Evalúan pieza que amplía disposiciones en torno a trabajos que podrán ejercer agentes de la Uniformada

EL CAPITOLIO  – Las Comisiones de Seguridad Pública y de Gobierno, presididas por los representantes Félix Lasalle Toro y Jorge Navarro Suárez, iniciaron el martes, el análisis del proyecto del Ejecutivo que amplía las disposiciones relacionadas a las profesiones que podrán ejercer los miembros de la Policía fuera de su jornada legal de trabajo.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública acogió los comentarios de las agencias citadas y reiteró en declaraciones escritas que “atemperará lo que viven nuestros policías hoy en día a las legislaciones nóveles que se están dando en otras jurisdicciones, para que tengan una mejor paga y mayores beneficios”.

El Proyecto de la Cámara 1102, coloca a disposición de los miembros de la Uniformada, recursos e incentivos similares al llamado Acuerdo de Asignación de Policías fuera de Servicio. Además, extiende ciertos beneficios laborales que actualmente ostentan los miembros de la Policía, mientras realizan labores extraoficiales. Entre éstos, permitir el uso del uniforme, arma de reglamento y credenciales a los policías que cuenten con autorización a esos fines.

Lassalle Toro defendió el propósito de la legislación y explicó que la intención de la pieza es mejorar la calidad de vida de los agentes del orden público, y que la presencia de estos servidores brinde mayor seguridad en diversas áreas y comercios.

A la audiencia compareció la asesora legal de la Policía, licenciada Estrella Mar Vega, quien señaló que la aprobación de la medida está fundamentada en una realidad socioeconómica que enfrenta la Isla. “Es una compleja situación que lleva al Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa a buscar formas noveles de que los agentes del orden público puedan generar nuevas fuentes de ingreso”, manifestó.

Vega declaró que las enmiendas propuestas no representan conflicto con las labores regulares de los miembros de la agencia de ley y orden, toda vez que “solo se podrán realizar funciones que no sean contrarias a los objetivos y funciones de la Policía”.

La letrada también representó al Departamento de Seguridad Pública, organismo que al igual que la Uniformada, se mostró a favor del proyecto. De acuerdo a Vega, el secretario de la entidad, Héctor M. Pesquera, está a favor que dentro de un marco de legalidad, los agentes del orden público mejoren sus ingresos.

Destacó, que lo novedoso de la iniciativa es que pretende regular ese tipo de trabajo fuera de la jornada legal, de manera similar a cuerpos policíacos de los Estados Unidos, en los que la contratación se realiza con policías uniformados que pueden utilizar su arma de reglamento.

“Lo positivo es que el policía se beneficia de ingresos adicionales que abonan a su autosuficiencia, a la vez que en eventos a los que acuden miles de personas, se cuenta con policías con el conocimiento especializado para actuar a favor de su seguridad”, abundó Vega.

Vega sostuvo que la contratación entre los agentes y la empresa privada se haría bajo un contrato modelo, pero, según el vínculo laboral que se trate, se establecerán las máximas de regulación. “Además, un comité analizaría la contratación a realizarse, pero la Policía tendría la obligación ética y moral para mediante el contrato, establecer cuanta cláusula proteccionista a favor del interés público y de la Ley de Ética para evitar conflictos”, consignó.

Por su parte, el asesor legal del Departamento de Justicia, licenciado Eduardo Rivera, planteó que la aspiración legislativa plasmada en la medida encuentra cabida en el ordenamiento jurídico puertorriqueño. “No existe precepto legal absoluto que le prohíba a los policías dedicarse a actividades laborales lucrativas proveyendo seguridad fuera de sus horas regulares de trabajo, ya sea con la empresa privada o contratación con el Gobierno”, señaló.

El portavoz del Departamento de Justicia destacó que la pieza tiene salvaguardas para requerir que las funciones adicionales no sean contrarias a los propósitos de la función policíaca. A su vez, planteó que en el ámbito constitucional tampoco constituye un impedimento para la aprobación de la medida la disposición sobre las propiedades y fondos públicos para fines públicos y para el sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del Estado.

A la audiencia también comparecieron portavoces del Fondo del Seguro del Estado, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Administración de los Sistemas de Retiro, organismos que también avalaron la aprobación del proyecto.

El administrador de Retiro, licenciado Luis Collazo Rodríguez, informó que la implementación de la medida no representa impacto económico adverso al sistema. “Por el contrario, fomenta la generación de ingresos económicos adicionales a esos servidores públicos y sus seres queridos, mientras se fomenta la economía de nuestro pueblo”, indicó.

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