Presupuesto aprobado tendrá efectos sobre los servicios municipales, medicamentos y salud pública según el PPD

SAN JUAN –  La delegación del Partido Popular en la Cámara de Representantes, denunciaron el martes, que los recortes incluidos en el presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa tendrán “un efecto nefasto” sobre los servicios más importantes que recibe la ciudadanía.

Los representantes Jesús Santa, Javier Aponte Dalmau y Jesús Manuel Ortiz aseguraron que ya se evidencia que el presupuesto aprobado provocará una reducción en los medicamentos disponibles en el plan de salud, afectará el mantenimiento de carreteras municipales y estatales, creará serios problemas en el recogido de basura y contempla el despido de miles de empleados municipales y transitorios, entre muchas otras áreas de impacto.

“Es lamentable que el Gobernador de Puerto Rico no haya cumplido con su deber de definir y defender los recursos que deben ser utilizados para brindar los servicios esenciales como Salud, Seguridad y Educación. Como consecuencia de esa irresponsabilidad, los más afectados serán los sectores y personas más vulnerables de nuestra sociedad”, manifestó Santa Rodríguez en declaraciones escritas.

Por su parte Ortiz González indicó que “hace más de dos meses alertamos sobre el efecto terrible que los recortes propuestos por el gobernador van a tener en los servicios esenciales municipales y otros servicios básicos. Poco a poco veremos los efectos que el recorte de medicamentos en el plan de salud tendrá en la gente más necesitada, como afectará el mantenimiento de carreteras municipales y las consecuencias nefastas del despido de miles de empleados municipales y transitorios del gobierno central. Otro aspecto que tendrá efecto directo en la gente será la falta de recursos para recoger la basura lo que a su vez desencadenará una crisis de salud público como consecuencia de la proliferación de vertederos clandestinos. Todo producto de un presupuesto defectuoso y que no atiende las necesidades de la gente”.

Alegó que aunque el gobierno ha tratado de negar los efectos de su Plan Fiscal y su presupuesto, todos los días se revela como han dirigido recursos a agencias fiscales, sacrificando así a los municipios y a agencias que ofrecen servicios esenciales.

El representante Aponte Dalmau aseguró que la administración Rosselló “sabía de las consecuencias que tendrían los más de 100 millones en reducciones de ingresos a los municipios, no obstante, impidieron que tanto la Asociación como la Federación de Alcaldes, se expresara en vistas públicas bajo el supuesto de que están en discusión judicial “sub judice” por la Juez de Quiebra Federal. Esta Administración utilizó esta excusa para que los alcaldes, la Universidad de Puerto Rico y las corporaciones públicas, de las cuales sus presupuestos inciden directa o indirectamente en el Fondo General, fuesen privados de discusión pública ante la Asamblea Legislativa, violando así su prerrogativa constitucional”.

Portavoces legislativos del PPD cuestionan “tiraera epistolar” entre el Gobierno y la JCF

EL CAPITOLIO – Los portavoces del Partido Popular Democrático (PPD) en la Legislatura, Rafael “Tatito” Hernández y Eduardo Bhatia, reaccionaron el martes a la solicitud de la Junta de Control Fiscal (JCF) de que se enmendara el presupuesto aprobado por la Legislatura.

“Hoy, oficialmente se acabaron las celebraciones y mentiras del gobernador Ricardo Rosselló, y la Asamblea Legislativa del Partido Nuevo Progresista (PNP). Antes de este próximo jueves a las 5:00 de la tarde, el gobernador tiene que reducir los 319 millones que exige la Junta de Control Fiscal para cumplir con su nefasto plan. Todavía está en entredicho si el gobernador le hace frente a la Junta o si se trata de una coreografía montada por ambas partes para que la Junta se responsabilice de lo que Rosselló quiere hacer, pero no se atreve a decir”, dijo el representante Hernández en declaraciones escritas.

Entretanto, el senador Bhatia expuso que “es obvio también que la pugna pública por reducir la jornada laboral sólo tiene una semilla: que el presupuesto de nómina del gobierno no les cuadra.  El Gobierno de Ricardo Rosselló y la Junta se llevan reuniendo en secreto por 60 días para precisamente cuadrar el presupuesto y no lo lograron.  Eso es presagio que aquellos que llegaron a gobernar, ya sea electos por el pueblo o impuestos por el Congreso, no saben lo que están haciendo.

Finalmente, la respuesta de los líderes legislativos actuales, donde en esencia se declaran incapaces de entender, analizar y enmendar el presupuesto y delegan todo en el Gobernador, destruye la separación de poderes y la encomienda más sagrada que la Constitución pone en los hombros de los legisladores: preparar un presupuesto balanceado. Al delegar en el Gobernador todo, en esencia se convierten en marionetas y sellos de goma sin criterio propio”.

En la carta, el presidente de la JCF, José Carrión, tercero, detalla que la Notificación de Violación responde a gastos en exceso y gastos no elegibles en tres categorías que totalizan aproximadamente 119 millones de dólares.

Indica además que el Presupuesto Propuesto no provee adecuadamente por lo menos 200 millones en reformas específicas requeridas para implementar el requisito de reducción del aparato gubernamental del Plan Fiscal certificado.

“Si el déficit no se aborda adecuadamente, se deberán considerar medidas adicionales, tales como reducciones en la jornada laboral y la reducción o eliminación del bono de Navidad, así como ahorros proporcionales de las asignaciones de la Legislatura, que deberán ser consideradas previo a la certificación del Presupuesto Propuesto por parte de la Junta.

La Notificación de Violación cita que la Junta se reservará el derecho de revisar el progreso de las medidas de adecuación del tamaño del aparato gubernamental en 60 días para determinar qué medidas aún no han sido validadas y para finalizar el nivel de reducción de jornada laboral y reducción o eliminación del bono de Navidad que serían requeridos para lograr el cumplimiento del presupuesto con el Plan Fiscal”, expone la carta enviada al gobernador y a los presidentes legislativos, en la cual le daba hasta el jueves a las 5 de la tarde, para corregir el presupuesto aprobado por ambos cuerpos.

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