.5 por ciento en la aportación patronal del Retiro. Además, alegó que tampoco se podrá cubrir los puestos de nombramientos de ley como lo son los fiscales, registradores y procuradores que estén vacantes.

De los 5.5 millones de dólares en reducción, 4.5 millones de dólares corresponden a los puestos regulares que incluyen los nombramientos por ley, 454,000 dólares en los de confianza y 500 mil dólares en los transitorios.  En torno a estos últimos empleos, la secretaria de Justicia informó que la agencia tiene 78 empleados transitorios “y ahora mismo no está en peligro ninguno. De estos 48 (se pagan) con fondos federales, 18 son del Fondo General y 12 son con fondos especiales”.

En torno a las fechas de aprobación del presupuesto, la presidenta de la Comisión de Hacienda afirmó que el proceso está en cumplimiento con los pedidos de la Junta de Control Fiscal (JCF). “Todavía nos queda mucho trabajo. El que no se haya seguido la fecha del 19 de junio para entregar el presupuesto, no quiere decir que estemos violando la ley PROMESA que establece una serie de direcciones. Tengo mucha fe de que tanto el ejecutivo con el legislativo vamos a cumplir con lo que nos toca a todos. Esto trasciende colores políticos”, señaló.

La participación de Justicia fue la última en el proceso de vistas públicas luego de que el Senado llevara a cabo audiencias desde la semana pasada y en la que participaron las agencias gubernamentales. El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, anunció en la sesión del pasado miércoles, que la Cámara Alta tiene previsto atender el presupuesto recomendado el próximo jueves luego de que la Cámara de Representantes evalúe y apruebe el presupuesto.

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