Cámara da paso en Sesión a medida que brinda fondos para asistencia legal

EL CAPITOLIO  – En aras de brindarle mayores herramientas a las personas de escasos recursos en necesidad de asistencia en casos civiles, la Cámara de Representantes avaló el lunes, en Sesión Ordinaria, el Proyecto de la Cámara 1002 de la autoría del presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez Núñez.

“Nadie habla de la realidad actual de ese Fondo de Acceso a la Justicia. Ahora mismo, nadie sabe cuánto tiene ese fondo, únicamente está nutriendo al programa de Drug Court y al Programa de Menores, dinero que viene precisamente de fondos federales”, dijo el presidente de la Cámara en declaraciones escritas.

Explicó que la medida enmienda la “Ley del Fondo para el acceso a la Justicia de Puerto Rico” y propone una serie de enmiendas para hacer operante el Fondo para el Acceso a la Justicia al allegar sobrantes de fondos residuales en pleitos de clase, lo que proveería recursos a organizaciones sin fines de lucro que provean representación legal gratuita a personas de escasos recursos económicos en casos de naturaleza civil, de familia y administrativo. Además, revisa la Ley Notarial de Puerto Rico, con el objetivo de redistribuir el dinero que se recauda anualmente por concepto de sellos que deben ser adheridos y cancelados en las escrituras y copias certificadas expedidas por los notarios.

Según Méndez Núñez, surge de la Exposición de Motivos de la medida, que las cuentas IOLTA (Interest on Lawyer Trust Account), son cuentas que crearán los abogados para depositar el dinero que le entreguen sus clientes dentro de la relación fiduciaria y que “se distinguen por ser cantidades de dinero relativamente pequeñas y que permanecen bajo la custodia del abogado o bufete por periodos relativamente cortos”. Añade el texto, que la “…falta de fondos ha retrasado la creación de la estructura necesaria para regular las cuentas IOLTA, el Fondo ha tenido poco que ofrecer a las entidades que proveen representación legal gratuita a las personas de escasos recursos”.

Mencionó que el proyecto dispone que todo abogado o bufete con un volumen de negocios anual mayor a los 500 mil dólares, que reciba depósitos cualificados de parte de un cliente depositante, tiene que mantener una cuenta IOLTA para depositar tales depósitos cualificados.

“La realidad es que, al ver este proyecto aislado, y no verlo junto con el Proyecto de la Cámara 11 (para crear el Panel Voluntario de Abogados Compensados en Procedimientos de Naturaleza Penal celebrados en el Tribunal General de Justicia) ya aprobado, podrían darse cuenta que lo que busca la medida es permitir que el Proyecto de la Cámara 11 tenga un resultado exitoso. Ese proyecto, que es hermano de este, le brinda a IOLTA cerca de 3 millones de dólares anuales para nutrir ese fondo y que haya un acceso a la Justicia cabal para las personas que necesitan una representación legal adecuada, pero que a la misma vez no se afecte a la clase togada del País”, sostuvo Méndez Núñez.

Agregó, que el proyecto en discusión, al igual que el Proyecto de la Cámara 11, “crean un sistema de acceso a la justicia efectivo, donde se le garantiza a indigentes una representación legal adecuada, eficaz (…) La gran mayoría de los abogados están peseteando. Llegan al tribunal buscando casos, porque no llegan a su oficina, precisamente por la crisis económica. Encima, esos abogados tienen que dar una aportación para nutrir el fondo de IOLTA”, añadió.

Asimismo, la presidenta de la Comisión de lo Jurídico, María Milagros Charbonier Laureano, dijo que “este proyecto es parte de una serie de medidas que hemos estado trabajando y contemplando para que haya, no solo el mejor acceso a la Justicia, sino más acceso para las personas en nuestros sectores más vulnerables”.

De otra parte, fueron avalados los Proyectos de la Cámara 121 y 522, de los representantes Ángel Peña Ramírez y Rafael “June” Rivera Ortega, que enmiendan la “Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico”. Esto, con el fin de instaurar la política pública que regirá en el Departamento en cuanto a la enseñanza del inglés; y para integrar en los cursos que se imparten en las escuelas del sistema público de enseñanza, los conceptos de bioética, civismo, cortesía, urbanidad, y fomentar en el estudiantado la competencia intercultural.

Asimismo, fue considerada la Resolución de la Cámara 396 para realizar un análisis sobre el actual marco legal que crea y sostiene los programas de inserción social y servicios evaluativos necesarios para maximizar el funcionamiento académico, vocacional y ocupacional de personas con impedimentos, para posibilitarles una transición ordenada del ámbito escolar hacia el laboral.

La Cámara de Representantes recesó sus trabajos hasta el próximo martes, 30 de mayo de 2017, a la 1:00 de la tarde.

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