Senador del PIP condena decisión de Boston en caso de cenizas

EL CAPITOLIO  – El portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, condenó el jueves, la decisión de dicho Tribunal, al tiempo que emplazó al Gobernador a hacer valer su palabra de prohibir el depósito de cenizas en territorio puertorriqueño.

“La decisión del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston, declarando ilegal las ordenanzas municipales que prohíben el depósito de cenizas de carbón, no es más que la más reciente interferencia e imposición colonial de un tribunal de los EEUU en un asunto que nos compete a nosotros, que nos afecta a nosotros  y a quién beneficia es a los grandes intereses  económicos norteamericanos, que son los que siguen promoviendo y defendiendo la quema de carbón como una manera de generar energía”, dijo Dalmau Ramírez a la prensa.

“Llegó la hora de que el Gobernador de Puerto Rico ponga palabra y acción en el mismo sitio. O se está o no se está en defensa de la salud, el ambiente y la seguridad de nuestro pueblo, particularmente de las comunidades pobres y marginadas de nuestro país que es en donde se quiere depositar esta basura tóxica.  Señor Gobernador, se acabó el tiempo de las ambivalencias y ambigüedades en este asunto. Llegó el momento de aprobar inmediatamente la Orden Ejecutiva, con la cual se comprometió públicamente en febrero, y ordenar a la Junta de Calidad Ambiental (JCA) que atempere sus Resoluciones con la nueva política pública de sacar las cenizas fuera de Puerto Rico”, puntualizó el Senador independentista.

La Resolución de la JCA (R-14-27-20), que permitió el depósito de las cenizas de carbón en los vertederos, fue aprobada bajo la pasada administración de Alejandro García Padilla, la cual favoreció el depósito de estos desperdicios en Puerto Rico.

De acuerdo al Portavoz senatorial del PIP lo que el Primer Circuito en Boston determinó es que la Junta de Calidad Ambiental, en tanto tiene la facultad de imponer política pública sobre desperdicios sólidos, y de imponer multas y de adoptar determinaciones que solamente pueden ser revisados por un  tribunal, tiene en efecto  un poder que ocupa el campo y que impide que las legislaturas municipales tomen determinaciones que contravengan las directrices o la política pública impuesta por la JCA.

“El tribunal dejó sin efecto la moción de sentencia del Tribunal de Distrito. Así que, el caso regresa para que el Tribunal Federal de Distrito emita una sentencia de conformidad a lo que dice Boston. Esto quiere decir que los municipios tienen sus facultades severamente mermadas y están indefensos por causa de la arbitrariedad judicial de un tribunal extranjero. Espero que en esta ocasión el Gobernador escoja el desafío y no la sumisión ante una determinación judicial que defiende los intereses de allá y no los de acá”, concluyó Dalmau Ramírez.

Los comentarios para este artículo han sido cerrados.