Puerto Rico apuesta a la biotecnología agrícola, pero pierde dinero

La industria de transgénicos ingresó $32 millones al fisco entre 2006 y 2015, según informes del Departamento de Hacienda, un retorno de inversión bajo para el gobierno, tomando en cuenta que en esa década de crisis fiscal Puerto Rico le entregó más de $526 millones en subsidios y exenciones.

El alcalde de Juana Díaz, Ramón Hernández, considera que estos incentivos son una “jaibería” y que afectan la capacidad de hacer recaudos en su municipio, según explicó para la serie Paraíso transgénico del Centro de Periodismo Investigativo.

La segunda parte de la serie cuenta de una tienda de ropa frente a la plaza del pueblo que desembolsó $2,421 en patentes municipales este año fiscal, mientras que la multinacional Monsanto sólo aportó $1,826, a pesar de informar un volumen de venta de $22.6 millones solo en Juana Díaz, y de estar en la lista de las 500 empresas más ricas del mundo que publica la revista Forbes.

Hasta la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), corporación pública que no ha podido cumplir con los pagos a sus bonistas, ofrece tasas preferenciales a semilleras multinacionales como Monsanto, Bayer CropScience, Dow AgroSciences, Dupont-Pioneer y Syngenta Seeds, entre otras. La AEE le dio más de $6.3 millones en subsidios de agua suministrada por canales de riego agrícola entre los años 2006 y 2015, según información suministrada por la corporación pública.

Los beneficios para las semilleras incluyen exenciones de pago de patentes municipales, tasas contributivas preferenciales, incentivos industriales, subsidios salariales y agua gratis de los acuíferos del sur.

Las siete corporaciones de la Asociación de la Industria de Biotecnología Agrícola de Puerto Rico (PRABIA) crearon 3,385 empleos directos en el pasado año fiscal, según esa organización. Todo el sector de biotecnología agrícola invirtió $96 millones en su negocio en Puerto Rico en el año fiscal 2015, según una encuesta del Instituto de Estadísticas, lo que demuestra la estabilidad de las semilleras en medio de la crisis.

“Los incentivos son la salsa”, explicó Ed Baumgartner, en cuyo resumé destacan 21 años de experiencia en Dow AgroSciences y la creación de la empresa 3rd Millennium Genetics en Santa Isabel. “Las semilleras en realidad vienen por el índice de calor, que es lo más importante. Nos permite cosechar maíz en 90 días, más rápido que en Hawaii, donde toma unos 100, y que en Estados Unidos continental, donde toma unos 150 días. Se necesitan unos diez años para desarrollar un nuevo producto de las semilleras. Puerto Rico les permite recortar el proceso de investigación a la mitad”.

En ningún otro estado o territorio de Estados Unidos, el país más liberal en materia de cultivos modificados genéticamente y agroquímicos asociados a esos cultivos, se puede encontrar esa ventaja competitiva natural que ofrece Puerto Rico. Además, los envíos de semillas hacia América del Norte son más rápidos y menos costosos que los de Hawaii, el principal competidor del Estado Libre Asociado en experimentos transgénicos.

“¿Para qué entonces tender una alfombra roja multimillonaria de incentivos, si ya las empresas hubieran venido de otra manera? ¿Por qué entregar la casa de antemano?”, cuestionó Deepak Lamba Nieves, director de investigación del Centro para una Nueva Economía, organización independiente que investiga y analiza asuntos de política pública en la Isla. “La lógica corporativa es que Puerto Rico tiene que hacer todo lo posible para proteger esos empleos. Eso es una lógica de rehén. Si estamos anclando el modelo económico en empresas que nos amenazan con irse a la menor provocación, pues eso no es un contexto para salir de crisis. Las exenciones y los incentivos son importantes para competir con otros países, pero es un mecanismo dentro de un plan de desarrollo económico, y en Puerto Rico los incentivos se han convertido en la norma en lugar de excepción”.

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