Representantes del PPD denuncian supuesto incumplimiento de la ley PROMESA por parte de la JCF y el gobierno

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SAN JUAN  – La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA de la Cámara de Representantes denunció el martes, que, supuestamente, tanto la Junta de Control Fiscal (JCF) como el gobierno han manejado el proceso de adopción de presupuesto del AF 2017-18 sin transparencia e incumpliendo con los procesos provistos por la Ley federal PROMESA aprobada por el Congreso.

Los representantes Rafael “Tatito” Hernández, Jesús Manuel Ortiz y Javier Aponte Dalmau explicaron que, supuestamente, a sólo un día de iniciar las vistas de presupuesto en la Legislatura surgen más dudas y preguntas que aclaraciones sobre el primer presupuesto a ser aprobado en tiempos de quiebra.

“A sólo horas de comenzar las vistas el sector público, incluyendo los 78 municipios, no conocen con certeza los servicios que podrán continuar ofreciendo a sus ciudadanos, el tercer sector y las organizaciones sin fines de lucro que reciben donativos de gobierno aún no tienen manera de conocer la magnitud de los recortes que le aplicarán a sus programas y si las pocas asignaciones que aparecen en los escuetos documentos que ha ofrecido el gobierno se mantendrán”, señaló el portavoz Hernández Montañez en declaraciones escritas.

“Por primera vez, un presupuesto presentado ante la legislatura no contiene las medidas de recaudo propuestas por el gobierno. O sea, el país no sabe el detalle de los nuevos impuestos y/o alzas en los impuestos existentes con los que el Gobierno espera recaudar 924 millones de dólares en nuevos ingresos. Todo es un misterio y una dinámica sospechosa en el Junte Nebuloso del gobierno y la Junta”, añadió.

Por su parte Ortiz González explicó que, supuestamente, esto se debe a que el proceso seguido por la Junta de Supervisión Fiscal incumplió las disposiciones específicas de la Ley PROMESA que establece un procedimiento específico para la aprobación del presupuesto.

Señaló que, según la sección 202 incisos C1a; la JCF venía obligada a identificar y certificar los ingresos y una vez certificado que el presupuesto cumple con el alcance del plan fiscal, era la Junta y no el gobernador quien venía obligado a entregar el presupuesto y sus detalles a la Asamblea Legislativa.

“La Junta de Control Fiscal y el gobierno llevan meses ocultando los modelos de análisis del plan fiscal, no han entregado las medidas de recaudo, todavía es la hora que no se sabe a ciencia cierta de donde salen los estimados de ingresos para un presupuesto de 9,500 millones de dólares y para colmo, nadie puede decir como calcularon cada una de las iniciativas del plan fiscal. Ha sido un proceso ineficiente e irresponsable. El junte nebuloso de la Junta y el Gobierno ha producido un presupuesto nebuloso y especulativo”, afirmó Ortiz González.

El dirigente popular, que se encuentra en su primer término como legislador, sostuvo además que “estamos ante un gobierno que mantiene al país en la oscuridad en el momento más crítico de su historia y una Junta que ha sido cómplice del secreto. El junte nebuloso entre la Junta y el Gobierno, nos tiene hoy ante un presupuesto deficiente y resbaladizo”.

Mientras Aponte Dalmau, representante por Carolina, recalcó la falta de transparencia y honestidad que ha imperado en el proceso de realización del primer presupuesto de la Administración Rosselló. “El proceso de transparencia requiere esfuerzo y trabajo, pero es un elemento crítico para mantener credibilidad en medio de un proceso complejo como este. Por tanto, la junta y el gobierno deben ser más diligentes en la publicación y explicación de la información para que el país conozca los pasos que se están dando y la forma en que serán impactados”.

El legislador usó como ejemplo las medidas de transparencia que utilizó la Junta que trabajó la quiebra de Detroit como informes trimestrales de transparencia, informes mensuales de indicadores claves (KPI), la publicación de las minutas de todas las reuniones celebradas a menos de una semana después de ser aprobadas, informes bianuales de cumplimiento con las disposiciones de la quiebra y un plan de trabajo provisto de parte del “Emergency Manager”. “Proponemos que, además de que se cumpla con la ley, se establezca un proceso similar que garantice la transparencia en los asuntos fiscales”, indicó Aponte Dalmau.

 

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