Empresario se distancia de trámite para compra de helicóptero en Salud

EL CAPITOLIO  – El dueño de EcoLift Corporation, Ernesto Di Gregorio, en vista pública de la Comisión de Salud y la Comisión de Gobierno en torno a la Resolución de la Cámara 18, que investiga el proceso seguido por el Departamento de Salud en cuanto a la adquisición de un helicóptero que no le corresponde evaluar los procesos de compra en el gobierno.

“No le corresponde a EcoLift evaluar los procesos internos que siguen las agencias de gobierno para adquirir bienes y servicios”, dijo Di Gregorio en declaraciones escritas.

A preguntas del presidente de la Comisión de Salud, Juan Oscar Morales Rodríguez, el deponente reiteró bajo juramento que, previo a la firma del contrato de venta de la aeronave, no sostuvo alguna reunión con la secretaria del Departamento de Salud, Ana Rius. Sin embargo, reconoció que sí hubo comunicación escrita con la titular de esa agencia, mediante correos electrónicos, durante el trámite.

Explicó que personal de Fortaleza, en nombre del entonces gobernador Alejandro García Padilla, le citó a una reunión a realizarse el 5 de agosto y que en esta estuvieron presentes la licenciada Ángela Díaz, quien en pasada vista pública aseguró no participó del diálogo, y la licenciada María Teresa Rivera, asesora en temas de seguridad en Fortaleza.

“De mi lado, no teníamos la absoluta certeza de que tendríamos el negocio”, insistió Di Gregorio sobre la posibilidad de que el Gobierno advendría en la adquisición del helicóptero-ambulancia. “La reunión fue específica para validar y confirmar que la entrega de la aeronave, si la compraban, era real. A esa época habíamos entregado una propuesta para modificar una nave nueva, además de las existentes, así que la conversación que ocurrió tenía que ver con las entregas. Me enteré del interés”, agregó en declaraciones escritas.

Di Gregorio reconoció que su empresa, antes de la transacción en discusión, no tenía experiencia en la modificación de aeronaves a ambulancias. Afirmó que se reunió con el exmandatario una vez y varias veces con personal del Departamento de Salud. “La conversación inició con el Cuerpo de Emergencias Médicas, el Sr. Javier Cordero, la Dra. Rosana Otaño (exdirectora de Emergencias Médicas)…eso fue el inicio de la conversación con respecto a esto”, abundó.

Indicó que la orden de compra la recibió a inicios del mes de septiembre. Sin embargo, el representante Morales Rodríguez mostró copia de un correo electrónico dirigido a Rius de parte de la licenciada Díaz, con fecha del 10 de agosto, que leía en parte “según conversado, el Gobernador instruyó que inicie los trámites de compra del modelo 429. Acabo de contactar al representante de EcoLift en Puerto Rico y me dijo que hay que tramitar la orden de compra y el contrato lo antes posible. Es decir, antes que finalice esta semana para que el helicóptero pueda estar operando a finales de octubre. Le envié otro email con los documentos sobre el 429 y el contrato del funcionario de EcoLift”.

A esto, Di Gregorio asintió que a esa fecha se había sometido un borrador de un contrato, aunque repitió que es algo que su empresa hace continuamente como parte del proceso. Morales Rodríguez subrayó que “si usted sometió un borrador de un contrato, es porque ya tiene una certeza. Ya desde el 10 de agosto, usted sabía se haría la compra. Aunque no haya recibido la orden”. El deponente aceptó que “la intención sí la había”.

En cuanto a los pagos recibidos, Di Gregorio acató, tras repasar la copia de un cheque emitido, que su empresa recibió el primer pago, por la suma de 1,827,276 dólares, el 7 de septiembre de 2016, mismo día en que se firmó el contrato con Salud. Mientras que el segundo pago, por la suma de 5 millones, 873 mil dólares, se recibió el 29 de septiembre, antes de que la aeronave saliera de la fábrica, algo que mencionó es requisito de su empresa. El 11 de octubre se envió un correo electrónico a Rius, informándole que el helicóptero había llegado. El empresario aceptó que, al día de hoy, EcoLift aún le debe equipo al Departamento de Salud relacionado a la aeronave.

De otra parte, Morales Rodríguez señaló que partes del registro con la Administración de Servicios Generales (ASG), firmado el 11 de agosto de 2016, que solicitan se responda a si ha sido convicto o no por algún delito, no están marcadas. El deponente lo atribuyó a una “omisión involuntaria” y puntualizó que “la visita de agentes federales (en septiembre 2015) a nuestra compañía, no podemos constituirla como una investigación. Hemos sido abiertos sobre este tema…no estamos siendo investigados”.

Durante la audiencia, Morales Rodríguez advirtió que el proceso de investigación no ha concluido puesto a que acudirán al tribunal para solicitar la comparecencia de Luis Castro, exadministrador de la ASG.

“Es importante que comparezca porque tiene mucho que abundar”, subrayó.

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