Proyecto 938 no está escrito en piedra, dice Johnny Méndez

EL CAPITOLIO  – La Comisión de Hacienda, Presupuesto y de la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, PROMESA, continuó el martes, el proceso de vistas públicas en torno al Proyecto 938, para crear la “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, y atemperar el marco legal y jurídico existente en torno al área de beneficios marginales a los empleados públicos.

“Este proyecto no está escrito en piedra y nosotros estamos aquí trabajando para aprobar esta medida de manera que afecte lo menos posible a los trabajadores”, dijo el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez en declaraciones escritas.

Explicó que el Proyecto dispone diferentes medidas que la Administración está tomando para cumplir con el Plan Fiscal impuesto conforme a las disposiciones de PROMESA, de realizar recortes en los gastos gubernamentales. Los asuntos atendidos en esta Ley son germanos entre sí, toda vez que todos van dirigidos a dar cumplimiento al Plan Fiscal.

A estos efectos, sostuvo, se busca establecer un sistema uniforme de beneficios marginales, incluyendo el bono de navidad y aportación al plan médico, para todos los funcionarios y empleados públicos de las agencias, instrumentalidades y corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico.

En su turno, el presidente de la Comisión de Hacienda, el representante Antonio “Tony” Soto Torres, enfatizó que esta vista pública no es una pro forma, subrayando que “todos somos servidores públicos, tanto nosotros, como ustedes; sentimos y padecemos todos los legisladores igual que ustedes sienten y padecen y hemos hecho sacrificios igual que ustedes. Estamos conscientes de los sacrificios que han hecho”.

Afirmó que esta vista pública responde al interés, tanto de la Cámara como del Senado, de conocer de primera mano las inquietudes que tienen los servidores públicos sobre la medida en cuestión.

“Tengan ustedes la tranquilidad de que habremos de escucharlos, entenderlos y colocaremos todo nuestro empeño en poder atender las situaciones que ustedes nos traen a nuestra atención. Tanto los presidentes de las comisiones, como los presidentes de los Cuerpos Legislativos, queremos darles la oportunidad de expresar las inquietudes que tienen para trabajar alternativas que sean viables y que puedan atemperar la medida, conociendo la situación fiscal que atraviesa el pueblo de Puerto Rico”, aseguró Soto Torres.

De igual modo, el legislador fue enfático al señalar que la opción presentada por la Junta de Supervisión Fiscal de despedir 45 mil empleados o reducir un día de la jornada de los empleados públicos, “no es una la alternativa que será contemplada aquí”.

Según la medida, “el plan establece ajustes de índole fiscal para estabilizar las finanzas del Gobierno en tiempos que no existe acceso al mercado financiero. De no implementar estas medidas, el bienestar social y económico de Puerto Rico sufrirá daños irreparables, por lo que implementar el Plan Fiscal constituye un interés apremiante del Estado de velar por el bienestar del interés público.

A la vista compareció Itza Santiago Toste, presidenta de la Unión Independiente de Empleados del ACAA, Alexis Merced Gutiérrez, presidente de Trabajadores Unidos de la Autoridad Metropolitana de Autobuses y Ramas Anexas, Annette González, presidenta de Servidores Públicos Unidos, Luis De Jesús Rivera, vicepresidente de la Unión Independiente Auténtica de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Adalberto Vega, de la Federación de Oficiales de Custodia y Manejo de Emergencias, Héctor Reyes, de la Unión Insular de Trabajadores Industriales y Construcciones Eléctricas (UITICE), Luis Pedraza Leduc, coordinar del Programa de Solidaridad UTIER (PRO SOL-UTIER), y Pedro Irene Maymí, presidente de la Central de Puertorriqueña de Trabajadores.

También participaron, en un panel vespertino, Emilio Nieves, presidente de UNETE, Eva Ayala Reyes, de EDUCAMOS, y Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico.

Todos los deponentes estuvieron de acuerdo con la posición de los legisladores, en cuanto a que el plan médico es uno de los derechos que no se puede ver afectado.

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