Proyecto facilitaría el trámite para declarar estorbo público una propiedad abandonada

EL CAPITOLIO – La Comisión de Asuntos Municipales, presidida por el representante José “Memo” González Mercado, realizó el lunes, vistas públicas para analizar el Proyecto de la Cámara 991, que enmienda la “Ley de Municipios Autónomos” a los fines de simplificar el trámite de declaración de estorbo público de una propiedad.

Por su parte, el autor de la medida indicó en declaraciones escritas que “tenemos la necesidad de darle agilidad a los municipios en áreas tales como las consultas de ubicación y la eliminación de estorbos públicos, que beneficien a su desarrollo económico. Tenemos que buscar opciones para que los municipios puedan subvencionar los servicios primarios que ofrecen, a los ciudadanos”.

Añadió que, “al darle la agilidad a los municipios de disponer de estos estorbos públicos, se le da la oportunidad de transformar estos adefesios, de modo que personas que están interesadas en invertir económicamente en estas propiedades, puedan hacerlo al agilizar el proceso para adquirir las mismas”, concluyó el legislador.

La medida, tiene como objetivo eximir a los municipios que tengan un plan de ordenación aprobado, de tener que obtener una consulta de ubicación por parte de la Junta de Planificación de Puerto Rico, como requisito para poder llevar a cabo la expropiación para el municipio.

En la actualidad, la Ley de Expropiación Forzosa bajo la cual el gobierno toma una propiedad privada para uso público mediante una justa compensación a su dueño original, no toma en consideración la realidad fáctica e histórica de los Municipios, ni la autonomía fiscal, administrativa y social obtenida por estos gobiernos.

La licenciada Suzette Suárez, en representación del Comisionado de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, Omar Negrón Judice, apoyó la medida al señalar que “las enmiendas propuestas organizan y describen con mayor especificidad el procedimiento de expropiación forzosa dentro de la “Ley de Municipios Autónomos de 1991” y ello nos parece conveniente para los municipios”.

En específico, mencionó que la eliminación de la escala de multas que en la actualidad debe imponer un municipio, antes de declarar una propiedad como estorbo público, hace del lenguaje “uno más sencillo y práctico, quedando a discreción de los municipios imponer la multa al dueño de la propiedad que omite eliminar la condición de estorbo, comenzando desde los 500 hasta los 5 mil dólares”.

No obstante, recomendó que se enmiende el proyecto para que estas multas sean impuestas de acuerdo a los gastos de limpieza en las que incurra el municipio dentro de la propiedad. Así también, sugirió que se tome en cuenta el tipo de estructura y la gravedad de las condiciones de abandono y deterioro de cada propiedad para imponer la penalidad.

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