El Gobierno Trump señala y amenaza a las ciudades que no colaboran con inmigración

El Departamento de Justicia publica el primer informe en el que detalla cada ocasión en que un indocumentado detenido no ha sido entregado para su deportación

El fiscal general, Jeff Sessions, en una reunión con jefes de policía en Washington. AFP

La Administración Trump ha iniciado sus primeros pasos para atacar institucionalmente a las llamadas ciudades santuario e imponer sus argumentos sobre el supuesto peligro público que los inmigrantes indocumentados suponen para Estados Unidos. El Gobierno comienza así su campaña de presión para lograr la colaboración de todos los cuerpos policiales en su empeño por deportar a millones de sin papeles. Parte de esa estrategia, coherente con los mensajes de campaña de Donald Trump, es presentar a los inmigrantes como delincuentes.

El lunes, la policía de inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) publicó un informe sin precedentes en el que detalla uno por uno todos los casos en los que ha pedido que le las autoridades entregaran a un detenido sin papeles y esta petición ha sido ignorada. En el periodo analizado, del 28 de enero al 3 de febrero, ICE lanzó 3.083 órdenes de detención en todo el país. En los 10 condados con más negativas a colaborar, esas órdenes fueron ignoradas 157 veces. De ellos destacan los condados de Clark en Nevada (donde está Las Vegas), Nassau en Nueva York, Cook en Illinois, Montgomery en Iowa y Snohomish en el Estado de Washington.
Las policías locales y las prisiones entregan a cualquiera a la policía federal de inmigración siempre que haya una orden de un juez. Lo que no hacen en muchos casos es gastar recursos en retener a un detenido que debe salir en libertad solo porque otro cuerpo policial, en este caso ICE, lo está buscando por su situación migratoria. En algunos lugares, esa no colaboración es ley. A eso es a lo que se llama ciudad santuario.

En el informe están detallados 206 casos por todo el país de inmigrantes con algún tipo de antecedente criminal y que ICE sabe que han sido liberados, porque han cumplido su condena o han salido en libertad condicional, sin ser entregados a la policía migratoria. La lista especifica la institución en la que estaban detenidos, la fecha de la orden de detención de ICE, la fecha en la que salieron libres y el delito que cometieron. Los antecedentes van desde imputaciones por cuestiones de tráfico hasta condenas firmes por tráfico de drogas. Solo hay uno con un cargo de homicidio. El condado de Travis en Texas, donde se encuentra la capital, Austin, es el más señalado. El informe se publicará semanalmente.

A la publicación del informe siguió este martes un comunicado del Fiscal General de Estados Unidos, Jeff Sessions, en el que decía: “Este importante informe demuestra una clara y continuada amenaza para la seguridad pública. Es inaceptable que algunas jurisdicciones se nieguen a cooperar con la policía federal y liberen a extranjeros criminales de vuelta en nuestras comunidades cuando la ley exige que sean deportados”. El Departamento de Justicia, afirma, “utilizará toda la autoridad legal (…) para exigir responsabilidades a las jurisdicciones que conscientemente violan la ley federal”.

El comunicado de Sessions deja claro el inequívoco móvil político de la publicación de este informe. Desde el minuto uno de su campaña, Donald Trump, ha basado su discurso anti inmigración no tanto en cuestiones económicas sino en la supuesta amenaza para la seguridad pública que supone esta comunidad de 11 millones de personas, a los que califica en general como integrantes de bandas y criminales. Para Trump, demostrar que los inmigrantes indocumentados son criminales es una prioridad política.

En esta estrategia, Trump ha amenazado con cortar la transferencia de fondos federales, imprescindibles para muchos programas sociales, a las ciudades y condados que tengan leyes para no colaborar con ICE. La amenaza tiene dudoso encaje constitucional, pero sigue encima de la mesa. El informe del lunes hace además una detallada relación de decenas de políticas concretas, señalando cada cárcel, departamento de policía o sheriff que se niega a colaborar.

La publicación periódica de estos informes es uno de los mandatos menos publicitados de la orden ejecutiva en la que Trump daba un cheque en blanco a los agentes de inmigración para buscar y detener inmigrantes irregulares en cualquier lugar, por cualquier razón, e iniciar su deportación inmediata. La nueva política supone un cambio respecto a Barack Obama porque ya no lleva a rajatabla las prioridades de inmigración, como los condenados por delitos violentos, sino que amplía el objetivo a todos los indocumentados, está llenando de angustia las comunidades inmigrantes.

Las ciudades con más inmigrantes de Estados Unidos, como Los Ángeles, denuncian que meter miedo a los irregulares repercute en inseguridad en todos los ciudadanos. Ya hay casos de familias que no llevan a sus hijos al colegio o que se cuidan de ir a un hospital. La mayor preocupación de estas ciudades, con sus jefe de policía y sheriffs a la cabeza, es que se rompa la confianza que ha costado décadas conseguir entre los indocumentados y la policía local, en la que recaen la mayoría de competencias de seguridad ciudadana. En Los Ángeles, por ejemplo, se calcula que hay más de 800.000 irregulares. En Nueva York son aún más. Si toda esa gente deja de denunciar crímenes o colaborar con la policía porque temen acabar deportados, la policía perderá sus ojos y oídos en barrios enteros.

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