Segundo gran revés para la política migratoria de Trump

Un juez de Hawái bloqueó el nuevo veto del Gobierno porque podría causar ‘daños irreparables’.

El fiscal Douglas Chin explicó ayer las razones del bloqueo a la medida de Trump en la corte del distrito de EE. UU. en Honolulú, Hawái.
Foto: Hugh Gentry / REUTERS

Un juez federal de Estados Unidos bloqueó anoche temporalmente el nuevo veto migratorio del presidente Donald Trump, horas antes de su entrada en vigor, prevista para la medianoche del martes.

La orden del magistrado Derrick K. Watson, con sede en Honolulú, Hawái, deja sin efecto la medida con la que Trump pretendía suspender la entrada al país de inmigrantes de seis países de mayoría musulmana y de todos los refugiados.

La decisión de Watson –calificada por Trump como “defectuosa” y a la que prometió defender hasta la última instancia judicial– supone un segundo revés legal para el Gobierno, que ya vio cómo la justicia bloqueaba a principios de febrero su primer veto.

Tras una breve pero infructuosa batalla legal, Trump presentó el 6 de marzo una versión revisada del veto en la que introdujo algunos cambios, rebajando el tono de la medida con el convencimiento de que esta vez evitaría el escrutinio judicial. Sin embargo, Watson optó por volverla a bloquear a instancias de una demanda interpuesta por el fiscal general del estado de Hawái, el demócrata Doug Chin, quien alegó que el nuevo veto es como el primero: inconstitucional.

La de Watson era una de las tres cortes que estudiaban el martes el futuro de la orden presidencial, con otras dos audiencias pendientes en tribunales de Maryland y del estado de Washington, este último, el mismo que bloqueó el primer veto.

El nuevo veto migratorio suspendía durante 120 días el programa de acogida a refugiados y durante 90 la entrada de ciudadanos procedentes de Irán, Somalia, Sudán, Siria, Yemen y Libia.

A diferencia de la primera orden, la medida dejaba afuera a los ciudadanos de Irak y modificaba la provisión sobre los refugiados sirios, que tendrán prohibida su entrada al país durante 120 días y no de manera indefinida, como establecía el veto original.

El juez tomó esa decisión al final de una audiencia de casi dos horas, en la que el gobierno de Trump y el estado de Hawái expusieron sus argumentos sobre la nueva orden migratoria.

Durante la audiencia, los abogados de Hawái defendieron que la nueva medida, igual que la anterior, sigue siendo inconstitucional porque atenta contra la libertad religiosa protegida en la primera enmienda de la Constitución, al dirigirse específicamente contra los musulmanes.

Los letrados de Hawái defendieron que la medida de Trump dañará el turismo de la isla y al sector empresarial y universitario porque impedirá reclutar personal extranjero talentoso.

Por su parte, los abogados del Gobierno argumentaron que el presidente tiene plena capacidad para determinar la política migratoria del país y que las alegaciones de Hawái son “especulaciones”.

Hawái fue el primer estado en interponer una demanda contra la orden revisada de Trump, pero media docena de estados están tratando de impedir la entrada en vigor del nuevo veto migratorio.

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El martes, un juez de la corte federal del estado de Maryland, Theodore D. Chuang, también escuchó los argumentos del Gobierno y de varias organizaciones defensoras de los refugiados y determinó, al final de la audiencia, que emitiría lo más pronto posible un fallo, pero hasta la noche del martes no se conocía ningún pronunciamiento.

Los abogados de los grupos de inmigrantes, entre los que se encontraba la Unión para las Libertades Civiles en América (Aclu), pidieron al juez Chuang que suspenda inmediatamente la orden de manera temporal, mientras se estudian en profundidad sus efectos.

Además de estas dos audiencias en Hawái y en Maryland, el juez James Robart, del distrito oeste del estado de Washington, dio comienzo a otra audiencia para estudiar el veto.

En febrero, el propio Robart ordenó frenar a nivel nacional el primer veto de Trump, y su fallo, posteriormente, fue confirmado por un panel de tres jueces de la corte de apelaciones del noveno distrito, con sede en San Francisco, California.

Por eso, ante las dificultades legales, el Gobierno decidió proclamar una nueva orden para sustituir la anterior. Más de 130 antiguos funcionarios del Gobierno, incluido el ex secretario de Estado John Kerry, enviaron una carta a Trump el viernes pasado para decir que están en desacuerdo con el nuevo veto y advertir que su implementación pondrá en peligro la seguridad de EE. UU. y debilitará su liderazgo en el mundo.

Sin pruebas sobre chuzadas de Obama
Una Comisión de Inteligencia del Congreso afirmó el miércoles que no dispone de pruebas que sostengan las acusaciones de Trump de que Barack Obama llevó a cabo escuchas en su edificio de Nueva York.

“No tenemos pruebas de que las interceptaciones tuvieran lugar”, dijo Devin Nunes, republicano y presidente del comité del Congreso que adelanta la investigación. “No creo que existan verdaderas escuchas en la Torre Trump”, dijo Nunes con base en las investigaciones del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, que él dirige y el cual también investiga las presuntas interferencias rusas en la elección presidencial.

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