Preocupada la Coalición de Coaliciones con el impacto de la Ley PROMESA en las personas sin techo

Foto:CNN

SAN JUAN – La Coalición de Coaliciones se manifestó el miércoles, preocupada ante la supuesta violación de derechos humanos que sufrirán las personas sin hogar con la implementación de la Ley PROMESA y alertó sobre los efectos sociales que podría tener en la Isla la imposición de recortes y ajustes al presupuesto por parte del Gobierno y según los requerimientos de la Junta de Control Fiscal.

“Esta ley violenta los derechos de los más vulnerables, excluye la población en extrema pobreza de la toma de decisiones que les afectan y promueve el discrimen abierto que se fortalece a través de la desigualdad social”, aseguró Omar García, en declaraciones escritas

Según señaló el también trabajador social, en Puerto Rico, para el año 2015, se estimaron en 25 mil las personas sin hogar y otras 15 mil en espera de vivienda.

“Nos encontramos ante un sistema que solo quiere reconocer la situación del país vinculándolo a problemáticas individuales antes de reconocer que, en su mayoría, estos problemas son producidos por marcos de desigualdad que crea el propio sistema económico, político y social. Esto contraviene con el acceso a la vivienda al cual toda la población tiene derecho”, subrayó el deponente durante una audiencia pública de la Comisión de Derechos Civiles (CDC) que busca auscultar el efecto que tendrá la Ley PROMESA en sectores desventajados.

García se expresó más preocupado aún al señalar que se ha generado un aumento “horrible” en casos de jóvenes entre los 18 y 21 años de edad. Muchos han sido desalojados de sus núcleos familias y otros tantos están evadidos del propio estado. “Hay jóvenes durmiendo en vehículos, edificios abandonados y en la calle realizando trabajo sexual de sobrevivencia para lograr obtener un lugar donde dormir y algo para comer”.

Aprovechó el espacio para criticar el alcance de la ley 246 de 2011 que le concede al Departamento de la Familia la facultad de considerar a “estos jóvenes como adultos a los 18 años de edad para unas cosas pero no los considera adultos para otras”.

“A los jóvenes, a los 18 años, se les permite ingerir bebidas alcohólicas y tener licencia de conducir, pero el Estado le prohíbe firmar un contrato de vivienda porque no los considera adultos para tomar decisiones sobre sus destrezas de autocontrol y autorregulación”, apuntó.

Sostuvo que se necesita un plan para atender la pobreza para de esta manera atender la precarización pensada desde la justicia social. “A mayor población desatendida mayores problemáticas sociales se producen; mayor criminalidad, mayores costos en servicios de emergencia con deterioro de salud, pérdida de vivienda, violencia doméstica, trabajo sexual y enfermedades, entre otros”.

Ante las denuncias de la Organización, la presidenta de la Comisión de Derechos Civiles, licenciada Georgina Candal Segurola, se comprometió en que “haremos nuestra evaluación y tomaremos acción para orientar a estos jóvenes sobre el proceso de emancipación, y algunas otras alternativas legales que tengamos para ayudarlos con esos problemas que son sumamente graves y que no le ofrecen otra alternativa más que deambular en la calle”.

Adelantó que la CDC tiene en agenda otras audiencias públicas sobre la Ley PROMESA para auscultar el sentir de otros grupos y laborar un plan estratégico que garantice los derechos de los ciudadanos aun con la implementación de la misma.

El Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad, el Centro para la Mujer Dominicana, la Fondita de Jesús y los Boys & Girls Club serán los próximos llamados a deponer.

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