Organizadores rechazan responsabilidad de incidentes violentos

SAN JUAN  — Dirigentes sindicales y de organizaciones multisectoriales reclamaron que la jornada del primero de mayo fue una demostración extraordinaria y pacífica; los actos de violencia surgieron con posterioridad y no están relacionados a la actividad.

El presidente de la Federación de Trabajadores de Puerto Rico (FTPR), José Rodríguez Báez, manifestó en declaraciones escritas que “los sindicatos y las demás organizaciones no avalamos las acciones de violencia. Nuestra manifestación fue pacífica y exitosa, extremadamente organizada. Fue una demostración amplia, una de las más grandes que se ha dado en las últimas décadas”.

“El gobernador pretende desvirtuar el éxito de la actividad y de la participación masiva del pueblo que representa un rechazo a sus políticas y las de la junta. La gente de los sindicatos estaban plenamente identificados con las camisetas distintivas de sus uniones. No hay ni un solo sindicalista identificado en esas acciones de violencia”, recalcó Rodríguez Báez.

Pedro Irene Maimí, presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), señaló que “el movimiento sindical no va a permitir que se intente criminalizar más las expresiones pacíficas que hacen los trabajadores y otros sectores sociales. Nosotros tuvimos comités de seguridad y se trabajó con la Policía y mientras celebramos las marchas y la concentración, no ocurrieron esas situaciones”.

José Torres Rosario, presidente de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend), expresó “rechazamos totalmente la posición del gobernador Ricardo Rosselló de culpar a los sindicatos. Él muy bien sabe que la manifestación fue pacífica. Pero, quiere aprovechar la coyuntura para criminalizar a la gente que protesta en su contra de manera correcta”.

Ana Irma Rivera Lassén, de la Concertación Puertorriqueña contra la Junta de Control Fiscal, coincidió con los líderes sindicales. Mencionó “la actividad fue una donde la gente acudió de manera pacífica a expresarse contra las medidas de la Junta de Control Fiscal y las medidas de austeridad, lo que pasó después no tiene que ver nada ni con la convocatoria ni con el ánimo de la actividad que se llevó a cabo”.

Por su parte, el presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), Gerson Guzmán López, rechazó enérgicamente la supuesta pretensión del Banco Popular de Puerto Rico de intentar vincular a dicho sindicato con actos que no están, en forma alguna, contenidos en la convocatoria hecha por la Unión y el movimiento sindical.

“Constituye un abuso del poder judicial pretender valerse del mismo para incoar una demanda contra este gremio y las otras organizaciones sindicales que convocamos a una reunión pacífica para solicitar al Gobierno la reparación de agravios, tal y como lo garantiza la Constitución de Puerto Rico en su Artículo II, Sección 7, la cual prohíbe la aprobación de leyes que menoscaben obligaciones contractuales. Esto, y no otra cosa, fue el fundamento bajo el cual convocamos a nuestra matrícula y al pueblo de Puerto Rico para expresarse sobre el conjunto de leyes que se han venido aprobando por la pasada y la presente administración gubernamental que afectan y deterioran la calidad de vida del pueblo trabajador”, señaló Guzmán López en declaraciones escritas.

“Pretender ahora el Banco Popular adjudicarnos responsabilidad por unos actos que se desarrollan finalizada la exitosa, disciplinada y masiva actividad desarrollada por las organizaciones sindicales del país es, más allá de la infamia, un acto deliberado de la institución financiera para pretender acallar las voces que resistimos el ataque despiadado que la banca y las casas de corretaje han emprendido contra la clase trabajadora en beneficio de los intereses de los bonistas que ellos representan”, replicó.

“Si el Banco Popular quiere cobrarle a alguien los daños que supuestamente ha sufrido, debe pasarle la factura directamente al Gobierno que se ha encargado de crear la crisis que vive el País”, puntualizó.

Finalmente, el líder sindical llamó la atención sobre los actos coincidentes de la Policía haber abandonado, inmediatamente que finalizó la actividad el área de la Milla de Oro, y la radicación instantánea de una demanda que pareciera estar hecha de antemano.

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