En vías de concretarse acuerdo colaborativo pro igualdad salarial por género

SAN JUAN – El secretario del Trabajo y la procuradora de las Mujeres trabajan en la elaboración de un acuerdo colaborativo en cumplimiento con la Ley de Igualdad Salarial de Puerto Rico, para establecer el proceso mediante el cual serán atendidas las querellas sobre discrimen salarial, a la vez que se realizará un estudio estadístico sobre las diferencias salariales entre hombres y mujeres.
Conocida también como Ley de Igual Paga por Igual Trabajo, faculta al Departamento de Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) a recibir querellas de personas que aleguen violaciones a la misma. La Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), en tanto, deberá referir a la agencia, todas las querellas que reciba. “La Ley es una de gran avance. Resulta inconcebible que en pleno siglo 21 exista o se promueva la inequidad contra la mujer en el ámbito laboral”, expresó la procuradora, Ileana Aymat Ríos, a través de declaraciones escritas.
Por su parte, el secretario del Trabajo, Carlos Saavedra, manifestó que “el Departamento del Trabajo ya ha comenzado el proceso administrativo para cumplir con la Ley de Igualdad Salarial de Puerto Rico. La política pública de erradicar el discrimen salarial, tanto en el sector público como en el privado, por razón de sexo, es clara y enérgica y estaremos velando por ella”.
Una vez el DTRH culmine su investigación y concluya con la adjudicación del caso, se informará a la OPM para que tome acciones adicionales, incluyendo la imposición de multas contra el querellado, de proceder.
De acuerdo a la ley, constituye una práctica ilegal que un patrono pregunte o indague a un aspirante a empleo sobre el salario actual o el historial de salarios. Todo empleado que sea discriminado salarialmente por razón de sexo tendrá derecho a cobrar mediante acción civil la cantidad dejada de percibir.
De igual modo, se firmará un acuerdo colaborativo para realizar un estudio estadístico sobre la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, con el propósito de que los resultados sean utilizados como punto de partida para medir, subsiguientemente, el cumplimiento de la ley por parte de los patronos.

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