Buscan garantizar subsidio de arrendamiento para personas de edad avanzada

EL CAPITOLIO  – La Comisión de Hacienda, Presupuesto y de la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, PROMESA, presidida por el representante Antonio “Tony” Soto Torres, realizó el lunes, vista pública en torno al Proyecto de la Cámara 901, que enmienda la “Ley para Autorizar el Sistema de Lotería Adicional” y la “Ley de Juegos de Azar” a los fines de aumentar la cantidad a destinarse para el Fondo para el Programa de Subsidio y Arrendamiento y Mejoras para Viviendas a Personas de Mayor Edad con Ingresos Bajos hasta un máximo de 25 millones de dólares.

La medida es de la autoría del presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez Núñez y el representante Luis “Junior” Pérez Ortiz,

“La pregunta sería bien sencilla y básica, ¿son los servicios que reciben nuestros adultos mayores un servicio esencial? ¿Sí o no? Pues, si la contestación es sí, tenemos que aprobar la medida y buscar otros ingresos para poder cubrir otras áreas de gastos del gobierno de Puerto Rico. A nuestros adultos mayores, a lo que todos esperamos llegar algún día, debemos cuidarlos, protegerlos, y si hay que cortar contratos, los cortamos. Si hay que cortar algunas compras, las cortamos. Sé que es la disposición del Ejecutivo y el compromiso que tiene con esta población, que tanto necesita de nosotros y que tanto ha aportado a lo que somos hoy como pueblo”, apuntó Soto Torres en declaraciones escritas.

A su vez, se discutió la Resolución Conjunta de la Cámara 130 para ordenar al Departamento de Hacienda, a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), así como a cualquier agencia gubernamental, cumplir con las disposiciones de la Ley 173-1996 que ordena el desembolso de 5 millones de dólares al Departamento de Vivienda para cubrir estos servicios a la población.

Surge de la Exposición de Motivos del Proyecto de la Cámara 901 que actualmente la Secretaría Auxiliar de Subsidio de Vivienda del Departamento de Vivienda de Puerto Rico tiene 48 proyectos subsidiados alrededor de la Isla, los cuales proveen cerca de 4,802 unidades de vivienda disponibles para subsidiar. Entre mayo y diciembre de 2017 se vencerán 6 contratos CASA, lo que implica que aproximadamente 700 personas de edad avanzada estarían en riesgo de perder su subsidio para el arrendamiento de su hogar. En el 2019 vencen seis contratos adicionales, representando a cerca de 500 personas de edad avanzada.

Según las proyecciones de estimado de gastos para el 30 de junio de 2017, el Fondo del Programa de la Ley 173 (“Ley del Programa de Pareo Estatal de Arrendamiento para Viviendas de Veteranos y Subsidio de Arrendamiento y Mejoras de Vivienda para Personas de Mayor Edad con Bajos Ingresos”) habrá desembolsado 18,859,429 dólares. Comenzando el próximo año fiscal, el balance de dicho fondo será de 3,143,470.43 dólares, más el ingreso fijo de 10 millones de dólares. Los estimados realizados por la Secretaría de Finanzas del Departamento de Vivienda estiman el gasto de la Ley 173 para 2018-2019 de unos 16,937,160 dólares y un ingreso de 11,300,786.42 dólares, representando un déficit de 5,636,373 dólares para cubrir los compromisos del Programa de la Ley 173. Este estimado no contempla las renovaciones de contrato de las égidas, cuyos contratos de subsidio vencen para el 2017 y 2019.

Mientras, la Resolución Conjunta de la Cámara 130 señala que mediante la Ley 187-2015, “Ley del Portal Interagencial de Validación para la Concesión de Incentivos para el Desarrollo Económico de Puerto Rico”, se aprobó una asignación recurrente de 5 millones de dólares con cargo al Presupuesto General. Estos fondos estarían designados a sufragar gastos operacionales y administrativos del Programa Estatal de Arrendamiento y Mejoras de Vivienda para Personas de Mayor Edad con Bajos Ingresos, considerados independientes a las demás asignaciones que se realizan al Programa. Sin embargo, los fondos no han sido desembolsados.

Durante la audiencia, el secretario del Departamento de la Vivienda, licenciado Fernando Gil Enseñat, quien fue representado por el licenciado Omar Figueroa, asesor legal de la agencia, dio su aval a ambas medidas puesto a que permitirían continuar con los contratos de arrendamientos de viviendas en beneficio de las personas de edad avanzada. Según explicó, las asignaciones provenientes del ingreso neto de operaciones del Negociado de Juegos de Azar y de la Lotería Adicional y del Presupuesto General del Gobierno de Puerto Rico no son suficientes. Debido a que el Presupuesto General no incluyó en sus partidas la asignación de cinco millones de dólares, el Departamento no podrá renovar seis contratos de arrendamiento de proyectos subsidiados durante el próximo año fiscal, al no contar con los ingresos adicionales en el fondo de la Ley 173.

“Recordemos que este programa tiene el propósito de facilitar y proveer a la población de mayor edad, mecanismos adicionales para que puedan tener una vivienda que satisfaga sus necesidades dentro de su limitada capacidad económica”, puntualizó el titular de Viviendaen declaraciones escritas.

Mientras, Ana Celia Pagés Lloréns, presidenta de Executive Homesearch and Realty Services, Inc., señaló que para mantener y desarrollar vivienda de interés social de alquiler para personas de ingresos bajos, es necesario que el Gobierno y la empresa privada trabajen en conjunto. Añadió que para ello se necesitan cuatro fuentes de fondos: créditos contributivos, fondos federales, banca privada y subsidio de renta para la operación del proyecto. Pagés Lloréns sostuvo que para que estos proyectos sean viables financieramente, es necesario obtener un subsidio para la renta durante el término de cumplimiento del Programa de los Créditos Contributivos, el cual es de 15 años.

“El Gobierno de Puerto Rico tiene que estar consciente que aunque hay que balancear el Fisco, hay que proveer dichos fondos para preservar estas viviendas para las personas de edad avanzada que residen en ellas y maximizar el uso de los fondos de inversionistas y fondos federales para el beneficio de nuestra economía”, concluyó.

Por su parte, la subsecretaria del Departamento de Hacienda, licenciada Roxana Cruz Rivera, representada por la Lcda. Valerie Maldonado, reconoció los méritos del Proyecto de la Cámara 901, pero mostró reservas en cuanto al impacto que tendría la medida sobre las proyecciones de ingresos trazadas del Gobierno de Puerto Rico en el Plan Fiscal. Sin embargo, favoreció la Resolución Conjunta de la Cámara 130 para destinar 5 millones de dólares a Vivienda y aseguró estar en la mejor disposición de desembolsar esos fondos. Aclaró que Hacienda no tiene asignada esa cantidad en sus libros, por lo que le corresponde a la OGP identificar y asignar la partida para que el Departamento pueda cumplir con las disposiciones de la Ley 173.

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