Gobierno y Política – junio 25, 2017

Se reafirma el gobernador Rosselló Nevares en su defensa de la jornada laboral y el Bono de Navidad

LA FORTALEZA – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares se reafirmó el domingo, en que la Sección 205 de la Ley federal PROMESA le otorga la discreción al Gobierno de Puerto Rico de adoptar o no, las recomendaciones que presente la Junta de Control Fiscal (JCF).

Así las cosas, reiteró que su Administración no adoptará medidas de reducción de jornada laboral y la eliminación del Bono de Navidad, ya que el Gobierno de Puerto Rico ha cumplido con el Plan Fiscal certificado por la propia JCF.

El gobernador Rosselló Nevares reaccionó además, a declaraciones del presidente de la Junta, José Carrión III, quien catalogó el organismo que dirige como uno “impuesto y antidemocrático”.

“Resulta lamentable que un puertorriqueño acepte dirigir una Junta que a conciencia considere sea antidemocrática, y peor aún, una imposición a Puerto Rico. Reconocer eso y participar de dicho organismo, contribuye a extender la crisis colonial en nuestra Isla”, concluyó.

Presidente del BGF rechaza conflicto con empresa donde trabaja expresidente BGF, Juan Carlos Batlle

“La restructuración de la deuda fue negociada directamente por los equipos de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), el propio banco y la firma Rothschild & Co., por lo cual el conflicto de intereses alegado sobre la firma Ankura Consulting es incorrecto y no tiene mérito legal”, dijo Sobrino Vega en declaraciones escritas.

Según  Sobrino Vega, el expresidente del BGF Juan Carlos Batlle “es un recurso de Ankura junto a los más 300 de empleados de la firma”.

“El senador Torres parece que ignora que uno de los logros de las emisiones de deuda pública del BGF durante la gerencia de Batlle fue refinanciar deuda emitida durante la administración de Acevedo Vilá y diversificar el porcentaje de inversionistas locales de 100 por ciento en el 2010 a solo 70 por ciento en el 2012”.

Sobrino Vega alegó que cuando Aníbal José Torres fue secretario de la Gobernación, el BGF emitió más de 3 mil millones  de dólares en deuda pública del BGF en el plazo de dos años. Esto incluso luego de descapitalizar el BGF con las cuestionables transacciones del programa de Comunidades Especiales”.

De acuerdo al presidente del BGF, la empresa para la que Batlle trabaja, “fue contratada por el BGF como asesor para asistir en varias tareas internas financieras y la implantación del Plan Fiscal y el contrato fue público desde sus inicios y discutido en reportes periodísticos”.

“Como hemos expresado en el pasado, la firma de Ankura representa un gran apoyo técnico al equipo del BGF dada la profundidad profesional que provee una firma de calibre nacional con experiencias en múltiples jurisdicciones y talento local con conocimiento puntual sobre el BGF”, sostuvo el licenciado Sobrino Vega.

Cámara de Representantes aprueba que abogados notarios resuelvan divorcios por consentimiento mutuo

EL CAPITOLIO – A la consideración del Senado, pasó este domingo el Proyecto de la Cámara 378, del representante José ‘Quiquito’ Meléndez, que busca que abogados notarios puedan adjudicar casos de divorcio por consentimiento mutuo.

“Ayer (sábado) tomamos un paso adelante para facilitarle a parejas que han tomado la decisión de separarse en armonía un proceso más fácil, más económico y rápido para divorciarse.   Al hacerlo, estamos también atendiendo el grave problema de la congestión en las salas de tribunales,” reiteró el representante Meléndez, en declaraciones escritas.

El proyecto tiene el propósito de aliviar la carga de los tribunales, al sacar casos de divorcios por consentimiento mutuo de las salas para que sean concedidos a través de una escritura pública otorgada ante un notario.

Para evaluar la medida, la Comisión de lo Jurídico celebró una vista pública el pasado 24 de enero, donde se recibió el insumo de un amplio grupo de organizaciones y agencias gubernamentales, incluyendo el Departamento de Justicia, el Departamento de la Familia, el Colegio de Abogados, el Colegio de Notarios, y el Departamento de Salud, entre otros.

Actualmente, el índice en divorcios en Puerto Rico sobrepasa el 70 por ciento, y de éstos la mitad son por consentimiento mutuo.  “Transferir estos casos no contenciosos fuera de los tribunales supone un gran alivio en la carga de los jueces a la vez que aumenta su productividad”, indicó el legislador.

El proyecto de ley asegura que con la intervención del notario, el proceso en estos casos será más simple y rápido, a la vez que garantizará su seguridad y eficiencia.  Esto supondrá ahorros de tiempo y dinero para las partes envueltas, según el autor de la medida.

