Comité de Amigos y Familiares de Confinados cuestiona cierre de El Zarzal

SAN JUAN – La portavoz del Comité de Amigos y Familiares de Confinados cuestionó el lunes los planes del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) tras anunciarse el domingo, el cierre del Campamento El Zarzal, y emplazó al secretario Erik Rolón, a que divulgue los planes para lograr los ahorros y ajustes fiscales dirigidos a reducir los gastos operacionales.
“Con esta acción de cierre, dada de improviso y que afecta en forma brusca a esta población penal y a sus procesos de rehabilitación, se une el hecho de que trastoca su comunicación con familiares que de pronto se enteran que estos van a ser trasladados a otros lugares , algunos tan distantes como Ponce. Queda demostrado con este anuncio la falta de un plan de reorganización y uso de las facilidades bien pensado y analizado”, sostuvo la portavoz del Comité de Amigos y Familiares de Confinados, Milagros Rivera Watterson, en declaraciones escritas.
La doctora Rivera Watterson se mostró sorprendida en sobremanera ante el cierre anunciado del Campamento El Zarzal, ubicado en Río Grande. “Esta es una facilidad que tenía 226 confinados de custodia mínima y mediana, donde se ofrecían programas de rehabilitación propios de un campamento que facilitaban el desarrollo de programas diferentes a otras instituciones y que estaban dirigidos hacia la pronta reinserción de los confinados a la libre comunidad”, reclamó la portavoz.
Rivera Watterson emplazó al Titular de Corrección a que divulgue su plan para la reorganización de la agencia, cierre de instituciones y reubicación de confinados. “El estado está obligado como deber ministerial a ofrecer los servicios estipulados de acuerdo al tipo de custodia de cada confinado y esto debe estar por encima de razones puramente económicas o de conveniencia administrativa. No podemos permitir que en virtud de problemas fiscales se afecten los servicios a esta población”, afirmó.
Sostuvo que el plan debe darse a conocer ante el Colegio de Abogados y a la Comisión de Derechos Civiles, ya que el cierre de instituciones sin un plan adecuado puede afectar los acuerdos del caso civil en el pleito Morales-Feliciano. Advirtió que estará vigilante a los cambios como trabajadora social y portavoz del Comité.

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