Cámara de Representantes investigará desembolsos al programa de Transporte Escolar

EL CAPITOLIO  – La Comisión de Educación, Arte y Cultura de la Cámara de Representantes se presta a investigar las medidas y estrategias que ha tomado el Departamento de Educación para maximizar la efectividad y el costo del transporte escolar, incluso otras formas de establecer la elegibilidad, pago y costo del servicio a estudiantes de la corriente regular que no cumplen con los requisitos establecidos, trascendió el lunes.

La Comisión, la cual preside el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Guillermo Miranda Rivera, además comenzará una pesquisa sobre el “Plan de Control” que tenía que remitir el Secretario de Educación, en conjunto con la Oficina de Gerencia y Presupuesto, en virtud del Artículo 15 de la Ley 66-2014, mejor conocida como “Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, 60 días después de aprobarse dicha Ley.

Según explicó en declaraciones escritas Miranda Rivera, “dicha investigación redundaría en redacción de legislación o en la publicación de propuestas de medidas correctivas dirigidas desde la Rama Legislativa a la Rama Ejecutiva con la finalidad de garantizar el cumplimiento con la política pública del Gobierno de Puerto Rico en lo que a servicios de transportación escolar se refiere, promover la costo-efectividad de los mismos, así como el bienestar de la comunidad escolar”.

Para esto, el legislador radicó la Resolución de la Cámara 444.

“Independientemente del contenido del Plan de Control, el Artículo 15 de la Ley Núm. 66, supra, dispuso que Educación no podía desembolsar cuantías mayores de fondos estatales en transporte escolar, que la cantidad que se hubiere dispuesto en la Resolución Conjunta del Presupuesto General.  En la eventualidad de que no hubiese sido desglosada de forma particular en dicha Resolución, no podía excederse de la cantidad que se hubiese presupuestado al inicio de cada año fiscal.  La Ley también prohibió que el Secretario de Educación y la OGP, transfieran fondos adicionales, por año fiscal, para cubrir los gastos en exceso del presupuesto por concepto de sobregiros. Nosotros queremos investigar si se cumplió con estas disposiciones”, comentó el legislador novoprogresista.

El Artículo 6 del Reglamento Número 8650 de 5 de octubre de 2015, conocido como “Reglamento para la Transportación de Escolares,” acogido por el Secretario de Educación, constató que el servicio de transportación escolar se sufraga con los fondos asignados anualmente.

El presupuesto se subdivide entre las distintas regiones educativas, para beneficiar al mayor número de estudiantes, que hayan sido cualificados previamente.  Los parámetros utilizados para proveer el servicio de transportación escolar son: la distancia e ingreso familiar, así como cualquier otro criterio que el Secretario de Educación estime.  La solicitud tiene que realizarse 120 días previo al comienzo de cada año escolar.

Para las solicitudes de los estudiantes de la corriente regular, se toman en consideración, además las siguientes circunstancias: la condición de salud; limitaciones físicas o mentales; residencia en zonas aisladas; y otras situaciones especiales, como sería algún referido de Departamento de la Familia y de la Administración de Tribunales. Todos los requisitos antes dispuestos no son de aplicación para los estudiantes de educación especial.

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