Los casos resueltos ante el notario se resolverán por una escritura pública y la información formará parte de las estadísticas de divorcios y anulaciones de matrimonios contabilizados por el Departamento de Salud.

Representantes PNP cuestionan asignación de fondos al DRD el cuatrienio pasado

EL CAPITOLIO – El pasado cuatrienio, la Cámara de Representantes supuestamente aprobó una asignación ascendente a 156,917,467 dólares para programas, obras, mejoras y gastos a través del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), que dirigía el ahora acusado federal por corrupción pública, Ramón Orta, denunciaron este domingo, representantes estadistas .

“Estamos hablando que la Cámara otorgó casi 157 millones de dólares a (la agencia que dirigía) Orta, para que este hiciera lo que entendiese con eso, pues muchos de las asignaciones eran para programas sin especificar y obras no detalladas. Esto levanta mucha preocupación, luego de que las autoridades federales acusaran a Orta y Sosa de apropiarse de 10 millones de dólares de fondos del DRD”, comentó José Aponte en declaraciones escritas.

Los representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aponte Hernández, Maricarmen Mas Rodríguez, Michael Abid Quiñones Irizarry y Joel Franqui Atiles, solicitaron una investigación “sobre el posible desvío de parte de esos fondos a la campaña del Partido Popular, así como a las cuentas personales de los seis acusados, incluyendo el director de finanzas de David Bernier, Miguel Sosa, tal y como ocurrió con sobre 10 millones de dólares en fondos federales asignados al DRD”, reza el comunicado de prensa.

La pasada semana, las autoridades federales arrestaron a Orta, Sosa y a otras cinco personas, las cuales fueron acusadas de elaborar un esquema millonario de enriquecimiento ilícito a través de propuestas con fondos federales en el DRD. Según detalla el pliego acusatorio, el grupo se habría apropiado de 10 millones en fondos federales, mencionaron los legisladores.

Según reclamó Mas Rodríguez, “existen muchas preguntas sobres las reasignaciones hechas bajo la pasada Cámara durante los años 2013 al 2016”.

Mencionó la Resolución Conjunta 89-2013, que supuestamente asignó 568 mil dólares para la Secretaria Auxiliar de Infraestructura del DRD, para la compra de equipo y mantenimiento de facilidades recreativas.

“Estas reasignaciones fueron hechas sin ninguna razón detallada y es eso lo que levanta suspicacia. Otro ejemplo es la Resolución Conjunta 17-2013 que asigna 3.7 millones de dólares para el ‘fortalecimiento del deporte en la ciudadanía’. ¿Qué significa eso, que era para el canal de televisión que compró Orta y utilizó para desviar fondos? Necesitamos investigar para saber qué paso”, añadió Mas Rodríguez.

Por su parte, Franqui Atiles se hizo eco de las expresiones de la legisladora estadista. Añadió que “la Resolución Conjunta 62-2015 fija la cantidad de 38,660 millones de dólares al DRD para gastos, pero no detalla nada. Esos gastos pueden ser para operaciones administrativas o para otra cosa. Aquí lo que sucede es que ya existe un precedente de desviar fondos federales para campañas políticas. Queremos saber cuánto, si algo, se desvió de estas asignaciones casi fantasmas”.

Para Quiñones Irizarry, las 12 asignaciones al DRD, mediante resoluciones conjuntas, levantan bandera roja. Y fue más allá al señalar que parte de los fondos fueron utilizados en la campaña de David Bernier a la gobernación.

“La realidad es que hubo una ‘masiva’ reasignación de fondos al DRD bajo la pasada Administración. La verdad es que Orta y sus secuaces han sido acusados de desviar para su enriquecimiento, así como para financiar la campaña de Bernier a la gobernación en el 2016, unos 10 millones de dólares en fondos federales. Esto amerita una investigación. Por eso estamos evaluando acudir al Departamento de Justicia, si fuera necesario, para que se investigue esto con mayor profundidad”, sostuvo.

La pasada semana Aponte Hernández  pidió al secretario de Justicia federal, Jeff Sessions, que ordene una investigación sobre las finanzas del PPD bajo el amparo de la “Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Actividades Ilegales”, mejor conocido como el RICO ACT, por sus siglas en inglés.

Senado aprueba Ley del Cannabis Medicinal

“El saldo neto de esta gestión es un proyecto bastante completo pero no perfecto. Nuestra legislación, y así lo expresó el representante (de Colorado) Daniel Pabón (dijo en vista pública), que esta ley es una ley completa y de avanzada que ubicará a Puerto Rico en una zona muy importante en el desarrollo científico y de salud. Le pido a todos los compañeros que favorezcan esta medida con su voto,” dijo el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, quien se encargó de la medida.

