JCF advierte al Gobierno que se ajusten los pantalones

SAN JUAN  – El presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), Josué Carrión, alertó el miércoles, al gobernador Ricardo Rosselló Nevares que la posición de efectivo del Gobierno de Puerto Rico está tan críticamente baja que de no tomarse acciones de emergencia inmediatamente, en cuestión de meses se quedará sin dinero para pagar servicios esenciales como educación, salud y seguridad pública.

“Aun mientras seguimos analizando el Plan Fiscal, queremos traer a la atención inmediata nuestra preocupación en relación a la presente situación de liquidez. Creemos que, si no se toman acciones contundentes de emergencia el Gobierno, en cuestión de meses, no podrá pagar por servicios esenciales, incluyendo pensiones, educación, salud y seguridad pública. Esto requiere nuestra atención conjunta e inmediata”, lee la carta firmada por el presidente de la JCF.

La JCF acompañó la carta con un informe fechado hoy de la firma de auditoría Ernst & Young sobre el puente entre los estados financieros auditados del Gobierno del 2014 y los números base para el 2017 que el gobierno utilizó en su propuesto Plan Fiscal. De acuerdo con el informe de E&Y, los gastos del Gobierno para el 2017 pudieran estar subestimados por una cantidad de entre 360 dólares y 810 millones de dólares basado en patrones históricos de gastos.

De acuerdo a ello, la JCF concluyó que el Gobierno pudiera enfrentar un déficit de aproximadamente 190 millones de dólares al principio de julio de 2017.

Según Carrión, el Gobierno enfrentará esta realidad habiendo ya dejado de pagar sus deudas, sin acceso a los mercados de capital en términos normales y habiendo extinguido muchas medidas extraordinarias de manejo de efectivo. Además, antes del final del año calendario 2017 el fondo de pensión del Sistema de Retiro de Empleados Públicos (“ERS”) estará agotado, el fondo del Sistema de Retiro de Maestros (“TRS”) estará también agotado, y el Gobierno comenzará su ya postergada segregación de las contribuciones de empleados, lo que obligará al Gobierno de Puerto Rico a tener que sacar aproximadamente 1,200 millones de dólares de su presupuesto operacional para hacer los pagos a pensionados. Además, el Gobierno perderá aproximadamente $800 millones en fondos federales de salud bajo la Affordable Care Act para el año fiscal 2018, a partir del final de este año calendario 2017.

“Aunque apreciamos su enfoque en atender los retos fiscales y económicos de Puerto Rico a largo plazo, pensamos que hace falta hacer mucho más inmediatamente para reducir los gastos y evitar esta deficiencia de efectivo tan crítica. Dada la falta de acceso de Puerto Rico a los mercados de capital en términos normales y nuestra necesidad de enfocarnos en una reestructuración sostenible de la deuda, pretender atender esta deficiencia de efectivo con más préstamos a corto plazo no es ni práctico ni prudente”, dijo Carrión.

Señaló que aun asumiendo el no-pago de la deuda y la rápida implantación de las medidas presupuestarias y de manejo de efectivo contenidas en el Plan Fiscal del Gobierno, la Junta entiende que hace falta hacer más y recomendó las siguientes medidas:

La implantación inmediata de un programa de recorte parcial de jornada (“furlough”) para lograr ahorros de 35 a 40 millones de dólares mensuales, mediante el equivalente a 4 días al mes para la mayoría de los empleados de la Rama Ejecutiva y 2 días al mes para maestros y personal de primera línea en instituciones que operan 24 horas al día. Personal de primera línea en funciones de seguridad pública deberán estar exentos de este programa de recorte parcial de jornada.

Reducciones comparables a estos ahorros por reducción parcial de jornada de la Rama Ejecutiva para otras entidades a través de todo el gobierno, incluyendo las corporaciones e instrumentalidades públicas y las ramas Legislativa y Judicial.

Reducciones en gastos por contratos de servicios profesionales de hasta 50 por ciento y reducciones significativas en todos los gastos por contrataciones gubernamentales.

Reducciones en costos de cuidado de salud, mediante la negociación del costo de medicamentos y reducciones de los pagos a planes de salud y proveedores.

Por último, la JCF recomendó que a fin de atender la crisis de efectivo, el Gobernador debe instruir a la Autoridad de Agencia Fiscal y Asesoría Financiera (“AAFAF”) a ejercer inmediatamente el control de todas las cuentas, ingresos y gastos del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades a fin de implantar un nuevo plan de liquidez consistente con las guías contenidas en la carta de la Junta.

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