ACLU radica entredicho provisional ante el tribunal federal contra decretro de ayuno y oración de la Cámara

SAN JUAN – El decreto de 40 días de ayuno y oración implementado por la Cámara de Representantes es cuestionado una vez más, tras la radicación de un entredicho provisional ante el Tribunal federal, por parte de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), se informó el lunes.

“Estamos solicitando un cese y desista hasta tanto se dilucide en los méritos las violaciones constitucionales que se alegan en la demanda”, sostuvo el director ejecutivo de la ACLU, William Ramírez Hernández, en declaraciones escritas.
Se refiere al caso Humanistas Seculares vs Cámara de Representantes de Puerto Rico.
La ACLU además, envió al presidente de la Cámara, Carlos ‘Johnny’ Méndez, un requerimiento para provea Información pública relacionado a gastos de fondos públicos en la campaña que según ellos, “promueve el cristianismo como pilar fundamental del Estado y hace un llamado a la ciudadanía a participar en oración y ayuno según el libro bíblico de Joel”.
El licenciado Ramírez Hernández mencionó la cláusula de separación de Iglesia y Estado, tanto de Estados Unidos como Puerto Rico, donde según dijo, prohíbe gastos de fondos públicos para promover o endorsar una fe; tampoco permite que se entremezcle los asuntos de la Iglesia con los del Estado.
“La Separación de Iglesia y Estado es uno de los pilares fundamentales sobre cual se fundó la nación de Estados Unidos, resultado de un historial europeo de iglesias oficiales del estado que perseguían y reprimían otras creencias que no fueran las oficiales del Estado”, sostuvo.
Ramírez reclamó que “contrario a lo que promueve la Cámara de Representantes, a través de su Presidencia, Puerto Rico no es un Estado de fe Cristiana. La ciudadanía en Puerto Rico ostenta todo el derecho a creer o no creer, según sus convicciones; y todo derecho a exigirle a nuestros gobernantes de turno que respeten la Constitución y los derechos fundamentales que le garantiza a la ciudadanía”.
Y sostuvo que “no le corresponde a la legislatura dictarle al pueblo como debe o no orar en sus hogares; el Pueblo, en su Constitución, dictó que nuestro gobierno no endosará religión alguna en la casa del pueblo. Habrá completa separación de Iglesia y Estado”. Articulo II, Sección 3. Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.

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