El Proyecto del Senado 340, detalla que el 10 por ciento de los recaudos que genere el cannabis por concepto del IVU se le otorgaría al Hospital de Trauma del Centro Médico de Río Piedras y el 50 por ciento de multas por violaciones a esta Ley serán destinados al presupuesto operacional de la Universidad de Puerto Rico. Del mismo modo, la pieza enmienda la Ley de Tránsito para que el cannabis medicinal se incluya como sustancias prohibidas para conducir bajo sus efectos. Los senadores Vargas Vidot, Ángel Martínez y Nayda Venegas, Juan Dalmau se unieron  a los votos en contra de la medida.

Rivera Schatz añadió que “el potencial que tiene el cannabis medicinal es incuestionable y habrá gente que se quiera aprovechar de este Proyecto para hacer dinero…pero si  nosotros no aprobamos un proyecto que siga abriendo el camino pues entonces aquellos que quieren reconocer el poder del cannabis medicinal pero no quieren votar a favor son los primeros obstáculos que tenemos que vencer… Esto es un Proyecto de Puerto Rico para ubicarnos en los tiempos modernos.”

La pieza sobre el cannabis provee un marco regulatorio que permitiría el tratamiento de ciertas condiciones médicas mediante la utilización de derivados del cannabis. El dolor crónico, desorden de ansiedad, fribromialgia, artritis y cáncer son las principales condiciones médicas que presentan los mas de 8 mil pacientes y recipientes de cannabis medicinal en la Isla. Estas 5 condiciones representan el 69% del total de los pacientes. Con esta acción legislativa, Puerto Rico se une a más de 30 jurisdicciones que han regulado el cannabis.

Entre otras enmiendas aprobadas por el Alto Cuerpo se encuentra que el cannabis medicinal solo podrá ser recomendado cuando exista una evaluación médica al paciente y su historial médico. De esta forma, la pieza define lo que será la relación médico-paciente bonafide y establece que lo recomendará un médico autorizado por el Cuerpo Asesor Médico. Este cuerpo estará conformado por el secretario de Salud, dos médicos, un farmacéutico autorizado y un académico con experiencia en investigación.

Asimismo, el cannabis estará en la Clasificación II de la ley de Sustancias Controladas y solo se permitirá su consumo en los hogares y lugares privados según definido en la medida.

Sobre la identificación de pacientes y acompañante autorizados, ambos deberán poseer una identificación con foto emitida por la Junta Reglamentadora del Cannabis. El acompañante no podrá ser convicta por venta o distribución de sustancias controladas. Esta Junta será liderada por el Secretario de Salud.

La pieza crea la Ley para Mejorar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y Límites (Ley MEDICINAL) con el fin de reafirmar la prohibición del uso recreacional del cannabis; crear el marco legal en Puerto Rico para atender el cannabis medicinal; establecer los usos medicinales y de investigación científica del cannabis en conformidad con el marco regulatorio Federal; crear la; disponer sus facultades y obligaciones; establecer un delito menos grave en caso de que un médico incumpla con las disposiciones de esta ley; disponer una estructura robusta de fiscalización; y otros fines relacionados.

Sobre temas seguridad, la Junta tendrá a su cargo desarrollar un sistema monitoreado 24 horas sobre la distribución y transportación del cannabis. Se transmitirá video y fotos en vivo a un centro de comando que estará establecido en un local distinto al local donde estén las cámaras de seguridad.

Por otro lado, en una votación por lista el Alto Cuerpo confirmó el nombramiento de Sandra E. Torres López como presidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones. La confirmación contó con 15 votos a favor, 14 en contra y uno abstenido del Presidente Senatorial. Los senadores Luis Berdiel, Carmelo Ríos, Eric Correa, Nelson Cruz, Jose Luis Dalmau, Zoe Laboy, Miguel Laureano, Margarita Nolasco, Nayda Venegas, Abel Nazario, Henry Neuman, Itzamar Peña, Carlos Rodriguez Mateo, Miguel Romero y Migdalia Padilla fueron los votos a favor.

Aprobado en el Senado sin enmiendas el presupuesto

EL CAPITOLIO  – El Capitolio – El Senado aprobó el sábado  el presupuesto general de gastos del Gobierno para el año fiscal 2017-2018 de 9,562 millones de dólares  con cargo al Fondo General.

Con 21 votos a favor y 9 en contra, las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 186, 187, 188 y 189 sin enmiendas. La medida, se supone que reciba el visto bueno de la Junta de Control Fiscal, antes de que el gobernador  lo convierta en ley.

La presidenta de la Comisión de Hacienda Migdalia Padilla detalló que “el plan de trabajo que se desarrollará con el presupuesto del Año Fiscal 2017-2018 nos permitirá continuar trabajando y así poder brindar más y mejores servicios básicos. Todos los programas gubernamentales continuarán laborando con creatividad, visión y empeño para brindar servicios de calidad y al menor costo posible.”

