Luisa Ortega, la fiscal chavista que tiene en jaque a Maduro

El chavismo la tilda de ‘loca’ y pide la destitución de esta abogada de 59 años.

Cuando el Supremo Electoral intentó asumir las funciones de la Asamblea Nacional, Ortega denunció un ‘rompimiento constitucional’.
Foto: Miguel Gutiérrez / EFE

Por: Valentina Lares Martiz

Luisa Marvelia Ortega Díaz tiene 59 años, es doctora en Ciencias Jurídicas, fiscal general de Venezuela y ha puesto a sudar frío al régimen de Nicolás Maduro.

En menos de dos meses, Ortega desnudó las decisiones del oficialismo venezolano para concretar un Estado totalitario, desmintió el carácter pacífico e institucional que pregona y abrió en el seno de este una fisura que podría generar un cisma.

Todo en medio de la más grave crisis socioeconómica que atraviesa una Venezuela hastiada y volcada a las calles en protesta.

Pero ¿quién es esta mujer y cómo pudo poner en tan delicada postura al chavismo, tan efectivo en el control de su militancia?

Primero porque exhibe una hoja de vida “revolucionaria” impecable desde hace cuatro décadas.

Antes de optar por el rubio clarísimo, los trajes de falda y los despachos de los tribunales, a los 20 años Ortega Díaz marchaba su oscura melena corta en ‘jeans’ desgastados en las tierras calientes del estado Carabobo mientras estudiaba leyes como parte del grupo Ruptura, una de las fachadas públicas del Partido Revolucionario de Venezuela, fundado a finales de la década de los 70 por Douglas Bravo, el último líder guerrillero venezolano en dejar la lucha armada del país.

El apaciguamiento de la guerrilla y los estudios en la Universidad de Carabobo no apartaron a Ortega del discurso de la lucha de clases.

En cambio, estuvo siempre interesada en construir una carrera profesional en la cual su ideología tuviera espacio, y la irrupción de la figura de Hugo Chávez en la escena política venezolana le dio, como a miles, esa oportunidad.

Ortega trabajaba en los circuitos de derecho laboral en el estado Aragua con el hoy también exfiscal Isaías Rodríguez, mejor conectado con la política en Caracas y quien la reclutó para las filas de un chavismo en ciernes que se convirtió en fenómeno en 1999, cuando el teniente coronel Hugo Chávez asumió la Presidencia.

Ese mismo año, la abogada asumió su primer trabajo en la administración del ‘comandante’ al ser nombrada consultora jurídica del canal de televisión del Estado, Venezolana de Televisión.

Sin embargo, su formación profesional –estudios de posgrado en Derecho Procesal y Penal– y la conexión con Rodríguez la hacían más útil para la revolución dentro de los propios tribunales.

Su ingreso a la Fiscalía como fiscal con competencia nacional la encaminó a convertirse en una pieza importante del control institucional que el chavismo fue instalando paulatinamente, especialmente a partir del golpe de Estado en 2002.

Algunos abogados la recuerdan trajinando casos en los pasillos del Palacio de Justicia con bastante diligencia, aunque sin mayor exposición pública, hasta que fue parte del grupo de fiscales que acusó y pidió la máxima pena contra los comisarios de la Alcaldía Metropolitana señalados por el oficialismo de haber ordenado abrir fuego contra la enorme protesta que impulsó el golpe de Estado contra Chávez.

De este juicio, el más largo de la historia venezolana –y con inconsistencias procesales dignas de estudiar–, fueron condenados los primeros presos políticos del chavismo.

Un guion perfecto

Ortega pasó entonces a ser una ficha confiable. Tanto que tras el asesinato del fiscal Danilo Anderson, famoso por llevar los casos más emblemáticos del oficialismo, estos pasaron a manos de la abogada –para entonces fiscal con competencia nacional–, quien ya se encausaba como doctora en Ciencias Jurídicas y seguía siendo la persona de confianza del fiscal Rodríguez.

En ese momento no había dudas ni fisuras. El fiscal la nombró como vicefiscal con el objetivo claro de preparar un relevo que finalmente asumió posición en el 2007 tras un proceso de selección que adelantó sin sobresaltos la entonces Asamblea Nacional, de rotunda mayoría oficialista.

Al frente de la Fiscalía General en su primer período, hasta el 2014, Ortega fue un perfecto ejemplo del control del chavismo sobre las instituciones del Estado.

Su destacable gestión del Ministerio Público con la creación de fiscalías especializadas en la atención de violencia contra la mujer y fiscalías municipales, así como la Escuela Nacional de Fiscales, iba de la mano de una actuación pública políticamente interesada en preservar los intereses del chavismo.

