Cámara aprueba la creación de un panel voluntario para atender casos de indigentes

EL CAPITOLIO  – La Cámara de Representantes aprobó este lunes, una medida de la autoría de su presidente, Carlos “Johnny” Méndez Núñez , que crea la “Ley del Panel Voluntario de Abogados Compensados en Procedimientos de Naturaleza Penal celebrados en el Tribunal General de Justicia de Puerto Rico”.

“El ejercicio de este derecho constitucional ha requerido una enorme carga y sacrificio para estos profesionales en la práctica privada que litigan en el área penal. Lo que requiere que los abogados ‘de oficio’, que no reciben compensación alguna, tengan que entrar en costos de contratar a un investigador, un perito y recursos que no son compensados con el fin de garantizar una representación gratuita de excelencia y adecuada”, expresó el presidente cameral en declaraciones escritas.

De acuerdo al Proyecto de la Cámara 11, el panel trabajará exclusivamente con aquellos casos de naturaleza penal que la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) no pueda atender por razón de conflicto de interés. Este Panel, que es creado mediante una ley con el mismo nombre, estará adscrito a SAL. Para este propósito se establecerá una oficina que será responsable de instrumentar un sistema de representación legal compensada, para proveer servicios legales a indigentes mediante la designación de abogados de la práctica privada.

Entre las funciones de la nueva oficina se encuentra, el confeccionar una lista para el establecimiento del Panel y sus gastos de funcionamiento se sufragaran de fondos provenientes de las ventas del sello especial de suspensión, según lo dispone la Ley de Aranceles. Esto, a través de la imposición de dos (2) aranceles nuevos para subsidiar el Panel Voluntario.

Méndez Núñez aseguró que con la aprobación de esta medida se agilizan los procesos de asignación de abogados, se evita la dilación de los términos de juicio rápido y ayudaría a la economía procesal al evitar gastos del gobierno por contar con una estructura administrativa ya establecida.

Fue avalada además, la Resolución de la Cámara 378, también de Méndez Núñez, para investigar las medidas de seguridad implantadas en los edificios públicos y privados que han sido escenario de protestas ciudadanas en contra de la política pública de esta administración. La intención es conocer cómo la Policía ha hecho valer las disposiciones de su ley orgánica sobre la preservación del orden público y si se ha cumplido con la “Ley de Seguridad para los Edificios Públicos”.

Recibió el aval cameral, la Resolución Concurrente del Senado 17, con el fin de exigir al Contralor General de los Estados Unidos que cumpla con la ley federal PROMESA y audite la deuda del gobierno. La misma se basa en la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), que dispone que, no más tarde que un año después de aprobado el estatuto federal, el Contralor General de los Estados Unidos presentará ante el Congreso un informe sobre la deuda pública de cada territorio.

Igualmente, se dio paso a la Resolución Concurrente del Senado 14, con el propósito de expresar el apoyo al exgobernador de Puerto Rico, doctor Pedro Rosselló, y al Comité Asunto Inconcluso de la Democracia Americana, en su determinación y esfuerzo por lograr el reconocimiento de los derechos humanos fundamentales, de aproximadamente 3.5 millones de ciudadanos americanos residentes en la Isla.

La medida también exhorta al presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump, que ordene al Departamento de Estado de Estados Unidos a que desista de su postura ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, y apoye y reconozca que los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico tienen el derecho de disfrutar bajo los mismos términos y condiciones los derechos humanos fundamentales, reconocidos y protegidos por la Declaración Americana, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Carta de la Organización de Estados Americanos y la Carta Democrática.

De otra parte, fue avalada la Resolución de la Cámara 157, para realizar un estudio de viabilidad encaminado a la construcción de un sistema de alcantarillado sanitario en el Barrio Pájaros del Municipio de Toa Baja; la Resolución de la Cámara 166, para investigar realizar el estatus de los fondos asignados para la repavimentación de siete kilómetros en la Carretera 917 en el municipio de Las Piedras; y la Resolución de la Cámara 170, para realizar un estudio sobre la construcción de la segunda fase del desvío del pueblo de Villalba y las razones para su retraso.

Asimismo, fue respaldada la Resolución de la Cámara 218, para que se estudie el inventario de terrenos agrícolas adscritos a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico; la Resolución Conjunta de la Cámara 29, para reasignar al Municipio de Gurabo 100,000 dólares, para el techado de cancha en la Urbanización Los Flamboyanes en el Barrio Celada del Municipio de Gurabo, así como la Resolución Conjunta de la Cámara 153, para reasignar al Municipio de Naranjito 27,952.40 dólares para la realización de obras, mejoras permanentes y para autorizar el pareo de fondos reasignados.

El Cuerpo dio por recibido el Segundo Informe de la Resolución de la Cámara 199, que realizó un estudio integral con respecto a todos los reglamentos vigentes y muchos están obsoletos y distantes de las realidades jurídicas actuales en el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), que han sido adoptados por la agencia con el fin de determinar su pertinencia y aplicabilidad.

También se dio por recibido el Informe Final sobre la Resolución de la Cámara 68, mediante la cual se investigó al Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT), Mario Canales Torresola, ubicado en el municipio de Jayuya. Fue revelado que luego de una visita ocular de las comisiones de Salud y de Desarrollo Integrado de la Región Sur, presidida por los representantes Juan Oscar Morales y Jaqueline Rodríguez, pudieron observar que existe una falta de médicos y que en octubre de 2016 hubo filtraciones de agua en la sala de emergencias.

De la inspección ocular se desprende que el CDT solo cuenta con cinco médicos por la ubicación geográfica del Centro con bajo salario y que no reciben la subvención del Departamento de Salud desde julio de 2016. Luego de su visita, Salud identificó varias partidas para realizar la municipio de Jayuya un pago de 237,933.32 dólares de las subvenciones adeudas.

La Cámara recesó sus trabajos hasta el miércoles 10 de mayo a las 11:00 de la mañana.

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