El presupuesto consolidado de ingresos para el próximo año fiscal asciende a 25,569 millones de dólares  lo que representa una disminución de 109 millones de dólares  en comparación con el presupuesto vigente.

Los trabajos recesaron hasta el domingo  a las 2 de la tarde.

Senador Miguel Pereira denuncia Proyecto del Senado 340 es punitivo al cannabis medicinal

EL CAPITOLIO – El senador Miguel Pereira Castillo, quien el cuatrienio pasado impulsó el uso del cannabis medicinal en la Isla, denunció este domingo que el Proyecto del Senado 340, que debía crear un nuevo marco regulatorio, resultó en uno punitivo y detrimental.

“Hoy el Senado le ha dado la espalda a esos miles de pacientes de condiciones crónicas al aprobar el Proyecto del Senado 340. A pesar de que en un inicio se presentó un proyecto que aseguraba mejoraría el esquema legal del Cannabis Medicinal en Puerto Rico, lamentablemente, el producto final es detrimental para los pacientes. En lugar de liberar restricciones y garantizar el acceso digno de los pacientes a su medicamento, las enmiendas que se incluyen perpetúan un esquema restrictivo y punitivo”, sostuvo en declaraciones escritas el legislador, en referencia a la pieza aprobada el sábado en la noche.

El exsecretario de Corrección y Rehabilitación recordó que ha sido partidario del uso medicinal del cannabis, pues, según aseguró, es harto conocida la contribución positiva que hace a pacientes con condiciones crónicas.

“La evidencia científica es abrumadora y disponible para quien realmente quiere trascender los dogmas del miedo”, indicó el exsuperintendente de la Policía, al mencionar que el Reglamento 8766, promulgado por el Departamento de Salud durante el pasado cuatrienio, fue un primer paso de avance en favor de los miles de pacientes que urgentemente necesitan acceder al Cannabis Medicinal como opción de tratamiento para condiciones crónicas como el cáncer, enfermedades autoinmunes o neurológicas, enfermedades virales, entre otras.

A modo de ejemplo, indicó, se limita la relación ‘bonafide’ de los pacientes con sus médicos al no permitir la recomendación directa del cannabis; se limita el consumo de la flor de cannabis e impone un oneroso esquema de aprobación por parte de una Junta o Consejo Asesor Médico quienes decidirán la forma del producto que podrán consumir.  Por otra parte, perpetúa la restricción de los lugares en los que podrá consumirse el medicamento, sostuvo.

“Nuestro acercamiento al cannabis medicinal debe ser uno centrado en las necesidades de los pacientes.  Sin duda, la legalización del cannabis medicinal abre ventanas de oportunidad para la investigación y desarrollo de diversidad de productos dirigidos a tratar numerosas condiciones de salud.  Sin embargo, el esquema regulatorio debe ser centrado en el paciente y no en el impacto en la industria”, reclamó Pereira.

El legislador mencionó que los pacientes enfrentan ya el peso de las exigencias económicas de la industria farmacéutica. “No los sometamos al mismo paradigma restrictivo ahora que al fin ven con esperanza la oportunidad de mejorar su calidad de vida. La industria es una consecuencia de la aceptación del Cannabis Medicinal, no su razón de ser”, sostuvo.

Y subrayó que el esquema legal a aprobarse debe ser uno basado en la evidencia científica, y no en mitos o temores infundados, apoyado en los avances de la investigación científica que apoyan el uso del cannabis, para ser solidarios y compasivos hacia los miles de pacientes que pueden mejorar su calidad de vida con el tratamiento.

Portavoz de ‘Free Juana’ dice que aprobación Ley Cannabis Medicinal es un buen cimiento

SAN JUAN  (CyberNews) – La presidenta de la Fundación Free Juana, licenciada Shadiff Repullo, se expresó el domingo complacida con la aprobación en el Senado del Proyecto del Senado 340 que regula la industria del cannabis medicinal en la Isla.

“No existe victoria pequeña; por más de una década hemos dado la batalla. Años de salir a la calle a luchar por esos miles y miles de enfermos que no pueden hacerlo y necesitaban una voz”, expresó Repullo en declaraciones escritas.

“Reconocemos que el tema es uno sensible para algunos sectores y la complejidad que esto añadió al proceso de la legislación para lograr un proyecto que atendiera todas las áreas necesarias, pero prevaleció la sensatez y hoy como sociedad hemos dado un gran paso en la dirección correcta. Le damos la oportunidad de una mejor la calidad de vida a decenas de miles de pacientes”, añadió.

Mencionó que el 10 por ciento de los recaudos que genere el cannabis por concepto del IVU irá al Hospital de Trauma del Centro Médico y el 50 por ciento de las multas por violaciones a esta Ley serán destinadas al presupuesto operacional de la Universidad de Puerto Rico.

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