Desde su despacho no retó nunca la actuación de algún funcionario del Gobierno, y la Fiscalía era una institución tan cerrada como cualquier otro ministerio. Tras el fallecimiento del presidente Chávez, Ortega siguió demostrando su utilidad revolucionaria con el empuje de la acusación contra el dirigente opositor Leopoldo López y una férrea actuación de la Fiscalía contra cientos de personas que salieron a las calles a protestar contra Maduro.

Ello le valió su ratificación como fiscal por otros siete años, hasta el 2021, a pesar de que la primera dama, Cilia Flores –quien es también una operadora política de peso dentro del chavismo–, promovió el nombramiento de su amiga y exmagistrada Miriam Morandy, hoy envuelta en un escándalo de corrupción y narcotráfico.

Ortega se había ganado su espacio, era vista como una reminiscencia del chavismo originario y cumplía su papel político a la perfección, ¿qué podría salir mal?

El portazo

La primera alarma se encendió a comienzos de 2016, cuando la fiscal empezó un ‘dibujo libre’ al publicar un balance de memoria y cuenta que concluyó que en Venezuela había tasa de muertes violentas de 70 por cada 100.000 habitantes.

No solo ofreció una cifra escandalosamente por encima de lo que el Gobierno había reconocido, sino que la convirtió en un dato oficial, de los poquísimos que se tiene sobre este tema en los últimos 15 años.

El desliz luego dio otro paso adelante con la crítica hecha por Ortega al plan de seguridad Operación de Liberación del Pueblo, impulsado por Maduro, en el cual se irrumpe violentamente en zonas populares en búsqueda de criminales.

Pero fue su pretensión de iniciar investigaciones sobre la vinculación de funcionarios del Gobierno y la constructora brasileña Odebrecht lo que incomodó a piezas sensibles del Gobierno que a su vez impidieron el nombramiento de Ortega como presidenta del Consejo Moral Republicano, instancia que representa el Poder Moral según las leyes venezolanas y que está integrado por la Fiscalía, la Defensoría y la Contraloría.

Así llegó el 30 de marzo de 2017 y Ortega dio el paso más inesperado al advertir públicamente que las sentencias con las que el Tribunal Supremo de Justicia buscaba arrogarse las competencias de la Asamblea Nacional representaban una “ruptura del hilo constitucional”.

Semejante rebeldía representó en realidad la ruptura del hilo del control revolucionario sobre la Fiscalía, el único ente del Estado que tiene potestad de iniciar investigaciones penales y, por ley, es el garante de que los ciudadanos tengan acceso a la justicia.

Desde su despacho, y acudiendo directamente a la sede del TSJ, la fiscal es ahora la más ferviente opositora a la intención oficial de rehacer la Constitución, quien asegura que el gobierno encabezado por Maduro ha destruido la institucionalidad del país.

Ortega solicitó incluso la remoción de los magistrados del Tribunal elegido en los últimos días de la Asamblea de mayoría chavista y ha llamado a la gente a pronunciarse personalmente contra la constituyente.

No es la primera disidencia en el chavismo, pero dados su cargo e investidura en medio de una oleada de protesta que supera los dos meses y 60 muertos, representa un peligro político real para el régimen de Maduro, cabeza de una administración tan ineficiente que se mide en una pavorosa escasez de alimentos y medicinas y una inflación interanual que supera el 700 por ciento.

Esa combinación de factores ha hecho que muchos evalúen la nueva actuación de Ortega como una movida oportunista ante un colapso del gobierno que avizoran inminente.

Otros disidentes ven una movida valiente que podría salvar al chavismo original, toda vez que la fiscal asegura que defiende a la Constitución tutelada por Chávez, al que ha calificado como “el humanista más grande del mundo”.

El chavismo en el poder la tildó oficialmente de “loca”, exigiendo incluso que se le practiquen exámenes psicológicos que midan su capacidad mental para ejercer el cargo. Incluso, el viernes, el diputado chavista Pedro Carreño solicitó al TSJ iniciar el proceso de remoción de la fiscal y la congelación cautelar de sus bienes.

Los grandes promotores de su nombramiento, como Diosdado Cabello, han pedido perdón a la revolución por no haber previsto una traición de esas proporciones. Otros, como su antiguo mentor Isaías Rodríguez, la descalifican asegurando que Ortega actúa bajo fuertes manipulaciones.

Y la oposición, por su parte, trata de aprovechar al máximo la fisura, cruzando los dedos para que la postura de la fiscal impulse a otros a seguir su ejemplo.

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